Reducto de la democracia

¿Qué hacer? El dilema de la clase media y el Tipnis

2011-09-22T20:56:00.000-07:00

Un viejo camarada de la prensa escrita en Bolivia me reprochó hace poco mi absoluto "silencio crítico" sobre la marcha por la defensa del Tipnis y yo excusé mi silencio arguyendo que resultaba igual de indecoroso pronunciarse a favor o en contra de la más importante movilización social contra el gobierno del MAS desde la seguridad del exilio que desde la impunidad del poder político.

Pero si la perorata de los ausentes y los gobernantes suena a demagogia y poco inspira a nadie a decidir nada- le respondí -, el silencio cómplice o el inocuo "apoyo moral" de las clases medias urbanas; sus marchas de pocas cuadras y su indignación mediática lo son más.

Para plantear con alguna autoridad moral a la clase media qué hacer o cómo resolver el dilema del Tipnis - le dije - habría que estar en cancha, así que yo guardaré prudente silencio. Pero lo que no tiene perdón de la historia - agregué - es estar en la cancha y guardar silencio o "apoyar" de manera simbólica desde la seguridad de las ciudades a una columna de bravos que avanza solitaria en medio de las líneas enemigas.

La marcha del Tipnis está clivando la historia nacional nuevamente. Después de esta marcha, sea cual fuere su desenlace, el país se habrá dividido en dos nuevamente: Los del lado del MAS y los del lado del pueblo.

Le sugerí a mi amigo que tomara una grabadora y un morral y empezara a hacer periodismo interpretativo, a twittear desde la marcha en lugar de postear en FB desde los cibercafés del centro histórico, y le sugerí hacerlo antes que los parásitos políticos de siempre se "plegaran" de manera oportunista a la marcha indígena y la transformaran en el fuelle de nuevas candidaturas políticas a ser vendidas como los "nuevos liderazgos" de la izquierda.

"Si el troskismo magisteril se une a la movilización antes que tú y el resto de la clase media - concluí - tu adhesión valdrá la mitad que un día antes y será igual de simbólica que haber marchado alrededor de la plaza 14 de septiembre.

Pero si don Juan Del Granado y el MSM se integran antes a la marcha - sentencié -, como es previsible que buscarán hacer en algún punto geográfico conveniente y un momento apropiado, entonces tu, los indígenas y la clase media habrán perdido el tren de la historia y lo que pudo ser el crisol de una nueva alianza urbano-indígena, la recomposición del bloque nacional-popular único, terminará convertida en burda plataforma de lanzamiento de una candidatura presidencial del MSM que no termina de convencer de ser una genuina opción al MAS y que hiede a leguas a un "relevo pactado" que consolidará las reformas jurídicas que sostienen al narcoestado y que cubrirá la retirada en impunidad de los carniceros de Plaza de las Banderas, La Calancha y Porvenir.

Sostengo que no me siento en autoridad de decirle a la clase media qué hacer sobre el Tipnis, pero no me abstendré de decir qué pienso que sucederá de no asumir pronto una posición clara en este conflicto.

Hasta siempre, camarada Tano

2011-09-06T12:29:00.000-07:00

Encontré porprimera vez a Cayetano Llobet, el socialista, en una vieja edición de Presencia,mientras hacía una tarea escolar sobre la dictadura. Casaca de miliciano, barbay melena generosas, Tano fue inmortalizado por la lente del reportero días antesa los comicios que darían a Marcelo Quiroga Santa Cruz y los suyos el boleto alparlamento.

Reencontré aCayetano, el analista, de manera casi inconciente en 1990 en la televisión. Camisay corbata, socialista desencantado de los desmanes del comunismo asiático, algomás liberal, pero igual de vehemente. Su análisis de las noticias en ATB yluego en PAT fueron telón de fondo de las tareas de secundaria y referenciaforzada de debate en las aulas de la universidad pública.

Pero fue sólohasta el conflictuado 2007 que tuve el privilegio de conocer en persona aCayetano, el autonomista, el estratega, el hombre. Tras el incendio de laPrefectura de Cochabamba, en “enero negro”, me tocó recoger en el papel la retóricamagistral de Tano, mientras componía sobre la marcha, en una improvisada piezade oratoria, los temas centrales del mensaje que el primer prefecto electo deCochabamba daría tras la intentona oficialista de derrocarlo.

Tras esaprimera experiencia, acompañé con regularidad la lucidez de su reflexión. Paralos prefectos invocar su voz de augur era condición irrenunciable de decisión,previo a cabildos, paros cívicos y diálogos entre Evo Morales y el ConsejoNacional Democrático – concepto probablemente acuñado por él.

Bajo su intuitivalectura de las acciones tácticas del MAS y su comprensión dialéctica de aquelmomento político, el estado mayor autonómico, usualmente plagado de anodinospalaciegos y otros ocasionales parásitos, se tornaba en un verdadero consejo deguerra.

Su claridadsobre la naturaleza jacobina de la fauna gubernamental y su certeza sobre el escenariode desenlace que sobrevendría era nítida. La opinión y la firma de Cayetanomarcaban una línea moral que mantuvieron a raya la lógica transaccional deaquella – Tano dixit – “partidocracia residual” que acechaba a los prefectos.

Susconsejos labraron las victorias del movimiento autonómico. Conocía consuficiencia de cartógrafo las posibilidades de moverse en ese escenario político-militarcomplejo y entrampado que él mismo definió como “regionalización del poder”.

Lasdolencias de un cáncer incipiente y el endiosamiento prefectural alejaron suvoz del Conalde. El 4 de julio de 2008 todo lo ganado en esa guerra de guerrillas,planificada con maestría de general cartaginés, se vino abajo con la decisiónde apostar al Revocatorio inconstitucional.

Leyendo suautobiografía uno termina de entender por qué Tano fue uno de los escasospolíticos que entendieron que ese momento de la historia no tendría unescenario de resolución democrática, salvo que este le conviniera al MAS. Hayque haber estado en Europa en mayo de 1968 y en la Asamblea Popular de 1971 paraentender que Morales y García Linera no dejarían el poder voluntaria y democráticamente.

Guardo suimagen de gladiador infatigable arengando a la resistencia a prefectos,alcaldes y cívicos de seis regiones, mientras luchaba en silencio contra su propioenemigo interior; y conservo, honor de honores, sus consejos en las ya más reducidasreuniones de la resistencia al Revocatorio en Cochabamba.

Demasiadosparalelos, demasiado en común para ser un epítome objetivo. Criatura de laizquierda puesta por la historia frente la izquierda, otro marxista más paraacompañar mi propio desencanto del eclecticismo que recicló, sin pudor, losresabios del bolchevismo castrista, el maoísmo aymara y aun el guevarismo decafé, con el sindicalismo cocalero.

Hoy losparalelos son más todavía – el exilio, las propinas, la incertidumbre por loque dejamos, la amargura por los que perdimos – y sin duda en un futuro breve,serán aun mayores. Lo busqué sin suerte el DC en agosto pasado, tras oírlo vaticinaren CNN el desenlace del gobierno de la coca en la era Sanabria.

Me queda sulegado de actitud irreductible frente a las circunstancias, de desafiar a lamuerte y perecer con dignidad en la lucha, de no entregarse ni entregar alcamarada; de buscar la excepcionalidad y opinar con libertad; de serconsecuente con sus principios, aun sabiendo que podrían ponerle hoy contra laderecha lo mismo que mañana frente a las izquierdas.

La causaautonómica, a la que tanto le dio, le debe a Llobet el desquite. Conflictoirresuelto, insurrección inconclusa, no habrá mejor tributo que el inevitableretorno de la rebelión autonómica, orientada por sus escritos e inspirada porel ejemplo de su actitud irreductible.

Hasta quela historia nos reúna de nuevo, sea en el frente autonómico o en sus páginas, camaradaTano.

El pez globo les dice "sardinas" a los tiburones

2010-11-20T17:40:00.000-08:00

Algún cívico cruceño de segunda línea aprovechó la ausencia de Luis Núñez para salir a la prensa a vaticinar que "tras ocuparse de las sardinas, el gobierno iría por los tiburones", metáfora con la que intentó graficar que, tras tumbar a los ediles René Joaquino y Jaime Barrón, el MAS la emprendería contra los gobernadores de Tarija, Beni y Santa Cruz.
Enorme petulancia la de ciertos gobernadores, que después de su cómplice cálculo político y su triste desempeño durante el momento de resolución del proceso autonómico, ahora pretenden embanderarse de la resistencia digna y la actitud firme de otros verdaderos opositores para asumir el papel de "los últimos exponentes de la oposición".
La política es como el poker. Puedes blefearle a los demás en una, dos y hasta tres ocasiones, puedes pagar por ver y doblar la apuesta hasta donde aguante el cuero sin rubor ni sudor. Pero al final de la mano, siempre habrá que poner las cartas sobre la mesa.
El CONALDE le blefeó al gobierno de Evo Morales con el "doble o nada" desde 2006 hasta 2009, generando expectativa y simpatía por el desafiante frente al favorito. Pero cuando llegó la hora de mostrar qué tenía en la mano, dijo "no voy". Cuando la definición de la historia impuso "vencer o morir", tres pusilánimes prefectos optaron por la sumisión y la vergüenza antes que por jugarse la continuidad en el cargo a una mano con la que especularon por tres años.
Aquel 2008 se terminaron los peces grandes en el estanque de la autonomía.
Por eso precisamente me resisto a aceptar que Barrón y Joaquino puedan ser considerados un aperitivo de sardinas y que tres gobernadores de nombres y trayectorias tristemente conocidas se las den de fieros tiburones a los cuales el gobierno le reservaría ser el plato fuerte del festín opositor.
Creo que el platillo principal de esta coyuntura fueron los dos alcaldes, resueltos y con perspectiva, a quienes Evo despachó con la premura de quien no quiere encontrarlos el 2011 comandando a dos ciudades declaradamente opositoras. En cambio, los inquilinos de las citadas gobernaciones son un sobrevaluado plato de pez-globo; el patético testimonio de lo que es no dar la talla cuando la historia llama.
Lo mejor del CONALDE yace en una celda del panóptico de San Pedro convertida en un bastión de dignidad por la actitud imperturbable de su ocupante ; un lugar de peregrinación para los escasos verdaderos opositores que quedan y hasta el cual la vergüenza no le permite llegar a esas tres barracudas, que negociaron su salida particular a la crisis de septiembre de 2008 a cambio de entregar el proceso autonómico y darle la espalda al amigo y estratega.
Menuda pretensión la de los despojos del CONALDE: ser la atracción principal de una arena a la que su cobardía y vileza les quitó el derecho de entrar.
Estoy dispuesto apostar que hubo más pueblo llorando por Joaquino y reclamando por Barrón, de la gente que habrá en las calles de Santa Cruz o Tarija cuando la factura de la traición al proceso autonómico y a la oposición, finalmente le sea cobrada a sus gobernadores.

Consideraciones sobre libertad de expresión, censura y estrategia de lucha tras la Ley Mordaza

2010-10-10T04:20:00.000-07:00

El lenguaje será siempre una ciencia y un arte en pleno desarrollo. el universo de las ideas y los infinitos procesos de intercambio simbólico jamás habrán de estar restringidos por la semántica oficial, debido precisamente a que la comunicación no está limitada a la palabra o a los intercambios verbales.

La comunicación es absoluta y de ahí nace el principio de "la imposibilidad de no comunicar". No comunican tanto nuestras palabras, como nuestros silencios; no es tan eficaz lo que decimos como lo que callamos y nunca será tan rico lo que expresemos verbalmente como lo que pueden expresar nuestros mil códigos no verbales.

Por eso resulta torpe todo intento de censura a la palabra, manifestación mezquina de la paranoia de control de los poderosos, siempre obcecados con marcar a las ideas la frontera de lo políticamente prudente, afán propio de regímenes que pretenden contener lo incontenible: el pendular del poder y de la historia.

Desde el cristianismo temprano en Roma hasta la literatura durante la revolución cultural china, toda limitación a la libre expresión ha sido el fuelle para forjar nuevos recursos retóricos que han sustituido el facilismo del lenguaje adjetivante por la complejidad de las metáforas y metonimias. Ahí está Gao Xinjiang para mostrar que la literatura de la subversión se puede incubar en el mismo vientre de la bestia.

Pero toda tiranía, y aun las autocracias ilustradas, suelen olvidar lo estéril de acallar a los pregoneros del implacable devenir. Olvidan que no conjurarán su ocaso encerrando a los intérpretes de la realidad, ese criptograma en el que los estados demagogos transforman la realidad para los ojos y oídos de masas desinstruidas y sumidas en una dependencia narcótica de las consignas de la cultura oficial.

Censurar la libre expresión es, en suma, tan absurdo como matar a los gallos pretendiendo así retrasar el amanecer. Acallar a las aves de la mañana sólo logrará que la aurora llegue sin aviso a perforar el vientre de la noche, inundándolo todo y barriendo sin clemencia aun los más periféricos vestigios de la precedente oscuridad.

La leyes mordaza no representan preocupación, sino para aquellos que luego deberán idear cómo silenciar otros cien tipos de lenguajes.

Preocupa más otro principio de la comunicación que dice que "toda relación es, en esencia, una relación de poder". La comunicación es entonces una relación de poder entre quien dice y quien escucha. El equilibrio en esta relación lo establece el nivel crítico de la mediaciones entre interlocutores, tan capaces el uno como el otro de generar una respuesta a partir de sus competencias culturales, sociales y políticas.

Judicializar la libre expresión no va a evitar que nos comuniquemos, protestemos, satiricemos, ridiculicemos y debilitemos al poder. Lo que si busca propiciar es que quienes hasta ahora han sido aliados naturales en el proceso de transparentar el manejo del poder, se distancien para evitar la sospecha y la estigmatización de responder a intereses político partidarios.

El periodismo boliviano debe asumir que ser periodista es tomar partido a favor de la sociedad civil y que el periodista es un efectivo agente de poder; entender que la defensa de la libre expresión no es un patrimonio de los trabajadores de la información, sino además de legisladores, artistas y ciudadanos. Esa posición purista de emprender la lucha por la libre expresión en distancia de otros sectores de la sociedad civil está llevando al parcelamiento y la sectorialización una lucha cuyo desenlace nos concierne a todos.

Al final, el resultado de un eventual referéndum, con ánforas intervenidas y jueces comprados, con dictadura sindical y voto comunitario en el área rural, con padrón alienado y software Smartmatic en el cómputo, lo pagaremos todos. Una eventual derrota no será la derrota de la prensa, sino de toda la sociedad boliviana que hoy disiente; un país que deberá resignarse al dictamen de urnas y sistemas de cálculo de resultados que travisten a las mayorías en minorías.

Ha pasado antes. Nos ha pasado. El culto mecánico a las urnas pretende soslayar que no existen condiciones para garantizar la administración de los proceso electorales y puede llevarnos a un entrampado proceso de validación del poder de turno.

Debatamos y decidamos todos una estrategia. El tema en debate nos concierne a todos porque el resultado de nuestras decisiones, sea cual fuere el desenlace, lo pagaremos todos.

Es justo que decidamos todos cómo jugar las últimas cartas de la democracia.

Deterioro y disenso interno en la era del Estado Plurinacional

2010-06-01T16:16:00.000-07:00

Terminada la jauja de los hidrocarburos y agotados los recursos de los fondos de pensiones, las condiciones económicas adversas van revelando la verdadera capacidad de gestión del gobierno de Evo Morales. Los problemas económicos empiezan a visibilizar las tensiones internas en el oficialismo, hasta ahora adormecidas por el derroche de prebendas, y se manifiestan las demandas sectoriales insatisfechas que hasta ayer permanecían subsumidas por la aparente invulnerabilidad del modelo.

De observar el deterioro de la relación gubernamental con sectores sindicales históricamente proclives al MAS, hemos pasado a presenciar las disputas internas dentro de la expresión legislativa del "instrumento político". El más notable: la renuncia de Rebeca Delgado al cargo de Jefa de la Bancada del MAS en la Cámara de Diputados, denunciando "imposibilidad de coordinar con la directiva oficialista de la Cámara Baja". El más bullado: el llanto y el disenso de la senadora oficialista Nelida Cifuentes frente a la decisión cupular de imponer la sede del Poder Electoral en La Paz, cuando Morales había comprometido con su partido que estaría en Chuquisaca.

Cifuentes propuso, a nombre de su región, el cumplimiento de la promesa presidencial de llevar la sede del Tribunal Supremo Electoral a Chuquisaca. La reacción del partido oficialista es una pieza de análisis de las vulnerabilidades del MAS y del gobierno en el manejo legislativo.

Son cuatro los errores que cometió el MAS durante la sesión de la Cámara de Senadores del lunes 31 de mayo, que debatía la Ley del Órgano Electoral Plurinacional.

1. Llevar a debate en plenario una Ley enviada por el Ejecutivo que no fue consensuada con los actores regionales. El planteamiento de la senadora chuquisaqueña Nelida Sifuentes (MAS) pidiendo, a nombre de la Brigada Parlamentaria Chuquisaqueña, la modificación del parágrafo tercero del artículo 11 de la Ley para permitir que la sede del Tribunal Supremo Electoral estuviera en Sucre, dejó en off-side al cardenalato masista en el Senado.

2. Dejar que la diferencia de criterios al interior del partido oficialista se objetive en debate abierto en el pleno camaral. Una cosa es dejar que un proyecto inconsulto llegue a la Cámara y que este desate las previsibles diferencias al interior del oficialismo, pero extender por dos horas el debate de posiciones, hasta llegar a las recriminaciones entre senadores oficialistas, se constituye en una muestra de falta de oficio parlamentario.

3. Prolongar el malestar y la polémica hasta permitir que el tema salga del hemiciclo y se convierta en parte de la agenda informativa nacional. Para la manera vertical y antidemocrática en que el MAS maneja a sus asambleístas resultaba más conveniente saldar el debate el lunes imponiendo la sede del TSE en La Paz (que al final eso mismo hicieron la tarde del martes), pero el MAS declaró un "cuarto intermedio" que permitió que la polémica sobre la sede se instale fuera del Legislativo, en la opinión pública.

4. Imponer, fuera de tiempo y con el problema ya hecho público, la permanencia de la sede del TSE en La Paz. Sólo hay una cosa peor que forzar una decisión, sin consenso interno y luego de una bullanguera pelea al interior del MAS. Y es forzar una decisión, después de que el escándalo interno es público, cuando el país entero está mirando lo que vas a hacer y cuando ya asumió posición.

Pero tanto lo de Cifuentes como lo de Delgado son la expresión objetiva de una crisis estructural y cíclica dentro de las organizaciones políticas nacionales. Se hace difícil gobernar y mantener la cohesión entre una pluralidad de actores políticos cuando es tiempo de vacas flacas.

Ahora hay un par de cosas que el país sabe con certeza del MAS y que antes no pasaban de rumores de la oposición, gravitando dentro la órbita del beneficio de la duda:

Que no existe independencia del Poder Legislativo y que las leyes las impone el Poder Ejecutivo. Que rara vez se toman ya la molestia de al menos socializar y consensuar el contenido de las leyes con sus legisladores.
Qué el MAS no es la estructura monolítica que aparenta y que sus legisladores no son la recua de ovinos que todos presumen, pues incidentalmente alguno responde al mandato y la agenda recibida de sus electores, aunque esto le signifique debatir y votar a contrapelo de la línea partidaria.
Que la tesis de la "representatividad absoluta" del MAS es un mito y que el MAS legisla para si mismo, antes que para sus colectivos y corporaciones. Que muchas veces hay conflicto de intereses entre la línea partidaria y la agenda social; que las directivas partidarias desplazan con frecuencia a las agendas regionales y las demandas sociales, poniendo en conflicto a sus representantes territoriales, electos para garantizar esas demandas ante el Estado.
Que la pretensión del "Estado absoluto" es una apariencia y que los asambleístas del MAS no son ni cautivos ni rehenes del "Gran Hermano". Que conforme la imposición del Ejecutivo se hace una constante, también el ejercicio de la soberanía y legitimidad individual de sus asambleístas se harán cotidianos. Su margen de maniobra va desde el disenso público hasta la renuncia a las jefaturas políticas.
Que la supuesta eficacia legislativa y mediática del MAS son otro mito. Que los oficialistas tienen poco oficio para resolver crisis legislativas y mucho menos oficio para evitar que las crisis legislativas mal resueltas se filtren y se conviertan en crisis de opinión pública.

El MAS es de carne y hueso. Su "sobrenatural" capacidad para manejar crisis y su maestría para legitimarse en los momentos de mayor tensión social eran apenas el reflejo de una situación de bonanza económica sin precedentes, en que al precio ventajosos del gas y de los metales, se sumó el patrocinio del chavismo.

Hoy, la crisis económica estatal, contraé incremento del desempleo y la pobreza; la desocupación y la pobreza contraen incremento de la criminalidad, que ahora no sólo se expresa en la delincuencia callejera, sino en la migración de comunidades enteras hacia el ejercicio organizado de actividades económicas delictivas como el narcotráfico y el contrabando.

La inseguridad estructural desafía al Estado y un Estado socavado desde dentro es incapaz de responder con contundencia a las criaturas del desgobierno y la ausencia de Estado.

Evo es humano. Las castañas queman sus manos y la benevolencia internacional con el idílico gobierno indígena se deteriora, conforme el país tiene menos recursos estratégicos que ofrecer y conforme el protectorado chavista se debilita en su propio intento de perpetuarse.

Evo: Del síndrome de Luis XVI al de Enrique VIII

2010-01-22T07:44:00.000-08:00

Mientras los símbolos patrios son extirpados del Congreso de la República "en vivo y directo" y sepultados en las bóvedas del Banco Central de Bolivia, se me ocurre tratar de recordar cuántos autócratas con escasa instrucción y gran delirio de poder habrán precedido el paso por la historia de Evo Morales, pretendiendo - al igual que él - que su sola llegada bastaría para alterar el curso de la humanidad.

¿Cuántos habrá habido, encumbrados por la propaganda y la sed de progreso de sus pueblos, que creyeron que sus tropelías ególatras sobrevivirían a su breve existencia? Incontables, de seguro; demasiado trágicos todos ellos y demasiado pobre su legado como para rememorar sus nombres.

Era de temerse. Luego de ser elegido en 2005 Presidente de la República, con poco más de la mitad de los votos, Evo Morales no tardó nada en declarar "Patrimonio Histórico de Bolivia" su lugar de nacimiento ¿Por qué debería extrañarnos que tras su reelección le cambie el nombre a la Plaza Murillo, o que arranque los símbolos de esa República y esa democracia que le precedieron, permitiéndole llegar a ser gobernante?

Está claro que la adulonería de los cortesanos tiene tierra fértil en la ignorancia de los gobernantes. Durante su primera gestión de gobierno, los jenízaros de la derecha más deleznable (Quintana, San Miguel y Ballivián) convencieron a Morales de que debía emular a Luis XVI. Y hoy, empezando su segundo mandato, lo han convencido de personificar a Enrique VIII.

Del despropósito de aniquilar la independencia de poderes para instaurar una autocracia, han llevado a Morales al absurdo de hacerse ungir "líder espiritual" del mundo andino, hay paralelos innegables con las manías de los dos autócratas europeos. Ayer proclamaba "el Estado soy yo" y hoy es ungido "monarca y padre de la Iglesia". Para quien pretende ser un "socialista del siglo XXI, Morales no podría haber elegido personificar paralelo más grotesco con las actitudes absolutistas más emblemáticas del viejo mundo.

Pero Evo es apenas un mal actor; el guión de su macabra representación lo escribe otro. Alguien que sabe que derruyendo símbolos, enterrando enseñas y arrancando bustos no se logra destruir la cultura republicana y el arraigo democrático de una sociedad; igual que sabe que no bastarán harapos de caito y rituales andinos para disfrazar de gobierno popular a esta caricatura imperialista de nuevo cuño.

Por eso, lo urgente era desaparecer la referencia objetiva de cualquier alternativa de país, persiguiendo hasta el encierro o el exilio a su Némesis; proscribir y borrar de la memoria colectiva el paso de Akenathon, para luego perseguir y encerrar a cualquier Tomás Moro. Sólo así podía garantizarse que las ceremonias de entronización de Evo pasaran como "místicas" y no fueran expuestas como el paso bufo de la Corte de los Milagros.

Pero claro, hoy no está más quién nos habría hecho hecho notar sin vacilar que "el rey camina sin traje" y, en ausencia de esa cuota de valor y sentido común, Evo puede caminar desnudo en su delirio imperial y aun convencer a las masas que anda vestido de "cambio".

Sólo Ramsés habrá estado más convencido de ser "la estrella de la mañana y de la noche", pero también sólo a él le reservó la historia el duro trámite de ver a Moisés retornar del exilio a sublevar a su pueblo contra la dictadura espiritual y militar de faraones con pies de barro.

Con Reyes Villa fuera, el MAS y sus aliados intentarán hacerse de Cochabamba

2010-01-21T20:07:00.000-08:00

Cochabamba atraviesa una crisis de liderazgo municipal, que el MAS y sus aliados tratarán de capitalizar en abril, tras el fin de dos décadas de hegemonía manfredista. Siete candidaturas de oposición buscarán llenar el vacío político que dejó el liderazgo del emblemático ex alcalde y ex prefecto cochabambino, según su estratega Erick Fajardo.

Luego de 16 años de presencia política manfredista, las próximas elecciones municipales y de gobernadores en Cochabamba destacarán por la ausencia de quien fuera protagonista infaltable de los últimos siete procesos electorales en la región central de Bolivia.

Ocho candidatos, entre oficialistas y opositores, pugnarán en abril por la comuna cochabambina. “Será el testimonio de la atomización de una hegemonía y un liderazgo regional que entre 1992 y 2008 le perteneció indiscutiblemente a Reyes Villa”, dijo a ANF su ex asesor.

Gonzalo Terceros (CIU) Fernando Torrico (MAS), Raúl Rico (MSM), Gamal Serhan (Podemos), Arturo Murillo (UN), Alex Contreras (MSB), Humberto Coronel (MNR) y Bernardo Montenegro (UNIR) tratarán de emular la hazaña de ser electos por mayoría absoluta y sin recurrir a alianzas, algo que caracterizó a Reyes Villa en sus cinco gestiones como autoridad edil y prefectural.

Para Fajardo, que prepara un libro sobre Reyes Villa, mientras la dispersa oposición está condenada a disputarse un máximo de cuatro concejalías, el MAS se apresta a lanzar un asalto total al municipalismo cochabambino, con una candidatura propia y tres “afines” que buscarán copar el concejo municipal y garantizar la elección de un alcalde oficialista.

“Hay distanciamientos estratégicos entre el MAS y sus socios políticos naturales como el MSM en la Paz y Chaly Terceros en Cochabamba, que permitirán que el MAS postule una fórmula oficialista y que sus aliados presenten otras dos o tres fórmulas para lograr concejalías que garantizarán gobernabilidad y generarán la ilusión de una representación pluritaria y diversa”, advirtió.

Para el analista, esta estrategia “tenaza” le permitirá al oficialismo cosechar concejalías “por angas y por mangas”, dado que hay candidatos “disidentes” del MAS que se ofrecen como una “opción moderada”, identificada con el “proceso de cambio”, pero más conciliadora e incluyente. “Te dan opción a elegir entre los orgánicos o los hijos rebeldes del proceso de cambio, pero al final todo quedará en familia”, advirtió.

“Es el caso del ex vocero Contreras o el ex alcalde Terceros. Es difícil pensar que alguno de ellos vaya a discrepar en temas de fondo con el gobierno, pues eso sería suicidio. Van a jugar a ser una oposición constructiva, pero de ninguna manera representarán para el MAS el peligro de una visión discrepante con su modelo de Estado o su visión de municipio”, dijo.

Mística y mitos adversos

Según datos del OEP, el fenómeno Reyes Villa surgió a principios de 1990, junto a la Participación Popular que fortalecería el proceso municipal con recursos y competencias autónomas.

Tras asumir como alcalde en 1992 y salvar la crisis municipal más aguda de la historia de Cochabamba, Reyes Villa construyó una mística de gestor público eficiente, aunque paralelamente el sindicalismo cocalero y una izquierda residual construyeron también varios “mitos detractores”.

Electo cuatro veces consecutivas alcalde de la ciudad del valle y una vez gobernador, el ex capitán de Ejército tuvo entre sus logros más significativos lograr en su tercera gestión inscribir a Cochabamba como la “mejor ciudad de Bolivia”, según el Índice de Desarrollo Humano del PNUD.

“Junto con el crecimiento de la imagen del joven alcalde, surgió también el mito del “edecán de García Meza” y luego el mito del “yaku-vende” (el que vende el agua), meta-relatos que buscaron inscribir un liderazgo claramente progresista como parte de las expresiones remanentes de la derecha tradicional”, explicó su ex portavoz.

Meditaciones sobre la (in)justicia en Bolivia

2010-01-16T04:45:00.000-08:00

¿Hay justicia en un país dónde el Presidente de la República dictamina culpa y sentencia a los acusados, antes que la justicia se pronuncie?
¿Es creíble decir que hay condiciones para un juicio justo cuando el gobierno advierte que te van a "cazar en cualquier momento", o que te van a "capturar aunque sea en el infierno"?
¿Hay independencia de poderes cuando las entidades autónomas, autárquicas y los otros poderes del Estado están intervenidos por el Poder Ejecutivo?
¿A dónde corresponde recurrir cuando se te alienan tus derechos, pero el poder político ha desactivado toda instancia de amparo o apelación dentro el sistema nacional de justicia?
¿Es justo que se te recluya y se te imponga un juicio fuera de la jurisdicción y la competencia que pre-establece la Ley?
¿Por qué Manfred y Leopoldo son sometidos a jueces y fiscales en la vía ordinaria mientras que sus pares y contemporáneos Mario Cossío, Pepelucho Paredes y Ernesto Suárez (acusados del mismo tipo penal) reciben el beneficio de Caso de Corte?
¿Se puede pensar en un Ministerio Público independiente cuando el gobierno anuncia que nombrará a fiscales de distrito por decreto?
¿Es posible hallar justicia hoy en Bolivia?

¿Para qué quedarse? ¿Por qué no callar?

2010-01-10T19:28:00.000-08:00

"You'd Better stand tall when they're calling you out.
Don't bend, don't break, baby, don't back down" (Its my life - Bon Jovi).

El cinco de diciembre, apenas horas antes del verificativo electoral más trascendental y decisivo para la historia de ocho millones de bolivianos, tenía lugar en un hospital de Cochabamba un hecho paralelo, aunque de importancia circunscrita a una pequeña y convulsionada familia: Nacía ese día Leticia Fajardo Peredo, nuestro segundo hijo.

La nombramos así por mi tía abuela, hermana del abuelo Jorge y esposa de Adolfo Perelman, un anarquista argentino que en los 60 huyó de la metamorfosis autocrática del peronismo y se refugió en Oruro. Si para algo determina tu futuro el nombre, de Leticia esperamos una poetisa y una literata, para compensar la carga ideológica y el temple guerrero que le legarán sus progenitores.

En horas previas a la consumación de represalias contra quienes sobrevivimos al desafío de ser oposición en diciembre - y de seguirlo siendo después -; entre mis reflexiones se me ocurrió que el mejor pretexto (y el mejor momento) para habernos desentendido del previsible desenlace de la dispar lucha contra este gobierno, era el nacimiento de una hija en vísperas de los comicios.

Sin arraigos y sin órdenes de aprehensión, Leticia era el pretexto ideal para hacer un viaje Orlando, a visitar a alguna querida tía y permanecer a salvo de lo que vendría, tras que la Corte Electoral decretara la continuidad del régimen Morales - García Linera.

¿Entonces por qué no lo hicimos? ¿Por qué quedarnos a cubrir la retaguardia de un proyecto del que la mayoría quiere hoy desentenderse, pese a haber logrado articular a una oposición condenada a la dispersión?

Halle que hay todo tipo de respuestas a esa pregunta.

Quizá nos quedamos por aquella gente que no se rinde, que no cede a la resignación tan sólo por la esperanza de encontrarnos cada día en la trinchera de su televisor, cuestionando con razón y consecuencia el atropello de los que gobiernan. Por esos compañeros que buscan una idea, una línea, una voz para justificar su terco sentimiento de no aceptar como absoluta la derrota de diciembre.

Quizás fue porque es difícil abandonar a Leopoldo, luego de haberlo acompañado en la defensa de La Paz y ayudado a remontar el lapidario 6% que nos daban todas las encuestas, hasta alcanzar un digno 18%, que bajo estas circunstancias es un tributo al valor y determinación con que combatimos solitarios en La Hoyada paceña.

O quizás fue por "La canción de Roldán", una versión ilustrada del "Cantar de Rolando" que escribió Turoldo y que mi abuelo grabó en mi habitus en interminables jornadas de lectura nocturna. Mucho pesa después de los 30, cuando te han contado antes de los 6, la historia de un paladín francés que jamás se entrega y que es ultimado por los sarracenos, mientras se queda a cubrir la retirada de Carlomagno.

Pero tal vez, sólo tal vez, decidimos quedarnos por el extraño sentimiento que me embarga cada vez que paso por la interjección de las calles Baptista y Mayor Rocha, donde yace un silencioso héroe, un púber guerrero - cada vez más anónimo - que perdió la vida protegiendo la de su canoso padre; luchando sin saberlo para defender ese concepto identitario fundamental que es la familia.

Hoy, 11 de enero de 2010, a tres años de haberse roto el "largo silencio cochabambino", me ha regresado la voluntad de escribir. importantes razones hubo para dejar de hacerlo los últimos ocho meses; importante es la razón que me impele a volverlo a hacer: Hay razones y hay urgencia de no callar, de no dejarnos acallar, de recordar.

Cristian, Manfred, Leopoldo, son razones que no debemos olvidar. Cada uno de ellos ha superado ya sus errores y sus debilidades. No son más hombres, sino símbolos de lo que una vez quisimos y seguiremos añorando para Bolivia. No son más los mitos siniestros que sobre ellos construyó un gobierno que destruye primero la imagen y después a la persona, sino que son la esperanza de que lo bueno ausente retorne algún día.

Son el ejemplo vivo de la capacidad de sacrificio, amor filial y desprendimiento; encarnan fortaleza, vocación de trabajo, eficiencia y sensibilidad social; son ejemplo de experiencia, paciencia y templanza aun en los peores momentos. Todos ellos son razones para no olvidar este momento de la historia, para resistir y para recordar quiénes somos, por qué hicimos lo que hicimos y qué queremos.

La sentencia está dictada. Sabemos que el costo político de ser una oposición de verdad será extremo, pero sabemos también que cuando vengan a buscarnos no nos hallarán de rodillas. Que el ejemplo de lo que hicimos - sin recursos, sin garantías, sin protección y sin perder nunca la esperanza - será más fuerte en el recuerdo de quienes creyeron en nosotros, que las mentiras del poder y la ponzoña de sus escribanos, frustrados por seguir sintiendo el sabor de la derrota, aun en su pírrica victoria.

Decidimos quedarnos porque apostamos a ser el recuerdo fresco del abuso y de la esperanza en tiempos mejores; a ser la herida abierta de ocurrido y la voz inacallable de denuncia de los excesos y la violencia sobre la que se edificó la mentira de una revolución sangrienta y corrupta.

Si nos quedamos, es porque nuestra sola presencia será un mensaje de rebeldía que ninguna celda y ninguna prisión lograrán contener. Si nos quedamos Cristian tendrá un significado, no será olvidado; si nos quedamos Guillermo y Leticia tendrán un legado de dignidad infinitamente mayor que la seguridad del exilio.

Muchas veces traté de imaginar qué pensó Cristian a momento de decidir entregar su vida por la de su padre; o qué pensó el valiente conde Roldán cuando el número de los musulmanes terminó por rebasar su coraje. Ahora se que su mayor anhelo fue que sus pares franceses alcanzaran a escuchar el lamento de su cuerno Olifante, que descifraran su mensaje de alerta, antes que él dejara de soplar; y se también que su mayor consuelo fue saber que Carlomagno llegó a salvo a París y que el líder de la cristianidad volvería a pedir cuentas a los infieles.

Al fin y al cabo, no hay peor muerte que el olvido de los tuyos y no hay peor derrota que dejarse imponer el silencio. Por eso nos quedamos a esperar el retorno justiciero y vengador de la democracia.

“Agotadas” instancias en el país, defensa de Reyes Villa recurrirá a justicia interamericana

2010-01-01T13:36:00.000-08:00

El entorno del ex candidato presidencial Manfred Reyes Villa discrepa con el gobierno sobre la existencia de garantías jurídicas. Declaran “agotadas” las instancias de apelación de la justicia boliviana y sugieren llevar los juicios contra el ex Prefecto de Cochabamba y otros políticos de oposición acusados por el gobierno, al sistema de justicia interamericano.

Erick Fajardo, ex asesor de Reyes Villa, discrepó con la postura del viceministro de Coordinación Gubernamental Wilfredo Chávez sobre la existencia de garantías mínimas cuando el sistema de justicia ha sido “mutilado” por el poder político. Declaró “agotadas” las instancias de apelación en la justicia boliviana y aseguró que sólo queda trasladar las demandas del gobierno contra el líder de la oposición a la Corte Interamericana de Justicia.

Fajardo, que dijo desconocer el paradero del ex prefecto, reiteró que se él encuentra “a buen recaudo” y aseveró que es imposible encontrar justicia cuando se ha desmontado las estructuras del Poder Judicial desde el poder político.

El lunes el viceministro Chávez descartó la posibilidad de que Reyes Villa pudiera apelar a la justicia internacional para ser juzgado “sin presiones políticas”, como anunció en un comunicado público el líder de la fuerza opositora PPB-CN, y aseguró que antes de recurrir a tribunales internacionales, primero deberían agotarse las instancias de la justicia boliviana.

A esto Fajardo replicó que ya no existen más niveles de apelación o amparo en la justicia nacional, ya que el oficialismo se encargó de “defenestrar” al Tribunal Constitucional y la Corte Suprema de Justicia, además de haber anunciado que el oficialismo advirtió públicamente su intención de nombrar por decreto fiscales de distrito en enero de 2010.

“Ya no hay tribunales de garantías, ni una (Corte) Suprema donde apelar o ampararse; no existe un Tribunal Constitucional donde recurrir o incidentar inconstitucionalidades tales como que se encause a autoridades electas ante la justicia ordinaria, que el oficialismo anuncie estar de “cacería” contra el principal líder de la oposición o que sobrinos del ministro Quintana dicten órdenes de aprehensión en su contra”, dijo.

“Entonces, cuando no hay independencia de la justicia para garantizar el debido proceso y cuando las instancias de apelación la justicia boliviana están agotadas, corresponde recurrir a niveles supranacionales”, agregó.

"Además, el vicepresidente conminó a la Corte Suprema a no ejercer su atribución de suplir acefalías nombrando interinatos y el Ministerio de Transparencia ha anunciado que recomendó al presidente Morales nombrar a los nuevos fiscales de distrito desde el Poder Ejecutivo; esto – junto con la intervención de diputados oficialistas en entidades promotoras de procesos como la Contraloría General de la República – dicen que hay ausencia de condiciones para una justicia imparcial en el país”, denunció.

Ex vocero dice que Manfred asistiría a audiencias en enero

2009-12-27T14:35:00.000-08:00

Manfred reasumirá su defensa y asistirá a las audiencias a que fue citado en enero, si para entonces hay un pronunciamiento claro de la comunidad internacional sobre la restitución de las garantías para el debido proceso en el país y si el gobierno restituye las demandas contra la ex autoridad a la jurisdicción y competencia que corresponden.

Allegados al ex candidato presidencial dijeron que será “decisivo” tener en las siguientes horas un pronunciamiento de los organismos internacionales demandando el restablecimiento de las garantías jurídicas, además de una expresión de voluntad política del gobierno para devolver los procesos contra Reyes Villa a su “jurisdicción natural”, o sea un juicio de responsabilidades.

“Existe disposición de reasumir su defensa en 2010. Manfred no quiere favores ni privilegios, sino el mismo trato que este gobierno dispensa a otros ex prefectos que ejercieron en el mismo periodo y que son acusados por los mismos tipos penales, pero que reciben el tratamiento previsto por ley para ex autoridades, cosa que se le ha enajenado a Manfred”, explicó a ANF Erick Fajardo.

El ex vocero aludió así a la situación de “excepción” en que es procesado el ex prefecto de Cochabamba, encausado en la vía ordinaria, mientras sus pares, el prefecto tarijeño Mario Cossío y el ex prefecto paceño José Luis Paredes, reciben el tratamiento que la ley prevé para ex autoridades electas por voto popular y serán juzgados por el Congreso de la República.

“A las tres autoridades el gobierno los acusa de conducta antieconómica y de daño económico al estado, pero sólo Manfred es privado del fuero de ex autoridad y demandado ante jueces ordinarios, sin competencia, lo que se constituye en segregación política”, explicó.

El oficialista MAS argumenta que bajo la nueva Constitución las ex autoridades electas como Reyes Villa ya no gozan de privilegio procesal alguno. No obstante, después de Reyes Villa, varias ex autoridades fueron enjuiciadas por el gobierno concediéndoseles el beneficio de un juicio de responsabilidades.

Tanto Paredes como Cossío ejercieron como autoridades departamentales al mismo tiempo que Reyes Villa. El gobierno de Evo Morales acusó a los tres de delitos económicos, pero Cossío y Paredes – que fueron demandados con posterioridad a Reyes Villa – se benefician de juicios de responsabilidades, mientras que el ex prefecto de Cochabamba es juzgado en tribunales ordinarios.

Los organismos internacionales fueron advertidos sobre los atropellos a las garantías más elementales para administrar justicia en los procesos contra Reyes Villa y se aguarda una respuesta del Alto Comisionado para los DDHH de Naciones Unidas a la carta personal que le envió la ex autoridad.

Fajardo: “Si tendencia se mantiene, Reyes Villa ganará en diciembre”.

2009-10-01T08:39:00.000-07:00

ANF.- De mantenerse el comportamiento tendencial de las encuestas durante los próximos 60 días, no es irreal pensar que el candidato de la Convergencia Nacional Manfred Reyes Villa pueda ganar en los comicios generales del 6 de diciembre, según el portavoz de esa tienda política Erick Fajardo.

Según la encuesta realizada por la empresa Ipsos-Opinión, Apoyo y Mercado, la tendencia de crecimiento del ex prefecto de Cochabamba es exponencial. En el mes de agosto, esta misma encuesta daba a Reyes Villa apenas un 11% de intención de voto a nivel nacional.

El vocero de Reyes Villa evaluó la encuesta como “un buen augurio” previo al inicio de su campaña y reiteró su confianza en lograr una victoria clara en diciembre.

La analista cochabambina María Teresa Zegada calificó de “poco creíble” el discurso de Reyes Villa de pretender ganar las elecciones con la distancia entre él y Morales que dejan las cifras de esta consulta.

Fajardo replicó afirmando que “un análisis serio considera no la foto del momento, sino la evolución de los porcentajes en el tiempo”.

“Es forzado ver los datos de esta encuesta aisladamente. Si uno confronta de manera mecánica 54 contra 20, da la impresión de que hay una gran distancia, pero si uno estudia el comportamiento tendencial, se verá que Reyes Villa tiene dos veces más apoyo que un mes atrás y que Evo prácticamente no ha crecido”, agregó.

“Si Reyes Villa mantiene el rango de crecimiento que ha registrado en los últimos cuatro meses, y sigue creciendo al ritmo que ha crecido el último mes, su apoyo podría bordear el 30% en los próximos 15 días y el 40% para fines del mes de octubre”, dijo.

Según la fuente, esta consulta también constata que hay una tendencia a caer de los candidatos de oposición de Unidad Nacional y Alianza Social.

Doria Medina no ha logrado subir del 11% en relación a consultas anteriores y René Joaquino se ha derrumbado hasta un imperceptible 3%.

Bolivia: país sin garantías y sin justicia

2009-06-11T13:57:00.000-07:00

Erick Fajardo

Con la decisión del Gobierno de Brasil de brindar asilo político a la cívica pandina Ana Melena y un centenar de ciudadanos bolivianos, huidos tras los hechos de violencia que terminaron con una decena de muertos y el confinamiento político del Prefecto de Pando en septiembre de 2008, se consolida la percepción internacional de ausencia de garantías constitucionales y respeto a los derechos humanos en Bolivia.

La reacción del régimen Morales reincide en un autismo discursivo que ya no impresiona a la comunidad internacional. Repetir el credo de “revolución en democracia” contra la constatación empírica de estar bajo un régimen carcelario y represivo, puede funcionar con la base dura del MAS (cautiva del cerco de propaganda del canal estatal y la red radial “comunitaria”) pero ya no convence a la vecindad continental.

El desaforado Gustavo Torrico, diputado oficialista y cancerbero del grupo de choque y propaganda más violento de El Alto, asume defensa de la posición gubernamental. Dice que la decisión de Brasil – que él equipara a la de EEUU, España y Perú, de otorgar refugio a ex dignatarios de Estado – “viola las reglas de asilo político de la ACNUR” y asegura que “se da refugio a quienes escapan de la justicia boliviana”.

Esto suscita una interrogante en quienes vivimos en Bolivia: ¿a qué justicia se refiere el oficialismo, cuando mantiene en acefalía al Tribunal Constitucional y dilata la suspensión política del presidente de la Corte Suprema de Justicia; cuando tiene intervenida la Contraloría General de la República y mantiene bajo amenaza de enjuiciamiento al Fiscal General de la Nación?

Es de un cinismo sin precedentes acusar a alguien de “huir de la justicia” en un país donde se induce a renunciar a magistrados, deliberadamente se mantiene el vacío de control de constitucionalidad y se tiene intervenidas las entidades autárquicas de regulación, mientras grupos irregulares - como el de Gustavo Torrico - reprimen la disidencia y se corrompe a jueces y fiscales locales para buscar la inhabilitación de los candidatos opositores.

El caso del ex prefecto Reyes Villa es emblemático: 14 requerimientos de enjuiciamiento en lo que va del año (cuatro ya desestimados por el Ministerio Público) desde que hizo pública su intención de ser candidato a la Presidencia de Bolivia.

Hábilmente el gobierno de Morales trata de meter en la misma bolsa la decisión de Washington y la de Planalto. Siempre se puede cuestionar e ideologizar la decisión de EEUU de conceder asilo a Sánchez de Lozada, que enfrenta un juicio por genocidio, o disfrazar de “solidaridad” con los sectores movilizados en el Perú el desasosiego de Evo, plasmado en incitación a la subversión.

Pero el gobierno socialista del Partido de los Trabajadores de Brasil se convierte en el segundo del continente (antes fue el gobierno de Alan García) y el segundo régimen socialista (el gobierno de Rodríguez Zapatero de España fue el primero), que concede estatus de refugiados políticos a compatriotas huidos del país tras hechos de violencia política generados por el gobernante MAS.

Esta es una contundente primera señal objetiva de que el tan especulado “cambio de percepción” sobre la salud de la democracia en Bolivia se ha concretado.

Que en Bolivia ya no hay garantías fundamentales ni condiciones para una administración de justicia imparcial no es más un “argumento de opositores”, sino el criterio de gobiernos vecinos y amigos que han empezado a ver la realidad de Bolivia por encima de la cortina de propaganda de la “integración bolivariana”.

De juicios y encuestas en época de elecciones

2009-06-06T18:32:00.000-07:00

Erick Fajardo Pozo

En la actual coyuntura hay dos condicionantes que, de manera ineludible, todo actor político debe considerar al momento de asumir la decisión de entrar en carrera electoral: a) No hay tribunal del que se pueda esperar justicia en tiempo de elecciones y b) no hay encuesta que se haga pública si no es en interés de quién la paga.

El retorno al país del ex prefecto Reyes Villa no le fue grato ni al oficialismo ni a su deteriorada oposición. Lo tenía claro Manfred antes de decidir postular a la Presidencia de la República y por eso no lo sorprendió el bombardeo de acusaciones judiciales buscando su inhabilitación, ni la batería de encuestas que intentaron disuadirlo de su candidatura.

Jugar con jueces adversos y con el apuntador del score en contra; asumir que la judicialización de la política y la disuasión estadística serían condiciones permanentes de esta campaña fue una decisión de fondo.

La primera de esas condiciones, el capítulo de la judicialización, entró en su fase crítica con la salida frenética de la ministra Nardi Suxo, a insistir en sus fallidas acusaciones contra Manfred y a ratificar esa falta de manejo técnico-jurídico que la llevó al absurdo de amenazar con juicio por prevaricato a la cabeza del Ministerio Público.

Tras rechazar la Fiscalía General – por tercera vez – un requerimiento oficialista de Juicio de Responsabilidades contra Manfred, ahora se apuesta a despojarlo de su fuero de ex autoridad y encausarlo en jurisdicción distrital, donde resulte más fácil presionar a los fiscales locales que el MAS cree más vulnerables debido a su públicamente denunciada improbidad (Cf. Opinión, 24/05/2009: Pág. 14A).

Primera conclusión: No hay juicio a un candidato en tiempo de elecciones que no guarde intención de inhabilitación política y/o de deslegitimación.

La segunda condición, el capítulo de la disuasión estadística, está pendiente. Hay en ciernes una batería de consultas de opinión política dirigidas a instalar en los medios una lectura de las perspectivas de los actores, conveniente a la sociedad entre el régimen leninista-sindical del MAS y la funcional partidocracia de derecha.

Su objetivo: consolidar la percepción de que, si bien los bolivianos se oponen a la reelección de Evo, este descontento aun no tiene candidato; y que ese candidato sólo podría ser uno de los agentes funcionales al stablishment favorecido por ese mecanismo de consagración de las verdades oficiales llamado estadística.

El posmarxista gascón Pierre Bourdieu, a quién García Linera citaba con frecuencia en su época de intelectual anti-hegemónico, aportó al análisis político un par de nociones drásticas sobre las encuestas: “las problemáticas que fabrican los institutos de opinión están subordinadas a una demanda de un tipo particular”; “la encuesta de opinión, en el estado actual, es un instrumento de acción política”; y, finalmente, “la opinión pública es un simple y puro artefacto cuya función es disimular que el estado de la opinión en un momento dado es un sistema de fuerzas, de tensiones, y que no hay nada más inadecuado para representar el estado de la opinión que un porcentaje” (Cf. Bourdieu: Istmo, 2000. Pág. 220-223).

Segunda conclusión: No hay encuesta que establezca una correlación de fuerzas distinta a la que conviene al stablishment.

Que la judicialización y las encuestas son mecanismos de legitimación de la impostura que escenifican Evo Morales y su oposición funcional es un hecho. Pero que en Bolivia todavía hay mediaciones que prevalecen sobre los medios y los mecanismos dóxicos, es una realidad aun mayor.

Por eso, cuando dude de los fallos de los jueces y de las cifras de las encuestas, vuelque su mirada a las calles. Este año la decisión electoral se construirá en la memoria corta de los perceptores, a partir de su experiencia en desarrollo y su percepción sobre la capacidad de los candidatos.

Más allá de eso, las sentencias judiciales y las encuestas de intención de voto tendrán cualquier efecto, excepto inhabilitar la opción de los bolivianos por un cambio positivo; por una vuelta al sentido original de la política como instrumento para construir el bien común.

Suxo enjuiciará al Fiscal Uribe por prevaricato; Portavoz de Manfred dice que la ministra desconoce la Ley

2009-05-29T17:38:00.000-07:00

La Paz, Bolivia (APG). - El fiscal General de la República, Mario Uribe, enfrentará un juicio por prevaricato al rechazar 10 procesos penales contra el ex prefecto de Cochabamba, Manfred Reyes Villa, anunció este jueves la ministra de Transparencia y Lucha Contra la Corrupción, Nardi Suxo.

Suxo denunció que el daño causado por el ex prefecto alcanza más de 18 millones de bolivianos, “por esta razón vamos a iniciar una acción penal en contra el Fiscal General, por prevaricato, porque lo que hizo es totalmente ilegal e inconstitucional, no defendió los derechos ciudadanos”, enfatizó la ministra.

La ministra al rechazar la resolución emitida por Uribe frente a las denuncias presentadas en contra de Reyes Villa, reiteró que denunció al ex prefecto por cometer supuestamente delitos de incumplimiento de deberes, uso indebido de influencias, contratos lesivos al Estado y conducta antieconómica por la ejecución de 10 proyectos en las gestiones de 2006 y 2007.

Por su parte, Erick Fajardo, asesor de Reyes Villa, descalificó el anuncio de la ministra Suxo y aseguró que esa autoridad desconoce las leyes de Bolivia pese a ser abogada.

“No se puede aplicar un juicio por prevaricato a un Fiscal, porque es una autoridad investigativa y sus fallos no causan estado y en esa medida la figura de prevaricato no se aplica en caso del Fiscal”.

Le sugirió a Suxo que sea más responsable con los recursos públicos y que no los use para fines políticos. “En un país tan pobre como el nuestro es un crimen desperdiciar los recursos económicos en acciones que van en desmedro de las arcas del Estado”, puntualizó Fajardo.

Somos el Blog con mayor número de seguidores en Bolivia en el ranking Networked Blogs

2009-05-27T12:12:00.000-07:00

Reducto de la democracia es una de las blogs temáticas más completas en la red. Se ha caracterizado por difundir la actividad política, las publicaciones periodísticas y la producción intelectual de Erick Fajardo, el portavoz nacional de Manfred Reyes Villa y la Alianza de Unidad.

Nuestros contenidos se han convertido en una referencia dentro la reflexión sobre democracia, descentralización y construcción de alternabilidad en Bolivia.

Nuestra sincera gratitud a los amigos y seguidores de Reducto de la Democracia, distinguida esta semana en el ranking Top World 50 de Networked Blogs como el Blogsite con mayor número de seguidores en Bolivia.

Emplazan al gobierno a oficializar y probar sus acusaciones

2009-05-25T04:48:00.000-07:00

De “terrorismo verbal” califican nuevas denuncias contra Manfred y colaboradores

Dos nuevas denuncias oficialistas sin sustento contra Manfred y sus colaboradores intentan inhabilitarlo de cara a diciembre y frenar el lanzamiento de su proyecto político, según el portavoz de la ex autoridad Erick Fajardo.
“Esta enfermiza y sañuda persecución contra Manfred, ahora extendida a sus colaboradores, es un intento desesperado del MAS de detener el lanzamiento de su proyecto político nacional”, advirtió.
Según Fajardo, la detención preventiva que pretende el gobierno contra la ex autoridad departamental tiene el único fin de frenar los periódicos viajes de campaña de Manfred al interior del país, mientras el ataque a algunos de sus colaboradores busca retrasar el avance de la campaña manfredista en La Paz.
“No es un secreto que llevamos la voz de Manfred a la sede de gobierno y que formamos parte del equipo que hace semanas está ajustando en La Paz el programa de gobierno de Manfred”, explicó.
Según el ex funcionario, usar el privilegio de estar en el gobierno para privar a Manfred de su fuero de ex autoridad y del derecho a una defensa justa, es un abuso de poder cuyo único fin es la inhabilitación del único candidato con posibilidades reales de enfrentar al MAS.
“La Prefectura se ha vuelto un mecanismo de presión política sin ninguna otra función que hostigar y descalificar a Manfred y su equipo. Las nuevas acusacionesn son un absurdo que los interventores de Evo Morales están ahora en la obligación de formalizar y demostrar”, concluyó.
CAM/fgr

Misicuni: la verdad y los mitos sindicales

2009-05-17T20:55:00.000-07:00

Erick Fajardo Pozo

Misicuni es una conquista del movimiento cívico cochabambino; quizá la mayor victoria de la institucionalidad regional autónoma y descentralizada sobre el centralismo de ayer y hoy. Debido a la impostura que en días pasados se prestó a protagonizar el presidente Morales, reclamando el crédito por un proyecto que su gobierno quiso cercenar y se desentendió de financiar, estamos obligados a reivindicarlo.
La impostura de este régimen no es novedad. Lo sorprendente es que Evo pretenda iniciar su campaña electoral en Cochabamba, arrogándose la autoría de Misicuni, cual si fuese una concesión graciosa de su gobierno o resultado de ese fracaso llamado “gestión social del agua”, cuando en realidad es criatura de su antítesis política: la gestión descentralizada del desarrollo.
Sin duda se busca alterar la memoria corta de Cochabamba y reordenar los eventos suplantando el hecho histórico – la gestión cívico/institucional de Misicuni a contrapelo de los últimos cinco gobiernos nacionales – por el mito sindical de abril de 2000, detrás del cual la gente de García Linera medró de la cooperación internacional y sepultó a SEMAPA.
Misicuni, una demanda que existió en estado natural por más de medio siglo, cobró su jerarquía de objetivo estratégico regional con la consolidación del municipalismo y del movimiento cívico cochabambino a principios de 1990. La participación popular y la descentralización administrativa, políticas planteadas electoralmente y sin convicción por el gonismo, empoderaron a las regiones consolidando su identidad, sus mecanismos de gestión y su capacidad de presión sobre el Estado central.
Fue el Gobierno Municipal, entre 1993 y 1997, que logró organizar al movimiento cívico y garantizar la construcción de Misicuni, que pretendía sustituirse por Corani durante la primera presidencia de Sánchez de Lozada. Manfred alcalde financió los cinco y medio millones de dólares que permitieron arrancar el proyecto y su actuación en el directorio de Misicuni garantizó la construcción del túnel de trasvase de 21 kilómetros.
En 2000, el sindicalismo cocalero y el “tutismo” hallaron un interés común en la desestabilización de Banzer y concretaron su primera alianza tácita en la “guerra del agua”, proceso que no llegó a derrocar al ex dictador ni representó avance alguno en la concreción de Misicuni pero si le redituó al sindicalismo la captura como botín de guerra de SEMAPA, institución que la ineficiencia de la “gestión social” y la avidez de insignes masistas llevaron entre 2001 y 2006 al descalabro actual.
Reencauzar en la vía institucional la gestión del proyecto múltiple tuvo que esperar hasta la democratización de los gobiernos prefecturales en 2006; un segundo momento de impulso para Misicuni. Manfred prefecto despertó una vez más al movimiento cívico para evitar que el centralismo redujera el tamaño de la represa hasta 85 metros, lo que habría cercenado el carácter múltiple del sueño cochabambino, al reducir la capacidad de embalse de la presa, liquidando los componentes riego agrícola y generación de electricidad.
Un año después, en 2007, mientras el presidente Morales dictaba dos decretos desentendiéndose de financiar el proyecto y transfiriendo sus obligaciones a Cochabamba, el Gobierno Prefectural entregó a Misicuni 16 millones de dólares de recursos propios para asegurar la construcción de la presa de 120 metros.
Ver concretarse Misicuni alegra a quienes sostenidamente apuntalaron el proyecto desde la institucionalidad cívica. Pero corresponde reivindicar que Misicuni no es concesión graciosa del gobierno nacional, ni resultado del violento proceso sindical de abril de 2000, sino fruto del aporte de la institucionalidad cochabambina que por dos décadas aportó con recursos, gestiones y movilizaciones ciudadanas a la concreción del proyecto.
Salvar la memoria colectiva cochabambina de este último intento de suplantación perpetrado por el régimen Morales, es tarea ineludible. Restituir los hechos y exponer los mitos sindicales en torno a Misicuni es reponer la historia de Cochabamba.

Tiempo de lobos con piel de oveja

2009-05-07T16:51:00.000-07:00

Erick Fajardo Pozo

Que organizaciones no gubernamentales, que declaran defender los derechos humanos, hayan encubierto el terrorismo o acciones de desestabilización de una democracia legalmente constituida, propiciando afanes subversivos por la vía de la violencia e incluso el magnicidio, es una felonía que debe ser castigada sin contemplación.

Socapar expresiones separatistas, en especial aquellas que pregonan “autodeterminación”, para convertir territorios en señoríos administrados al margen de las leyes bolivianas y principios internacionales del derecho, es ser cómplice de actividades sediciosas que no deben ser toleradas. El viceministro de Coordinación con los Movimientos Sociales, Sacha Llorenti, ha sido taxativo al respecto y acompañamos su contundencia.

Hay evidencia en Bolivia de la existencia de ONGs que, pretextando defender los derechos humanos, se han dedicado a hacer apología sostenida de la violencia política, la desestabilización de la autoridad electa y atentados terroristas; encubriendo a grupos irregulares de corte separatista cuya autoría en ataques al patrimonio público fue establecida fehacientemente.

Hay – en conclusión – necesidad de una firme respuesta de Estado a la sociedad perversa entre ONGs de derechos humanos y grupos irregulares armados.

El viceministro Llorenti puede hablar con autoridad, pues conoce del tema. Él ha presidido la Asamblea Permanente de Derechos Humanos, una ONG que por largo tiempo detentó el monopolio de la defensa de las libertades civiles y políticas, pero que en los hechos fue el escudo de expresiones de fundamentalismo racial, revanchismo étnico e intentos de fracturar la integridad nacional a partir de proyectos separatistas que exigían la autodeterminación de la “nación aymara” por la vía del terrorismo y el alzamiento armado.

Durante la última década esta organización se opuso a la extradición de extranjeros de nacionalidad peruana, paraguaya y colombiana, requeridos en sus países para comparecer o purgar sentencias por terrorismo; tildó de “político” el juzgamiento de los cabecillas de grupos armados como el EGTK y los “ayllus rojos”; criminalizó la intervención del Estado en zonas donde hoy rigen organizaciones criminales disfrazadas de sindicatos en torno a la producción ilícita de coca excedentaria.

En el contrapunto, los últimos tres años la APDHB calló de manera cómplice mientras la violencia de Estado degeneraba en terrorismo de Estado en Yacuiba, Chuquisaca y Pando. Ignoró los asesinatos de más de 50 compatriotas, caídos por el uso de fuerza letal del Ejército y/o la Policía, los “aparatos de represión del Estado”. Miró contemplativa el desplazamiento por el país de grupos paramilitares con la logística del gobierno. Vio paciente a las milicias alteñas ocupar las plazas de La Paz, para reprimir el derecho a la protesta y a la libre expresión.

En suma, la APDHB jamás se pronunció o intervino con la misma vehemencia con que asedió a anteriores gobiernos. Jamás increpó a Morales a resarcir a sus víctimas con el mismo celo que defendió a las víctimas de la violencia política neoliberal. Las ONGs de derechos humanos no son una garantía de ecuanimidad cuando su definición de la persona está ideologizada y tiene matiz racial.

Difícil esperar que una ONG, de la cual dos ex presidentes – Sacha Llorenti y Tamer Medina – son viceministros, demande el esclarecimiento del asesinato de cocaleros no oficialistas en la zona de cultivo legal de Pocona por la Fuerza de Tarea Conjunta (2006); o solicite juicio de responsabilidades para el Capitán General de las FFAA por ordenar la militarización inconstitucional y el uso de fuerza letal que acabaría con la vida de Osmar Flores en Arani (2007); o se constituya en parte civil para esclarecer la muerte del joven Cristian Urresti, cuyo proceso está por extinguirse por presión del gobierno sobre el Ministerio Público.

Estos son días de paradoja, donde los lobos se cubren con vellón de oveja y acusan a las palomas de disparar contra las escopetas; donde los defensores de los derechos humanos de ayer resultan ser nuestros verdugos de hoy. A nadie sorprenda entonces que los presuntos “terroristas” de hoy sean mañana los mártires de la defensa de la democracia.

Denuncian que el Gobierno quiere la muerte política de Reyes Villa

2009-04-21T04:57:00.000-07:00

"El Gobierno parece no tener nada mejor que hacer que perseguir a Manfred Reyes Villa. Por cada acusación rebatida, por cada denuncia desestimada por la justicia, el Gobierno abre dos juicios más. Cuanto más se acerca diciembre, la persecución política se hace más implacable"

La Patria (Oruro, 21 de abril).- La nueva acusación presentada en Sucre contra el ex prefecto Manfred Reyes Villa, fue calificada por su asesor Erick Fajardo “como otro eslabón de una cadena de patéticos fracasos” del partido en función de gobierno.
“El Gobierno parece no tener nada mejor que hacer que perseguir a Manfred Reyes Villa. Por cada acusación rebatida, por cada denuncia desestimada por la justicia, el Gobierno abre dos juicios más. Cuanto más se acerca diciembre, la persecución política se hace más implacable”, dijo.
Fajardo recordó que Reyes Villa volvió hace poco al país, luego de una ausencia de cinco meses, para comparecer voluntariamente ante el Fiscal General por la acusación de la ministra Nardy Suxo por diez proyectos supuestamente ejecutados de forma irregular.
Según el portavoz, la defensa del ex prefecto demostró que la licitación, adjudicación y ejecución de los proyectos defectuosos o irregularmente licitados, correspondían a pasadas gestiones.
“No importa a cuántas acusaciones responda, ni cuantas denuncias contra él haya desestimado la justicia. Seguirán y seguirán acusándolo porque su objetivo no es jurídico, sino electoral. Quieren dañar su imagen mística de constructor porque buscan su inhabilitación y no hacer justicia”, agregó Fajardo.
Fajardo insistió que la Justicia desestimó tres proposiciones acusatorias anteriores interpuestas por el Gobierno y la Prefectura contra la ex autoridad como son la supuesta sedición, adquisición presuntamente irregular de vehículos prefecturales y un requerimiento acusatorio, interpuesto por el senador Omar Fernández, que responsabiliza a Reyes Villa, de urdir su propio derrocamiento en enero de 2007.

Secundo la moción de García Linera

2009-04-13T04:16:00.000-07:00

Álvaro García Linera está en lo cierto y hay que tomarle la palabra rápidamente, antes que entre en conciencia de que, en un lapsus de honradez intelectual, acaba de plantear la tarea más importante de cara a la transparentación del padrón electoral comprometida por el presidente Morales: La renovación del órgano electoral.

El fin de semana García Linera habló de poca confiabilidad, partidización y cuoteo de las cortes electorales e incluso aseguró a un diario nacional “…que no cuentan ahora con el personal idóneo, elegido por consenso, para llevar adelante el proceso de reempadronamiento en el país” (cf. La Razón 12/04/09).

No puede pensarse en un verdadero proceso de saneamiento de los instrumentos electorales que no pase por necesidad por un cambio de las estructuras de administración electoral. Reitero, lo ha reconocido el mismísimo García Linera y hay que hacérselo cumplir.

Porque, a escasas horas de haberse reinstalado la sesión congresal que definirá el régimen electoral, es muy probable que la esmirriada oposición ceda a la tentación de aprobar ese bodrio inconstitucional que es la Ley Electoral Transitoria a cambio de una pírrica concesión: el compromiso presidencial de un nuevo padrón biométrico; dejando pasar un tercer proceso electoral sin condiciones mínimas de transparencia y poniéndolo en manos de la misma administración electoral que operó en condiciones de inconstitucionalidad e inequidad el revocatorio de 2008 y el constitucional/dirmidor de 2009.

Aceptar la reinscripción total de ciudadanos a un nuevo padrón, es apenas un principio de solución. Nos proveerá de un instrumento transparente y creíble para conocer la verdadera voluntad de los bolivianos, sin distorsiones ni fantasmas que devalúen el voto del soberano. Pero una vez con la cancha rayada de manera simétrica, con el arco del mismo tamaño para todos y con el marcador en blanco, sin nadie con un gol de ventaja antes del partido, lo siguiente es garantizar un árbitro imparcial.

Porque de nada serviría tener reglas iguales e instrumentos nuevos si el administrador volverá a contaminar ese nuevo padrón como lo hizo con el anterior permitiendo la carnetización en casas de campaña del MAS; la suplantación y la usurpación de la identidad de varios compatriotas; el desarrollo del proceso bajo condiciones de coerción en el área rural; y – sobre todo – validando resultados electorales fraudulentos, como el caso de algún prefecto que de acuerdo a la Ley del Referéndum fue revocado, pero que sin embargo recibió certificado de ratificación por la Corte Nacional Electoral.

Por eso, encaminar operativamente esta solución, esta transparentación que ha comprometido el gobierno nacional, pasa insalvablemente por la renovación de la Corte Nacional Electoral. Lo otro, confiar a Exeni y su equipo el proceso de reempadronamiento y el manejo del nuevo proceso, sería darles la carne a los lobos para que la cuiden.

Exeni es parte del problema y no parte de la solución. No se le puede encargar el nuevo padrón al responsable de que el órgano electoral haya perdido absoluta independencia, criterio de constitucionalidad y capacidad de autorregulación.

El presidente le ha abierto la puerta a la solución y el vicepresidente ha fijado la tarea inmediata, y así, quedarse la oposición con el padrón y olvidar que ha sido la CNE la que ha actuado en inconstitucionalidad, sin independencia y con parcialismo equivaldría a aceptar que se cambie de cancha cuando el problema es el árbitro.

Por eso celebramos que la clase política nacional haya asumido finalmente la línea de “responsabilidad política antes que cálculo electoral”, planteada por Cochabamba en julio de 2009, cuando el prefecto Reyes Villa declinó, sin reparar en costos, de participar en el referéndum revocatorio y el referéndum constitucional, exigiendo una administración transparente del proceso y reglas iguales para todos.

En esto debemos ser claros con los representantes congresales: no se puede empujar al país a un tercer proceso bajo condiciones de intervención en el poder electoral. Confiarle la reinscripción del nuevo padrón a quienes han instituido el fraude, sería renunciar a darle a una solución integral al problema. Para reinscribir el padrón se hace necesario cambiar de autoridades electorales. No hay nada más claro que eso.

El pez muere por la boca. Tomémosle la palabra a García Linera, aceptemos el desafío del jacobino y procedamos a despolitizar el órgano electoral. La salida de los vocales de la Corte es un componente sine qua non de cualquier solución congresal al tema del Régimen Electoral de Transición.

DOCUMENTO DE ANÁLISIS.

2009-04-11T04:49:00.000-07:00

PROYECTO DE LEY
COMISIÓN DE CONCERTACIÓN

REGIMEN ELECTORAL TRANSITORIO

TÍTULO I
DISPOSICIONES GENERALES

CAPÍTULO I
ALCANCE, PRINCIPIOS Y GARANTÍAS FUNDAMENTALES

ARTÍCULO 1 (Fundamento). La presente Ley se funda en la disposición transitoria primera de la Constitución Política del Estado.

ARTÍCULO 2 (Alcance Legal).

I. Esta Ley regula el procedimiento, desarrollo, vigilancia y control del proceso electoral para la constitución de la Asamblea Legislativa Plurinacional, elección de la Presidenta o Presidente, Vicepresidenta o Vicepresidente y autoridades departamentales y municipales, en las elecciones del 6 de diciembre de 2009 y en las elecciones del 4 de abril de 2010; además de los referendos autonómicos y la elección de asambleístas departamentales, para los fines establecidos en la presente ley.

II. En todo lo que no se encuentre regulado por la presente Ley, tendrá vigencia y aplicación el Código Electoral (Ley No.1984 de 25 de junio de 1999 TEXTO ORDENADO con las modificaciones efectuadas por las Leyes Nos. 2006, 2028, 2232, 2282, 2346, 2802, 2874, 3015, 3153 y otras que correspondan); la Ley de Partidos Políticos (Ley No.1983 de 25 de junio de 1999), la Ley de Agrupaciones Ciudadanas y Pueblos Indígenas (Ley No. 2771 de 7 de julio de 2004) y los Reglamentos aprobados por la Corte Nacional Electoral, siempre que no se opongan a la Constitución Política del Estado y la presente Ley.

ARTÍCULO 3 (Principios Generales). La presente Ley responde a los siguientes principios:

a. Soberanía: Por el que esta Ley tiene por fin garantizar el respeto a la voluntad del pueblo boliviano expresada en el proceso electoral de diciembre de 2009 y abril de 2010 y las consultas populares que podrían realizarse durante la vigencia de la presente Ley.

b. Publicidad y Transparencia: Por el que todas las actuaciones del proceso electoral son públicas y se garantiza el acceso irrestricto de las partes involucradas y de la ciudadanía a la información que en el se genera, al conocimiento y fundamentación de las decisiones administrativas, técnicas y operativas que tomen las autoridades electorales, así como al uso y destino de los fondos públicos asignados para cumplir sus objetivos.

c. Preclusión: Por el que las etapas del proceso electoral no se repetirán ni se revisarán salvo en los casos en los que se vulneren los derechos y garantías Constitucionales y aquellos previstos en la presente ley.

d. Independencia: Por el que los órganos electorales no están sometidos a ningún otro órgano del Estado.

e. Imparcialidad: Por el que los miembros del órgano electoral deben asumir acciones, tomar decisiones y realizar actos administrativos y jurisdiccionales, sólo en sujeción a la Constitución y la presente Ley.

f. Legalidad y jerarquía normativa: Por el que los miembros del órgano electoral deben aplicar con preferencia lo dispuesto por la Constitución Política del Estado, respecto a cualquier otra disposición, la presente Ley respecto otras leyes, decretos o resoluciones y los Decretos Supremos que reglamenten la presente Ley respecto a otros Decretos y a otras resoluciones.

ARTÍCULO 4 (De los Derechos Políticos).

I. Todas las ciudadanas y ciudadanos tienen derecho a participar libremente en la formación, ejercicio y control del poder político, directamente o por medio de sus representantes y de manera individual o colectiva.

II. La participación ciudadana deberá ser equitativa y en igualdad de condiciones entre hombres y mujeres.

III. Toda ciudadana o ciudadano puede participar en organizaciones con fines políticos de acuerdo a la Constitución y las leyes.

ARTÍCULO 5 (Del Sufragio y Escrutinio). El sufragio constituye la base del régimen democrático, participativo, representativo y comunitario, se lo ejerce a partir de los 18 años cumplidos.

Sus principios son:

a. El voto igual, universal, directo, individual, secreto, libre y obligatorio.

Igual, porque el voto emitido por los ciudadanos tiene el mismo valor;
Universal, porque todos los ciudadanos, sin distinción alguna, gozan del derecho del sufragio;
Directo, porque el ciudadano interviene personalmente en la elección y vota por los candidatos de su preferencia; y toma decisiones en las consultas mediante referéndum;
Individual, porque a cada persona sólo le corresponde un voto, el que debe ser emitido de forma personal;
Secreto, porque la Ley garantiza la reserva del voto;
Libre, porque expresa la voluntad del elector;
Obligatorio, porque constituye un deber irrenunciable de la ciudadanía; y

b. El escrutinio público y definitivo.

Público, el escrutinio de las papeletas se realizará en un recinto con acceso irrestricto; en presencia de sus respectivos delegados políticos y ante la ciudadanía en general. Los delegados de los partidos políticos, agrupaciones ciudadanas y pueblos indígenas acreditados en cada mesa, recibirán una copia del acta de escrutinio.
Definitivo, que no admite impugnación alguna, salvo en los casos previstos por ley.

CAPÍTULO II
DE LOS ELECTORES Y ELEGIBLES

ARTÍCULO 6 (Ciudadanía). La ciudadanía consiste en concurrir como elector o elegible y en el derecho a ejercer funciones públicas sin otro requisito que la idoneidad.

Todas las bolivianas y bolivianos ejercen la ciudadanía a partir de los 18 años y tienen derecho a una participación eleccionaria en igualdad de condiciones, cualquiera sea su nivel de instrucción, ocupación, salario, renta o género.

ARTÍCULO 7 (De los Electores). Son electores todos los bolivianos mayores de 18 años, que estén dentro del territorio nacional o que se encuentren en el exterior. Para ser elector es condición estar inscrito en el Padrón Electoral y estar habilitado para votar.

ARTÍCULO 8 (De los Elegibles). Son elegibles las ciudadanas y ciudadanos bolivianas y bolivianos residentes en el país que cumplan los requisitos establecidos en la Constitución Política del Estado y la presente Ley. Para ser elegible es necesario ser postulado por un partido político, una agrupación ciudadana o una organización de una nación o pueblo indígena originario campesino.

ARTICULO 9 (De la Igualdad de Oportunidades Entre Varones y Mujeres).

I. Las listas de candidatas y candidatos a Senadoras y Senadores, Diputadas y Diputados titulares y suplentes, Asambleístas Departamentales, Concejales Municipales y autoridades en los municipios deberán respetar la igualdad de oportunidades entre mujeres y hombres, de tal manera que exista un candidato titular varón y enseguida una candidata titular mujer, una candidata suplente mujer y un candidato suplente varón, o viceversa. En el caso de las diputaciones uninominales la alternancia se expresa en titulares y suplentes en cada circunscripción.

II. Las listas de las candidatas y candidatos de las naciones y pueblos indígena originario campesinos, serán nominados de acuerdo a sus propias normas y procedimientos.

ARTÍCULO 10 (De los Derechos de las Naciones y Pueblos Indígena Originario Campesinos). Los derechos de las naciones y pueblos indígena originario campesinos establecidos en la Constitución, deberán ser respetados para fines de la presente Ley Transitoria de Régimen Electoral.

TÍTULO II
DEL ÓRGANO ELECTORAL Y AUTORIDADES ELECTORALES

CAPÍTULO I
DEL ÓRGANO ELECTORAL

ARTÍCULO 11 (De la Organización Territorial). La organización territorial de la República está compuesta por departamentos, provincias, municipios y territorios indígena originario campesinos, la cual determina la competencia y jurisdicción del Órgano y autoridades electorales.

ARTÍCULO 12 (Autonomía). Se establece y garantiza la autonomía, independencia e imparcialidad del organismo y autoridades electorales.

En aplicación de este precepto, la Corte Nacional Electoral tiene, entre otras, la facultad de elaborar su presupuesto, administrar sus recursos, aprobar sus reglamentos internos, dirigir y administrar en todo el territorio de la República los procesos electorales de manera directa, o delegada a través de las Cortes Departamentales Electorales.

ARTÍCULO 13 (Del Organismo Electoral y la Organización de las Elecciones).

I. Las elecciones generales del 6 de diciembre de 2009 y las del 4 de abril de 2010, así como las consultas populares convocadas por esta Ley, serán organizadas y administradas por la Corte Nacional Electoral y las nueve Cortes Departamentales Electorales, haciendo ejercicio de las atribuciones que les reconoce la presente Ley y las normas que se aplican en virtud de ésta.

II. En el período de transición institucional, la Corte Nacional Electoral es la encargada de administrar el proceso electoral de diciembre de 2009 y abril de 2010, así como las consultas populares convocadas por la presente Ley. Funcionará con la cantidad de miembros establecidos en el Código Electoral.

III. Los Vocales de la Corte Nacional Electoral y los Vocales de las Cortes Departamentales Electorales, serán designados de conformidad con el artículo 26 del Código Electoral vigente.

IV. Si el Órgano Legislativo no designase a los Vocales de la Corte Nacional Electoral y de las Cortes Departamentales Electorales, los actuales miembros de estos organismos continuaran en funciones hasta la fecha en que sean elegidos los miembros del Tribunal Supremo Electoral y de los Tribunales Departamentales Electorales, en tal virtud quedará ampliado su mandato legal.

V. En el periodo de transición institucional, la Corte Nacional Electoral y las Cortes Departamentales Electorales mantendrán su estructura jerárquica y organizacional.

ARTÍCULO 14 (De Otras Autoridades Electorales). Para la designación de jueces electorales, notarios electorales; atribuciones y otras especificaciones propias de un proceso electoral, se aplicará lo dispuesto en el Título V del Libro Primero del Código Electoral.

CAPÍTULO II
DE LAS FUNCIONES Y ATRIBUCIONES DEL ORGANISMO ELECTORAL

ARTÍCULO 15 (Atribuciones del Organismo Electoral).

I. Las atribuciones del organismo electoral, en todo lo que no se oponga a la Constitución Política del Estado y la presente Ley, están definidos por el Código Electoral.

II. La Corte Nacional Electoral deberá adecuar el desarrollo de sus funciones a las disposiciones previstas en la Constitución y la presente Ley.

ARTÍCULO 16 (Resoluciones de las Cortes). Todas las decisiones de la Corte Nacional Electoral y de las Cortes Departamentales Electorales, serán tomadas al menos por el voto de la mayoría absoluta de sus miembros en ejercicio. Las Cortes electorales deberán sesionar con el quórum reglamentario.

Ningún Vocal presente puede dejar de emitir su voto en los asuntos de su conocimiento, salvo causas legales de excusa debidamente acreditadas.

ARTÍCULO 17 (De las Decisiones de la Corte Nacional Electoral). Las decisiones de la Corte Nacional Electoral son de cumplimiento obligatorio, irrevisable e inapelable, salvo los casos expresamente establecidos en la Constitución y en la presente ley.

ARTÍCULO 18 (Recurso de revisión). Los recursos de revisión que se interpongan en contra de las resoluciones pronunciadas por la Corte Nacional Electoral, en aplicación del artículo 28 del Código Electoral, deberán ser planteados en el plazo improrrogable y perentorio de diez (10) días hábiles computables a partir de la notificación con la respectiva resolución. Transcurrido el plazo señalado, los recursos serán rechazados sin más trámite.

ARTÍCULO 19 (Padrón Electoral).

I. Para las elecciones del 6 de diciembre de 2009, 4 de abril de 2010, los demás procesos electorales y las consultas populares, se dispone la conformación de un nuevo padrón electoral, mediante la inscripción y registro de todos los ciudadanos bolivianos habilitados para sufragar. El nuevo padrón electoral, deberá guardar las características señaladas en los artículos siguientes.

II. El Organismo Electoral deberá elaborar su cronograma de actividades, presupuesto y reglamentos internos respectivos, para el cumplimiento de la presente disposición.

III. El nuevo padrón electoral, además de las especificaciones señaladas en los artículos siguientes deberá ser formulado mediante un sistema de registro biométrico que deberá ser aplicado a la totalidad de las personas habilitadas para votar. El registro biométrico comprende huellas dactilares, fotografía digital y firma, además de los datos referidos a la identidad de la persona.

IV. A requerimiento de la Corte Nacional Electoral los recursos que demande el presupuesto para el proceso de empadronamiento deberán ser provistos a través del Ministerio de Economía y Finanzas Públicas con cargo al Presupuesto General de la Nación.

V. De manera excepcional y por esta única vez se autoriza a la Corte Nacional Electoral contratar de manera directa o por excepción la adquisición de bienes, servicios y el personal que considere necesario para la creación e implementación del nuevo padrón electoral biométrico, así como establecer las condiciones que regulan los procesos de contratación de los mismos, quedando exenta del cumplimiento de las formalidades de contratación previstas por la Ley SAFCO y sus decretos supremos reglamentarios. Las contrataciones que realice el Organismo Electoral estarán sujetas al control gubernamental posterior inmediato.

VI. Los partidos políticos, agrupaciones ciudadanas, pueblos indígenas y alianzas podrán acreditar delegados técnicos al proceso de implementación del nuevo padrón biométrico.

ARTÍCULO 20 (Características del Padrón Electoral).

Son documentos del Padrón Nacional Electoral:

a. Los libros computarizados del registro de inscripción de ciudadanas y ciudadanos.
b. Los formularios de empadronamiento.
c. Los informes sobre cancelación y suspensión de ciudadanía y naturalizaciones.
d. Los formularios generados por cambio de domicilio.

ARTÍCULO 21 (Características de los Libros).

I. El Registro de inscripción electoral se realizará en libros impresos y libros computarizados.

II. La característica del libro computarizado será la siguiente:

a. Formulario Electrónico diseñado por la Corte Nacional Electoral.
b. En cada formulario se consignará el número de libro correlativo y el número de partida correspondiente al elector.
c. Para cada partida computarizada se registrarán como mínimo los siguientes datos: apellidos y nombres, estado civil, sexo, ocupación, lugar y fecha de nacimiento, domicilio, número de cédula de identidad, de Registro Único Nacional o de Libreta de Servicio Militar, y registro de la huella digital mediante lector óptico y fotografía.

III. En los casos de acreditar identificación con Registro Único Nacional y/o Libreta de Servicio Militar, su reempadronamiento deberá verificarse y contrastarse con el Sistema Nacional de Identificación Personal y Registro Civil.

ARTÍCULO 22 (Codificación). Las mesas de sufragio serán determinadas por la Corte Nacional Electoral en base a los registros y a los libros computarizados debidamente codificados por departamento, provincia, circunscripción uninominal y especial indígena originaria campesina. Las mesas en el exterior de la República se codificarán por país.

La Corte Nacional Electoral entregará el inventario de las mesas de votación a los delegados acreditados de los partidos políticos, agrupaciones ciudadanas, pueblos indígenas o alianzas.

El sorteo de jurados se efectuará en función a los inscritos consignados a cada mesa.

ARTÍCULO 23 (Publicidad y Acceso al Padrón Electoral). El Padrón Electoral deberá ser puesto a consideración del control ciudadano al menos treinta (30) días antes del proceso electoral, de tal forma que los electores puedan ratificar o corregir sus datos para su inclusión en el Padrón. Los partidos políticos, agrupaciones ciudadanas, pueblos indígenas y alianzas con personalidad jurídica vigente, para fines electorales podrán acceder al Padrón Electoral de manera directa, así como participar en la realización de auditorías que garanticen la transparencia de los procesos electorales. El Organismo Electoral facilitará a los partidos políticos, agrupaciones ciudadanas, pueblos indígenas y alianzas la habilitación de terminales y la entrega de copias del Padrón Electoral, en medios informáticos, con el sólo propósito de que puedan acceder a la información con fines electorales exclusivamente, no pudiendo en ningún caso alterar los contenidos del mismo.

La Corte Nacional Electoral proporcionará el Padrón Electoral al Consejo de la Judicatura para el sorteo de jueces ciudadanos, no pudiendo el Consejo de la Judicatura utilizarlo para ningún otro fin.

ARTÍCULO 24 (Sistema de Registro).

I. El nuevo Padrón Electoral así confeccionado será la base fundamental del nuevo sistema de registro nacional que tendrá tuición directa respecto los procesos electorales, civiles y de identificación nacional con los cuales la Corte Nacional Electoral deberá obligatoriamente hacer una verificación de la veracidad de los datos proporcionados para el empadronamiento.

II. La inscripción de los ciudadanos en el empadronamiento se realizará de acuerdo al cronograma previsto por la Corte Nacional Electoral. A momento del registro, el ciudadano presentará su cedula de identidad, Registro Único Nacional o Libreta de Servicio Militar como documentos válidos para la inscripción, documentos que también servirá para sufragar el día de la elección hasta que la Corte Nacional Electoral entregue la cédula electoral.

III. Por esta única vez, los ciudadanos que no sufraguen en las elecciones del 6 de Diciembre de 2009 no serán objeto de depuración, quedando habilitados para la elección del 4 Abril de 2010.

IV. La Corte Nacional Electoral procederá a la contrastación del Padrón Electoral Nacional con el Registro Civil, el Servicio de Identificación Personal, el Programa de cedulación gratuita y el Servicio Nacional de Migración. Para el cumplimiento efectivo de dicho cometido el Comando General de la Policía Nacional, la Dirección Nacional de Identificación Personal, la Dirección del Programa de Cedulación Gratuita y la Dirección del Servicio Nacional de Migración, estará obligado a proporcionar el acceso a las correspondientes bases de datos magnéticas y físicas de acuerdo al cronograma y reglamentación establecida por la Corte Nacional Electoral. El gobierno garantizará la Carnetización Gratuita, para aquellos ciudadanos indocumentados.

TÍTULO III
DEL PROCESO ELECTORAL

CAPÍTULO I
CONVOCATORIA A ELECCIONES

ARTÍCULO 25 (Convocatoria a Elecciones Generales).

I. Por mandato constitucional se convoca a Elecciones Generales de Presidenta o Presidente, Vicepresidenta o Vicepresidente y miembros de la Asamblea Legislativa Plurinacional en todo el territorio del Estado Plurinacional para el día domingo 6 de diciembre de 2009; por un periodo constitucional de cinco años.

II. En aplicación de la disposición transitoria primera, parágrafo segundo, de la Constitución Política del Estado, el cómputo de los mandatos constitucionales se regirá de conformidad a los siguientes:

a) Se computará como primer periodo, el mandato vigente a tiempo de la promulgación de la nueva Constitución Política del Estado.
b) Para el efecto del cómputo se considerarán los mandatos correspondientes al mismo cargo electivo.

III. La Corte Nacional Electoral deberá presentar los resultados oficiales de las elecciones generales hasta el día 30 de diciembre de 2009.

IV. Las reuniones preparatorias de la Asamblea Legislativa Plurinacional se deben iniciar en fecha 6 de enero de 2010.

V. La Presidenta o Presidente y Vicepresidenta o Vicepresidente, tomarán posesión de sus cargos en fecha 22 de enero de 2010.

VI. Las fechas establecidas en los parágrafos IV y V precedentes, serán ajustadas por la Corte Nacional Electoral en caso de producirse segunda vuelta electoral de acuerdo al artículo 166 parágrafo II de la Constitución Política del Estado.

ARTÍCULO 26 (Convocatoria a Elecciones de Autoridades Departamentales y Municipales).

I. Por mandato constitucional se convoca a elecciones de autoridades departamentales y municipales en todo el territorio del Estado boliviano para el domingo 4 de abril de 2010; por un periodo constitucional de 5 años.

II. La Corte Nacional Electoral deberá presentar los resultados oficiales de las elecciones de autoridades departamentales y municipales hasta el día 2 de mayo de 2010.

III. Las nuevas autoridades electas tomarán posesión de sus cargos en fecha 30 de mayo de 2010.

ARTÍCULO 27 (Inhabilitación de Candidatos y Elegidos). Se encuentran inhabilitados para ser candidatas y candidatos y elegidos a Presidenta o Presidente, Vicepresidenta o Vicepresidente, Miembros de la Asamblea Legislativa Plurinacional, Gobernadoras, Gobernadores, Asambleístas Departamentales; Prefectas o Prefectos, Consejeros Departamentales; Alcaldesas o Alcaldes, Concejalas y Concejales Municipales y otras autoridades departamentales, las siguientes personas:

1. Quienes ocuparon u ocupen cargos directivos en empresas o corporaciones que tengan contratos o convenios con el Estado, y no hayan renunciado al menos tres meses antes al día de la elección.

2. Quienes hayan ocupado cargos directivos en empresas extranjeras transnacionales que tengan contratos o convenios con el Estado, y no hayan renunciado al menos cinco años antes al día de la elección.

3. Los miembros de las Fuerzas Armadas y de la Policía Boliviana en servicio activo que no hayan renunciado al menos tres meses antes al día de la elección.

4. Los ministros de cualquier culto religioso que no hayan renunciado al menos tres meses antes de la elección.

5. Los que no cumplan los requisitos y condiciones establecidos en la Constitución y la presente Ley para ser candidato o candidata.

6. Los miembros del organismo electoral que no hubiesen renunciado a sus funciones tres meses antes de la fecha de elecciones.

7. Los que hubiesen sido condenados a sanción penal privativa de libertad.

8. Los que tengan pliego de cargo ejecutoriado por deudas con el Estado.

9. La disposición contenida en el artículo 238 numeral 3 de la Constitución Política del Estado, en consideración al carácter transitorio de la presente ley, no será aplicable con relación a los miembros del Poder Legislativo, Concejos Municipales para las elecciones del 6 de diciembre de 2009 y del 4 de abril de 2010.

10. En caso de renuncia, los Prefectos serán reemplazados por el Secretario General de la Prefectura y los Alcaldes Municipales serán remplazados aplicando los procedimientos establecidos en la ley de municipalidades.

CAPÍTULO II
DE LA ELECCIÓN DE PRESIDENTA O PRESIDENTE Y VICEPRESIDENTA O VICEPRESIDENTE DEL ESTADO

ARTÍCULO 28 (De la Elección).

I. La elección de la Presidenta o Presidente y Vicepresidenta o Vicepresidente del Estado, se efectuará en circunscripción única nacional, por mayoría calificada de votos, mediante sufragio universal, obligatorio, directo, libre y secreto.

II. Será proclamada Presidenta o Presidente, Vicepresidenta o Vicepresidente quien haya obtenido por lo menos el cincuenta por ciento más uno de los votos válidos o un mínimo de cuarenta por ciento de los votos válidos con una diferencia de al menos 10% en relación a la segunda candidatura más votada.

III. En caso de que ninguna de las candidaturas haya obtenido los porcentajes señalados en el párrafo I, se realizará una segunda vuelta electoral entre las dos candidaturas más votadas y se proclamará ganador a quien obtenga la mayoría simple de votos.

IV. La segunda vuelta electoral se efectuará, con el mismo padrón electoral, en el plazo de sesenta días después de la primera elección y solamente podrá suspenderse por renuncia de una de las candidaturas, en cuyo caso se proclamará ganadora a la candidatura vigente.

ARTÍCULO 29 (De los Requisitos). Para ser candidata o candidato a Presidenta o Presidente y Vicepresidenta o Vicepresidente, se requiere cumplir los requisitos generales establecidos en el Artículo 234 de la Constitución Política del Estado, tener treinta años de edad cumplidos al día de la elección y haber residido de forma permanente en el territorio de la República, al menos cinco años inmediatamente anteriores a la elección.

CAPÍTULO III
DE LAS ELECCIONES DEL ÓRGANO LEGISLATIVO PLURINACIONAL

ARTÍCULO 30 (De la Asamblea Legislativa Plurinacional). La Asamblea Legislativa Plurinacional está compuesta por la Cámara de Diputados y la Cámara de Senadores; es el único órgano facultado para sancionar leyes que rigen en todo el territorio del Estado boliviano.

ARTÍCULO 31 (Requisitos). Para ser candidata o candidato a miembro de la Asamblea Legislativa Plurinacional, se requiere cumplir los requisitos generales establecidos en el Artículo 234 de la Constitución Política del Estado, contar con 18 años de edad cumplidos al día de la elección y haber residido de forma permanente al menos 2 años anteriores al momento de la elección en la circunscripción en la que postule. La Corte Nacional Electoral es responsable de verificar el cumplimiento de los requisitos.

Hasta antes de la calificación de las credenciales en la Cámara respectiva, la Corte Nacional Electoral está facultada para suspender el mandato de candidatas y candidatos electos, que no hayan cumplido las condiciones de elegibilidad, debiendo denunciar, si corresponde, al Ministerio Público aquel hecho para que se siga la acción penal respectiva.

CAPÍTULO IV
DE LA ELECCIÓN DE DIPUTADAS Y DIPUTADOS

ARTÍCULO 32 (Distribución de Escaños). Por tratarse de un régimen electoral transitorio, el número y asignación de escaños se realizará de la siguiente manera:

Departamento Escaños
Departamento Escaños
Uninominales Escaños
Plurinominales Circunscripciones Especiales Naciones y pueblos indígenas minoritarios
La Paz 29 15 13 1 Afroboliviano, mosetén, leco, kallawaya, tacana y araona
Santa Cruz 25 13 11 1 Chiquitano, Guaraní, Guarayo, Ayoreo y Yuracaré
Cochabamba 19 10 8 1 Yuki, Yuracaré
Potosí 14 8 6 - -
Chuquisaca 11 5 5 1 Guaraní
Oruro 9 5 3 1 Chipaya y Murato
Tarija 9 5 3 1 Guaraní, Weenayek, Tapiete
Beni 9 5 3 1 Tacana, Pacahuara, Itonama, Joaquiniano, Maropa, Guarasugwe, Mojeño, Sirionó, Baure, Tsimane, Movima, Cayubaba, Moré, Cavineño, Chácobo, Canichana
Pando 5 2 2 1 Yaminagua, Pacahuara, Esse Ejja y Machinerí
Total 130 68 54 8

ARTÍCULO 33 (De la Elección de Diputadas y Diputados en Circunscripciones Uninominales).

I. Para la elección de diputadas y diputados en circunscripciones uninominales se divide el territorio boliviano en sesenta y ocho circunscripciones uninominales, establecidas por criterios de continuidad geográfica y territorial, las que no deben trascender los límites departamentales.

II. Estas circunscripciones se constituyen en base a la población y la extensión territorial, de acuerdo al último censo nacional.

III. La elección en circunscripciones uninominales se efectúa por simple mayoría de votos.

ARTÍCULO 34 (De la Elección de Diputadas y Diputados en Circunscripciones Plurinominales y Especiales). Por mandato del Artículo 146 de la Constitución, las diputadas y diputados plurinominales, se eligen en circunscripciones departamentales, de las listas encabezadas por los candidatos a Presidenta o Presidente, Vicepresidenta o Vicepresidente y Senadoras o Senadores.

ARTÍCULO 35 (De las Circunscripciones Especiales).

I. Se establecen 8 Circunscripciones Especiales Indígena Originario Campesinas en el territorio nacional, de acuerdo a la distribución definida en el Artículo 32 de la presente Ley.

II. Las Circunscripciones Especiales Indígena Originario Campesinas, no trascenderán los límites departamentales y sólo podrán abarcar áreas rurales. La Corte Nacional Electoral determinará las Circunscripciones Especiales Indígena Originario Campesinas, en base a la información del último censo nacional y los datos oficiales del INRA sobre Tierras Comunitarias de Origen.

III. La cantidad de ciudadanos inscritos en estas Circunscripciones Especiales Indígena Originario Campesinas, no está relacionada con la media de las circunscripciones uninominales, conforme al Artículo 147 de la Constitución.

IV. Una Circunscripción Especial Indígena Originario Campesina podrá estar conformada por Tierras Comunitarias de Origen, comunidades Indígena Originario Campesinas, municipios, e incluso asientos electorales, que no necesariamente tengan continuidad geográfica, pertenecientes a las naciones y pueblos Indígena Originario Campesinos que sean minoría poblacional. Una circunscripción especial podrá abarcar a más de un pueblo Indígena Originario Campesino.

V. En cada Circunscripción Especial Indígena Originario Campesina se elegirán un representante titular y suplente, por mayoría simple, en las condiciones que fija la Constitución Política del Estado y la presente Ley.

VI. La postulación de candidatos en circunscripciones especiales indígena originario campesinas serán mediante partidos políticos, agrupaciones ciudadanas y pueblos indígenas en igualdad de condiciones.

ARTÍCULO 36 (Límites de las Circunscripciones). La Corte Nacional Electoral deberá elaborar y publicar los mapas de las circunscripciones uninominales y especiales, conforme lo determina la presente Ley, en un plazo de 120 días calendario antes del día de la elección.

ARTÍCULO 37 (Papeleta de Sufragio).La papeleta de sufragio para la elección de Presidenta o Presidente y Vicepresidenta o Vicepresidente, Senadoras o Senadores y Diputadas o Diputados estará dividida en dos franjas horizontales. En la franja superior se votará por las o los candidatas y candidatos a la Presidencia, Vicepresidencia, Senadores y Diputados Plurinominales, y en la franja inferior se votará por los candidatos a diputados de la circunscripción uninominal o de la circunscripción especial indígena originaria campesina, según corresponda.

ARTÍCULO 38 (Asignación de Escaños Plurinominales). En cada departamento se asignará escaños a través del sistema proporcional, de la siguiente manera:

a. Los votos acumulativos obtenidos (votos para Presidenta o Presidente), en cada departamento, por cada partido político, agrupación ciudadana, pueblo indígena o alianza, se dividirán sucesivamente entre los divisores naturales: 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, etcétera, en forma correlativa, continua y obligada.

b. Los cocientes obtenidos en las operaciones, se colocan en orden decreciente, de mayor a menor, hasta el número de los escaños a cubrir y servirán para establecer el número proporcional de diputados correspondiente a cada partido político, agrupación ciudadana, pueblo indígena o alianza en cada departamento.

c. Del total de escaños que corresponda a un partido político, agrupación ciudadana, pueblo indígena o alianza, se restará los obtenidos en circunscripciones uninominales, los escaños restantes serán adjudicados a la lista de candidatos plurinominales, hasta alcanzar el número proporcional que corresponda.

d. Si el número de diputados elegidos en circunscripciones uninominales fuera mayor al que le corresponda proporcionalmente, la diferencia será cubierta restando escaños plurinominales a los partidos políticos, alianzas o agrupación ciudadana que tengan los cocientes más bajos en la distribución por divisores en estricto orden ascendente.

CAPÍTULO V
DE LA ELECCIÓN DE LOS MIEMBROS DE LA CÁMARA DE SENADORES

ARTÍCULO 39 (De la Elección de Senadoras y Senadores). En cada uno de los Departamentos, se elegirán cuatro Senadoras o Senadores titulares, con sus respectivos suplentes en lista única con el Presidente y Vicepresidente del Estado.

ARTÍCULO 40 (Sistema de Asignación de Escaños). Por mandato del Artículo 148 de la Constitución Política del Estado, la asignación de escaños se efectuará aplicando el sistema proporcional, los votos acumulativos obtenidos en cada departamento, por cada partido político, alianza, agrupación ciudadana o pueblo indígena, se dividirán sucesivamente entre los divisores naturales: 1, 2, 3, 4, etcétera, en forma correlativa, continua y obligada.

Los cocientes obtenidos en las operaciones, se colocan en orden decreciente, de mayor a menor, hasta el número de los escaños a cubrir y servirán para establecer el número proporcional de senadores que correspondan a cada partido político, agrupación ciudadana, pueblo indígena o alianza en cada departamento.

CAPÍTULO VI
DE LAS SUPLENCIAS Y PÉRDIDA DE MANDATO DE LOS MIEMBROS DE LAS CAMARA DE DIPUTADOS Y SENADORES

ARTÍCULO 41 (Suplentes). El régimen de asambleístas suplentes se sujeta al artículo 150 de la Constitución Política del Estado. En caso de actividades privadas los empleadores otorgarán la licencia correspondiente cuando sean convocados.

ARTÍCULO 42 (De la Pérdida de Mandato). El mandato de Asambleísta se pierde por fallecimiento, renuncia, revocatoria de mandato, sentencia condenatoria ejecutoriada en causas penales o abandono injustificado de sus funciones por más de seis (6) días de trabajo continuos y once (11) discontinuos en el año calificados de acuerdo con el reglamento.

TÍTULO IV
DEL VOTO EN EL EXTERIOR

CAPÍTULO I
DE LAS BASES

ARTÍCULO 43 (Marco Constitucional). Por mandato del artículo 27, parágrafo I, de la Constitución Política del Estado, las ciudadanas y ciudadanos bolivianos mayores de 18 años residentes en el exterior del país tienen derecho a participar en la elección de Presidente y Vicepresidente del Estado y en referéndums de carácter nacional, previo registro y empadronamiento realizado por el organismo Electoral y cumplimiento de las disposiciones de la presente ley.

ARTÍCULO 44 (Competencia y Responsabilidades Institucionales).

I. La Corte Nacional Electoral, es la única competente para planificar, organizar y ejecutar el proceso electoral en el exterior del país, debiendo asumir las responsabilidades que pudieran emerger del mismo.

II. El Ministerio de Relaciones Exteriores y Cultos pondrá a disposición del Organismo Electoral la infraestructura del Servicio Exterior boliviano. En ningún caso las representaciones diplomáticas o consulares podrán atribuirse funciones o realizar actividades que correspondan al Organismo Electoral, ni realizar campañas electorales. La contravención de esta disposición será sancionada con la destitución inmediata de los funcionarios responsables y las sanciones establecidas en el Código Electoral.

ARTÍCULO 45 (Ámbito de Aplicación). El voto de las ciudadanas y ciudadanos bolivianos residentes en el exterior se efectuará donde el Organismo Electoral, progresivamente, vaya creando las condiciones materiales suficientes para su aplicación práctica.

ARTÍCULO 46 (Difusión de la Convocatoria). La convocatoria a elecciones o referéndum emitida por los Órganos Ejecutivo o Legislativo será difundida por el Organismo Electoral, a través de las normas de relacionamiento internacional entre países.

CAPÍTULO II
DEL PADRÓN ELECTORAL Y REGISTRO DE CIUDADANOS EN EL EXTERIOR

ARTÍCULO 47 (Padrón Electoral Único). El Padrón Nacional Electoral es único. Contiene el registro de las ciudadanas y ciudadanos en una sola base de datos informatizada, que integrará y discriminará adecuadamente la información correspondiente a las y los residentes en el país y fuera de él.

Como consecuencia de los requerimientos técnicos del registro biométrico, a efectos de la primera experiencia de voto en el exterior, la Corte Nacional Electoral empadronará hasta un máximo del seis por ciento del Padrón Electoral Nacional. En ningún caso un solo país podrá concentrar más del 50% del registro.

ARTÍCULO 48 (Registro ante Notarios). Las ciudadanas y ciudadanos bolivianos residentes en el extranjero, para habilitarse como electores, se inscribirán en el padrón electoral ante los Notarios Electorales designados por el Organismo Electoral, los que realizarán sus actividades en los puntos especificados por el Organismo Electoral. El registro de las ciudadanas y ciudadanos bolivianos residentes en el extranjero incluirá información biométrica, que contendrá como mínimo las huellas dactilares y la fotografía.

ARTÍCULO 49 (Plazo para el Empadronamiento). Para las elecciones del 6 de diciembre de 2009, el registro de ciudadanas y ciudadanos residentes en el exterior, en las ciudades de los países que determine la Corte Nacional Electoral, se realizará en los plazos técnicos determinados por el Organismo Electoral.

ARTÍCULO 50 (Libros y Documentos del Padrón).

I. Las características y contenido de los libros a utilizar en el registro electoral de residentes en el exterior serán definidas por el Organismo Electoral de acuerdo a requerimientos técnicos, jurídicos y logísticos.

II. La inscripción de las y los ciudadanos se realizará con presentación de cédula de identidad o pasaporte bolivianos vigentes. Esta información será cotejada con la base de datos del registro civil y del Sistema Nacional de Identificación Personal para comprobar la nacionalidad de la persona.

III. Concluido el registro de ciudadanos en el exterior, los libros de inscripción y los formularios de empadronamiento debidamente llenados serán enviados con las medidas suficientes de seguridad para preservar su confidencialidad, utilizando la valija diplomática, a la Corte Nacional Electoral.

CAPÍTULO III
DE LOS JURADOS ELECTORALES

ARTÍCULO 51 (Sorteo de Jurados).

I. El Organismo Electoral Nacional realizará el sorteo de jurados electorales el mismo día que en territorio boliviano de acuerdo a calendario electoral aprobado por la Corte Nacional Electoral.

II. Las listas de los jurados electorales, titulares y suplentes, serán publicadas inmediatamente en la página web del Organismo Electoral y enviadas en registro electrónico a los Notarios Electorales para su impresión y distribución.

CAPÍTULO IV
DEL ACTO ELECTORAL

ARTÍCULO 52 (Requisitos y Formalidades). El acto electoral en el extranjero se realizará observando las formalidades, procedimientos y requisitos exigidos en las mesas y recintos electorales del país, conforme a las disposiciones del Código Electoral.

ARTÍCULO 53 (Material Electoral).

I. La Corte Nacional Electoral hará llegar a los Notarios Electorales el material requerido para el evento electoral, en cantidad suficiente, por lo menos tres días antes de la realización de los comicios.

II. En horario definido por el Organismo Electoral, el Notario Electoral entregará, bajo recibo, al presidente o secretario de cada mesa de sufragio los materiales necesarios, conforme a las disposiciones del Código Electoral.

ARTÍCULO 54 (Papeleta de Sufragio). Para la elección de Presidente o Presidenta y Vicepresidente o Vicepresidenta del Estado, la papeleta multicolor y multisigno llevará los colores, símbolos partidarios, el nombre de las organizaciones política, partido o alianza el nombre y la fotografía del candidato a la Presidencia y el nombre del candidato a la Vicepresidencia, por cada partido, alianza o pueblo indígena originario. Las papeletas incorporarán las mismas medidas de seguridad que las utilizadas en el territorio nacional.

ARTÍCULO 55 (Funcionamiento de las Mesas). Las mesas de sufragio funcionarán al menos ocho horas ininterrumpidas, o hasta que emita su voto la última persona de la fila de ciudadanas y ciudadanos que esperan sufragar, a partir del horario establecido por el Organismo Electoral.

ARTÍCULO 56 (Escrutinio y Cómputo de Votos y Remisión del Material).

I. Concluida la votación los jurados electorales procederán al escrutinio y cómputo de votos y al cierre de la mesa conforme a las reglas establecidas en el Código Electoral.
II. Dentro de las 24 horas siguientes, los Notarios Electorales entregarán las actas de apertura, escrutinio y cómputo y las listas índices al coordinador designado por el Organismo Electoral, el cual a su vez las enviará con las medidas suficientes de seguridad para preservar su confidencialidad al Organismo Electoral Nacional, utilizando para ello la valija diplomática. El cómputo oficial se basará en estos documentos.

CAPÍTULO V
RECURSOS CONTRA EL ACTA DE ESCRUTINIO Y CÓMPUTO

ARTÍCULO 57 (Impugnaciones).

I. Las observaciones e impugnaciones contra el acta de escrutinio y cómputo serán conocidas y resueltas, en el acto, por los jurados electorales de la mesa, cuya decisión deberá constar en la misma acta de escrutinio. Esta decisión podrá ser apelada ante la Corte Nacional Electoral.

II. Todos los antecedentes de las observaciones, impugnaciones y recursos de apelación interpuestos serán remitidos al Organismo Electoral Nacional junto al acta de apertura, escrutinio y cómputo, las listas índices y las papeletas de votación utilizadas.

CAPÍTULO VI
DE LOS DELEGADOS DE ORGANIZACIONES POLÍTICAS

ARTÍCULO 58 (Delegados).

I. Los partidos políticos, agrupaciones ciudadanas o pueblos indígenas y alianzas que postulen candidatos a Presidente y Vicepresidente acreditarán a sus delegados ante los Notarios Electorales designados en el exterior de la República.

II. La Corte Nacional Electoral, con recursos del Tesoro General de la Nación, podrá financiar en igualdad de condiciones la participación de delegados para cada uno de los países donde las bolivianas y bolivianos emitirán su voto.

CAPÍTULO VII
OTRAS DISPOSICIONES

ARTÍCULO 59 (Normas Supletorias). En caso de presentarse situaciones no previstas en la presente ley, se aplicarán las normas del Código Electoral y las disposiciones reglamentarias de la Corte Nacional Electoral.

ARTÍCULO 60 (Campaña y Propaganda Electoral). Las campañas y propaganda electorales en el exterior serán reguladas por el Organismo Electoral Nacional, conforme a las disposiciones del Código Electoral y respetando las normas del país anfitrión.

ARTÍCULO 61 (Financiamiento Suficiente). El Tesoro General de la Nación asignará al Organismo Electoral Nacional los recursos necesarios para llevar adelante los procesos electorales en el exterior.

ARTÍCULO 62 (Reglamentación). La Corte Nacional Electoral reglamentará todos los aspectos necesarios para la implementación del voto de los bolivianos residentes en el exterior y aplicará en lo pertinente las disposiciones del Código Electoral.

TÍTULO V
DE LA ELECCIÓN DE LOS GOBIERNOS DEPARTAMENTALES

CAPÍTULO I
DE LAS ELECCIONES DE AUTORIDADES EJECUTIVAS

ARTÍCULO 63 (De los Requisitos). Para ser candidata o candidato a Gobernadora o Gobernador Departamental, Prefecta o Prefecto del departamento, y otras autoridades electas, se debe cumplir con los requisitos señalados por el artículo 234 de la Constitución Política del Estado y con las siguientes condiciones:

I. El candidato a gobernadora o gobernador y prefecta o prefecto deberá estar domiciliado los dos años inmediatamente anteriores en el departamento.

II. En el caso de la elección de Gobernadora o Gobernador, Prefecta o Prefecto, haber cumplido veinticinco años.

ARTÍCULO 64 (De la Elección de Autoridades Ejecutivas Departamentales).

I. Las Gobernadoras o los Gobernadores y Prefectas o Prefectos serán elegida(o)s en circunscripción única departamental por sufragio universal, directo, libre y secreto.

II. La cantidad de votos requerida para elegir Gobernadora o Gobernador y Prefectas o Prefectos en todos los departamentos es por mayoría simple, a excepción del departamento de Santa Cruz, dónde se requiere mayoría absoluta.

III. En los departamentos donde las normas establecen Vicegobernadores, se elegirán en fórmula única con el candidato a Gobernador.

IV. En el departamento de Santa Cruz, si ninguno de los candidatos a Gobernador obtuviera el voto válido de la mayoría absoluta de los ciudadanos participantes del sufragio, se convocará a una segunda vuelta electoral en la que competirán únicamente los dos candidatos más votados. El que obtuviere la mayoría simple de los sufragios en la segunda vuelta será declarado Gobernador y la Corte Departamental Electoral de Santa Cruz le otorgará las credenciales pertinentes, en acto solemne realizado en el hemiciclo de la Asamblea Legislativa Departamental.

V. En el departamento de Tarija, se elegirán los Ejecutivos Seccionales de Desarrollo en cada sección de provincia, el cual será elegido por voto popular directo y secreto, por mayoría simple, en el mismo acto de elección del Gobernador (a) del departamento y de los diputados departamentales.

ARTÍCULO 65 (De la Revocatoria, Renuncia o Muerte). En caso de revocatoria de mandato, muerte o renuncia presentada en forma personal ante la Asamblea Departamental o el Consejo Departamental; ausencia o impedimento definitivo por sentencia condenatoria ejecutoriada en materia penal, la Gobernadora o Gobernador, Prefecta o Prefecto cesará de inmediato en sus funciones, debiendo la Asamblea Departamental o el Consejo Departamental elegir, de entre sus miembros, al reemplazante por mayoría absoluta de votos. Para aquellos departamentos donde se elijan Vicegobernadores, estos asumirán el mandato en remplazo de la Gobernadora o Gobernador.

CAPÍTULO II
DE LA ELECCIÓN DE ÓRGANOS LEGISLATIVOS DEPARTAMENTALES DE BENI, TARIJA, PANDO Y SANTA CRUZ

ARTÍCULO 66 (De la Composición y Forma de Elección).

I. Departamento del Beni - Asamblea Legislativa Departamental
a) La Asamblea Legislativa Departamental, está constituida por tres representantes de cada una de las provincias del departamento, elegidos mediante el voto, universal, libre, directo y secreto, de los ciudadanos de su circunscripción provincial, dos por mayoría y uno por minoría, además de dos indígenas y dos campesinos departamentalmente, elegidos por sus usos y costumbres.
b) Los miembros de la Asamblea Legislativa Departamental ejercerán sus funciones por cinco años continuos y la renovación de la Asamblea será total, pudiendo ser reelegidos de forma continua por una sola vez.

II. Departamento de Tarija – Parlamento Departamental

a) El Parlamento Departamental se conforma, por esta única vez, por treinta (30) Diputados y Diputadas Departamentales elegidos mediante sufragio universal y directo; doce (12) de los cuales se eligen en base al principio de igualdad territorial de las provincias, quince (15) por población y tres (3) representan a los pueblos indígenas del Departamento. El mandato de los Diputados y Diputadas será de cinco (5) años y podrán ser reelectos por una sola vez. La Ley Electoral Departamental, establecerá criterios de paridad entre mujeres y hombres para la elaboración de listas electorales.
b) Cada provincia tendrá al menos dos Diputados Departamentales por territorio, que se integrarán en lista única al Parlamento Departamental en representación de la provincia.
c) Adicionalmente a los Diputados territoriales, cada Provincia elegirá Diputados departamentales por población, en la forma que determine la Ley Electoral del Departamento Autónomo de Tarija.
d) Los pueblos indígenas del Departamento tendrán tres Diputados Departamentales que se integrarán al Parlamento Departamental; un representante del Pueblo Guaraní, uno del pueblo Weenhayek y uno del pueblo Tapiete.

III. Departamento de Pando – Asamblea Departamental

a) La Asamblea Departamental, está constituida por un representante de cada uno de los municipios de las provincias del Departamento, llamados Asambleístas Departamentales, elegidos en forma uninominal, mediante voto universal, libre, directo y secreto de los habitantes del Departamento Pando, en circunscripciones municipales, de conformidad a las normas electorales en vigencia. Adicionalmente, se elegirá un representante indígena originario campesino por usos y costumbres.
b) Los Asambleístas Departamentales electos ejercerán sus funciones por un periodo de cinco años y la renovación de la Asamblea Departamental será total, no pudiendo ser reelegidos en sus funciones por más de dos períodos constitucionales, sean éstos continuos o discontinuos. Sus mandatos son renunciables.

IV. Departamento de Santa Cruz – Asamblea Legislativa Departamental

a) La Asamblea Legislativa departamental está constituida por veintiocho (28) miembros o Asambleístas proveniente de las provincias y de los pueblos indígenas oriundo del departamento, de acuerdo a la siguiente fórmula:
1. Un asambleísta territorial por cada una de las quince (15) provincias del departamento.
2. Un Asambleísta de cada uno de los Cinco (5) pueblos indígenas oriundo del departamento autónomo de Santa Cruz: Chiquitano, Guaraní, Guarayo, Ayoreo y Mojeño.
3. Ocho (8) Asambleístas por población que se asignarán a las provincias de departamento, según el último Censo nacional de población y vivienda.
b) La elección de los Asambleístas territoriales y por población de las provincias y de los pueblos indígenas oriundo del departamento, se realiza mediante sufragio universal y directo, en la forma que determine la ley electoral del departamento autónomo de Santa Cruz.
c) La postulación de las candidaturas indígenas se realiza por sus organizaciones legalmente reconocidas, sus propias normas y procedimientos. La Corte Departamental Electoral deberá garantizar y avalar la elección de los representantes de los pueblos indígenas oriundo del departamento, de acuerdo a reglamento específico.
d) El mandato de los miembros de la Asamblea Legislativa departamental es de cinco años (5) y pueden ser reelectos una sola vez de manera continua. Las elecciones se celebran dentro de los sesenta días previos a la finalización del mandato. En todo caso, la Asamblea electa asume sus funciones en el plazo máximo de noventa días a contar desde su expiración del mandato anterior.
e) Los Asambleístas pueden ser titulares o suplentes. El Asambleísta suplente asume la representación en ausencia del titular en los casos y condiciones establecidos en el reglamento interno de la Asamblea Legislativa Departamental. Los asambleístas suplentes no tienen remuneración, salvo cuando ejercen las funciones del titular en los casos y condiciones establecidos en el reglamento interno de la Asamblea Legislativa Departamental.
f) Las listas de candidatos titulares tienen una conformación paritaria de hombres y mujeres.
g) Cada una de las 15 provincias tendrá un Asambleísta directo en la Asamblea Legislativa Departamental, elegido de manera uninominal en su jurisdicción.
h) Cada uno de los cinco pueblos indígenas del Departamento Autónomo de Santa Cruz, en virtud del principio de acción positiva, tiene un Asambleísta directo en la Asamblea Legislativa Departamental, de acuerdo a la Ley Electoral del Departamento.

Departamento Escaños por territorio Escaños por circunscripción/población Escaños indígenas Total Asambleístas
Tarija 12 15 3 30
Santa Cruz 15 8 5 28
Beni 24 4 28
Pando 15 1 16

CAPÍTULO III
DE LA ELECCIÓN DE LOS ÓRGANOS DELIBERATIVOS DEPARTAMENTALES EN LOS DEPARTAMENTOS DE CHUQUISACA, LA PAZ, COCHABAMBA, ORURO Y POTOSÍ

ARTÍCULO 67 (Elección de Órganos Deliberativos Departamentales).

I. La composición y forma de elección de los Órganos Deliberativos Departamentales está determinada conforme a la siguiente distribución:

Departamento Escaños por Territorio Escaños por Población Escaños Indígenas Total Asambleístas
Chuquisaca 10 10 1 21
La Paz 20 20 5 45
Cochabamba 16 16 2 34
Oruro 16 16 1 33
Potosí 16 16 - 32

II. Los escaños por territorio serán elegidos mediante voto directo, en circunscripción provincial, por mayoría simple.

III. Los escaños por población serán elegidos por voto directo en circunscripción departamental de las listas encabezadas por los candidatos a Prefectos. Las Cortes Departamentales Electorales asignarán estos escaños con el sistema de asignación de divisores naturales.

IV. Las naciones y pueblos indígena originario campesinos que sean minoría poblacional en el departamento, elegirán directamente a sus Asambleístas de acuerdo a sus normas y procedimientos. Estos representantes tendrán las mismas atribuciones y competencias que los demás Asambleístas.

V. Para ser candidata o candidato a Asambleísta Departamental, se debe cumplir con los requisitos señalados en los Artículos 234 y 287 de la Constitución Política del Estado.

ARTÍCULO 68 (De los Asambleístas Suplentes). Se elegirán tantos Asambleístas suplentes como titulares corresponda.

ARTÍCULO 69 (De la Papeleta de Votación).

I. Para los departamentos de Beni, Tarija, Pando y Santa Cruz, las Cortes Departamentales Electorales respectivas diseñarán las papeletas de votación.

II. En los departamentos de Chuquisaca, La Paz, Cochabamba, Oruro y Potosí, la papeleta de votación en las elecciones departamentales estará dividida en dos franjas horizontales. El votante deberá marcar un solo voto en cada franja:

a) En la primera franja se consignarán los candidatos a Gobernadora o Gobernador o Prefecta o Prefecto, según corresponda.

b) En la segunda franja se consignará los candidatos a Asambleístas Departamentales uniprovinciales.

ARTÍCULO 70 (De la Pérdida del Mandato). En caso de renuncia, revocatoria de mandato, muerte, ausencia o impedimento definitivo por sentencia condenatoria ejecutoriada en materia penal de algún Asambleísta, éste cesará de inmediato en sus funciones, debiendo asumir en su lugar el suplente.

CAPÍTULO III
DE LA ELECCIÓN DE ALCALDES Y CONCEJOS MUNICIPALES

ARTÍCULO 71 (Legislación aplicable). En el marco del régimen transitorio de la presente ley, la elección de Alcaldes y Concejos municipales se sujetarán a la legislación en actual vigencia.

TÍTULO VI
REFERENDO AUTONÓMICO
CAPÍTULO I
CONVOCATORIA

ARTÍCULO 72 (Convocatoria a Referendo). Se convoca a referendo autonómico departamental para acceder, libremente y por voluntad del pueblo, a la autonomía departamental, en los Departamentos de La Paz, Potosí, Chuquisaca, Oruro y Cochabamba para el día 6 de diciembre de 2009.

ARTÍCULO 73 (Elaboración del Estatuto Autonómico).

I. El proyecto de Estatuto Autonómico será elaborado por el órgano deliberativo departamental electo, el mismo que será sometido a referendo.

II. La elaboración participativa de los Estatutos con carácter consultivo, deberá ser con la intervención de al menos la Brigada Parlamentaria, la Asociación Departamental de Municipios y otras entidades representativas del departamento.

CAPÍTULO II
PREGUNTA Y ORGANIZACIÓN

ARTÍCULO 74 (Pregunta del Referéndum Autonómico). La pregunta en el referéndum autonómico será la siguiente:

“¿Está usted de acuerdo que su departamento ingrese al régimen de la autonomía departamental, en el marco de las competencias y atribuciones establecidas por la Constitución Política del Estado, constituyéndose un gobierno autónomo departamental que ejerza facultades legislativas, reglamentarias, fiscalizadoras y ejecutivas?”

ARTÍCULO 75 (Organización y Dirección). La Corte Nacional Electoral, en coordinación con las Cortes Departamentales Electorales, organizará y dirigirá el referendo en cada departamento de acuerdo a las normas previstas en el Código Electoral y en esta ley.

TÍTULO VII
DISPOSICIONES FINALES

PRIMERA (De los Vacíos Legales). Todo lo referido a procedimiento de inscripción de electores, inscripción de candidatos y candidatas, modificación de listas, campaña y propaganda electoral, material electoral, apertura, escrutinio y cómputo, acto electoral, procedimientos disciplinarios, estará regulado por los artículos pertinentes del Código Electoral cuyo Texto Ordenado fue aprobado por Decreto Supremo No. 27830, en todo lo que no contradiga la Constitución Política del Estado y la presente Ley.

SEGUNDA (Exclusión de Requisito). Se exceptúa el requisito de hablar dos idiomas establecido en el Artículo 234 de la Constitución Política del Estado para efectos de la presente Ley, en concordancia con la disposición transitoria décima de la Constitución Política del Estado.

TERCERA (Autonomía Indígena Originario Campesina). En aplicación de los Artículos 294, parágrafo II y 302, numeral 3 de la Constitución Política del Estado, los pueblos y naciones indígena originario campesinos, comprendidos en el alcance de lo establecido en el artículo 30 de la Constitución Política del Estado, que deseen convertir un municipio en Autonomía Indígena Originario Campesina, podrán elaborar su estatuto, y realizar su referendo autonómico en la fecha prevista en el Articulo 72 de la presente Ley, proceso que será administrado por la Corte Departamental Electoral en cumplimiento de disposiciones legales.

CUARTA (Obras públicas). Para todo proceso electoral, treinta (30) días antes del acto de votación, cualquier servidor público, sin que importe su jerarquía constitucional o legal que realice actos públicos de entrega de obras, bienes, servicios, programas o proyectos no podrá difundirlo en medios de comunicación social. El servidor público que infrinja esta prohibición incurrirá en los delitos de abuso de poder en procesos electorales y malversación de fondos públicos. Verificado el hecho, el organismo electoral competente remitirá antecedentes al Ministerio Público para el ejercicio de la acción penal correspondiente.

QUINTA (Violación de los Principios del Sufragio). En el caso de que se compruebe la violación a los principios del sufragio, el jurado electoral, antes de concluir el acto de escrutinio y computo, resolverá por mayoría de sus miembros presentes sobre la procedencia de las denuncias presentadas, pudiendo las mismas ser objeto de apelación ante la Corte Departamental Electoral que deberá ser sustanciado en el plazo máximo de 48 horas, pudiendo ser rechazado por falta de prueba objetiva o declarada la nulidad del voto por el jurado electoral o la Corte Departamental Electoral, no siendo tomado en cuenta para el cómputo de resultados. Sin perjuicio de revisión por parte de la Corte Nacional Electoral

En caso de que estas denuncias representen un cinco por ciento (5%) del total de inscritos en la mesa electoral respectiva, la autoridad electoral deberá disponer la anulación de la mesa y ordenar la repetición del acto electoral en el plazo de una semana posterior al día de la realización del acto electoral.

SEXTA (Garantía de Control Electoral). Se garantiza el control electoral mediante las organizaciones políticas en todos los recintos y mesas electorales. En caso de que se vulnere o amenace este derecho, los jurados electorales deben efectivizar este control y participación, recurriendo al auxilio de la fuerza pública si fuese necesario.

Si acaso estos derechos no fuesen respetados por el jurado electoral, los delegados de las organizaciones políticas podrán elevar su denuncia ante la Corte Departamental Electoral sin perjuicio de revisión por parte de la Corte Nacional Electoral

SÉPTIMA (Invitación a Organismos Multilaterales). La Corte Nacional Electoral deberá invitar a un grupo de organismos multilaterales como la Unión Europea, la Organización de las Naciones Unidas y la Organización de Estados Americanos para realizar un acompañamiento y brindar asesoramiento técnico al proceso de desarrollo de un nuevo padrón electoral hasta diciembre del 2009.

OCTAVA (Funcionarios y Bienes Públicos).

I. Se prohíbe a los funcionarios públicos, bajo pena de destitución, dedicarse durante las horas de trabajo a actividades relacionadas a propaganda o campaña política. Se prohíbe la publicidad gubernamental, en todos los niveles de gobierno, durante los treinta (30) días anteriores a la fecha de votación.

II. Asimismo, queda terminantemente prohibida la utilización de bienes públicos de cualquier tipo en actividades partidarias, electorales o proselitistas. Si se comprobara la violación de esta disposición, las Cortes Electorales solicitarán la suspensión inmediata del funcionario infractor y la remisión de antecedentes ante el Ministerio Público para el inicio de las acciones legales correspondientes. De igual forma, se prohíbe el descuento económico por planillas de los salarios de los funcionarios públicos para el financiamiento de campañas electorales.

III. En todo proceso electoral, treinta (30) días antes del acto de votación, ningún servidor público sin que importe su jerarquía podrá publicitar ni difundir los actos públicos de entrega de obras, por ningún tipo de medio de comunicación social.

Es dado en la Sala de Sesiones del Honorable Congreso Nacional, a los trece días del mes de abril de dos mil nueve años.

Álvaro García Linera
CIUDADANO PRESIDENTE DEL H. CONGRESO NACIONAL
VICEPRESIDENTE DEL ESTADO PLURINACIONAL

DIPUTADO SECRETARIO SENADOR SECRETARIO

Importar ánforas para diciembre

2009-03-17T19:50:00.000-07:00

Erick Fajardo Pozo

Sospeche lo indecible, imagine lo impensable y tendrá la justa medida de lo que es capaz Evo Morales en el afán de perpetuar su residencia en Palacio Quemado.

Semanas atrás el economista Humberto Vacaflor sentenciaba que en enero Evo “forzó las cifras” demasiado; que para volver a ganarle a la lógica y a la historia en diciembre tendría que “importar ánforas selladas”; que “la criatura” estaba virtualmente derrotada (Cf. La Razón 02/15/2009).

Ironía de ironías, no se cumple un mes de tan optimista vaticinio y el MAS tiene virtualmente aprobado el instrumento jurídico que creará las condiciones formales para un gran fraude en el exterior. La exégesis con que Vacaflor pretendió satirizar el dilema oficialista quedó corta ante la firme decisión gubernamental de importar ánforas para diciembre.

Evo se lo advirtió al país, ellos llegaron para quedarse. No hay diques morales ni jurídicos que medien en la estrategia de poder del MAS y García Linera se lo recordó a senadores esta semana: ellos no deciden nada. Si la Cámara Alta no ha cumplido con la formalidad de refrendar hasta principios de abril la ley del Régimen Electoral Transitorio del Poder Ejecutivo, el Congreso –el único lugar donde el MAS es realmente mayoría– lo hará.

Y es que nuestro peor temor, nuestra susceptibilidad en apariencia más ilógica e infundada, le resulta al MAS perfectamente racional en función de su proyecto de poder. Habrá voto en el exterior y las condiciones del empadronamiento que el Gobierno ha expresado la decisión de imponer hacen que nuestros peores temores se tornen en realidades eventuales.

El martes, el canciller Choquehuanca lo anunció oficialmente: Con esta ley, para habilitarse y votar en el exterior los migrantes no necesitan tener una “condición regular”. En realidad no se necesitará nada, excepto la decisión de declararse boliviano y registrarse como tal en un Consulado de nuestro país (Cf. La Razón, 03/10/2009).

¿Y quién fiscalizará la administración del empadronamiento electoral en esos reductos de extraterritorialidad del Ejecutivo que son las agencias consulares en el exterior? ¿Está la Corte Nacional Electoral en posición de ofrecer alguna garantía de administración transparente de ese proceso o que su actitud será menos parcial de lo que ha sido hasta hoy? Porque, en los hechos, el registro electoral en oficinas consulares no es más confiable que la bochornosa emisión de cédulas de identidad en casas de campaña del MAS el 2008.

Cuántas veces en los últimos tres años habremos deseado todos que esta pesadilla dure lo que una salva de cohetes. Pero Evo es una penosa realidad con la que tendremos que aprender a vivir; es un síntoma de la crisis de Estado que nos acompañará el tiempo que le tome al país resolver sus problemas estructurales y a la clase política superar su cultura electorera. Nadie va a frenar este proceso de funcionalización de los mecanismos electorales con un golpe de suerte de último momento o soslayando la amoral capacidad de improvisación del MAS.

De ahí la convicción de que asumir que “Evo está derrotado” y que en diciembre no habrá fraude que pueda evitar que el Gobierno pierda, sería pecar una vez más de un optimismo peligrosamente próximo a la ingenuidad y que ha sido responsable de empujar a la ciudadanía a concurrir a las urnas en dos ocasiones, sin la menor garantía de que los resultados reflejen lealmente su voluntad soberana.

Está en proceso una orden de ánforas llenas desde el exterior. El Gobierno es capaz de eso y de cualquier otra cosa que el resto de los bolivianos podamos considerar contraria a la norma, al principio o a la ética.

Moral política, institucionalidad electoral y cultura democrática: Elementos para entender la crisis de la “oposición” en Bolivia.

2009-03-16T11:24:00.000-07:00

“Toda encuesta de opinión supone que todo el mundo puede tener una opinión; o, en otras palabras, que la producción de la opinión está al alcance de todos. Aun a riesgo de contrariar un sentimiento ingenuamente democrático, pondré en duda este primer postulado” (Pierre Bourdieu)[i].

Erick Fajardo Pozo[1]

Con la aprobación de su Constitución esas elites políticas que desde 2000 propugnan el capitalismo andino-amazónico como proyecto de poder y promueven el “proceso de cambio” hacia un Estado plurinacional-comunitario como visión de país, han consolidado un proceso sostenido de construcción de hegemonía política, institucional y cultural.

Discutir entonces la naturaleza del liderazgo de Evo Morales resulta una ejercicio gratuito y estéril, en la medida en que es la alternancia, y no la caracterización del poder constituido, el problema de la agenda nacional pendiente de reflexión. En otras palabras, hay que abordar la crisis de la oposición política para establecer la distancia entre el fenómeno y el concepto; para establecer – más allá del circunstancial “efecto Evo” – cuáles son las causas estructurales del debilitamiento de la alternancia en Bolivia y cuáles sus perspectivas.

Aquí se abre una paradoja: Si bien el debate de coyuntura es la oposición, su rol y sus desafíos, en Bolivia la oposición – al menos como manifestación política objetiva – ya no existe. Es más, el concepto mismo de oposición ha entrado en crisis, en la medida en que los procesos de ampliación democrática regional y descentralización político-administrativa instalaron una nueva dialéctica que restó centralidad a la dialéctica política formal, trasladando la disputa del campo político fuera de los espacios de deliberación congresal e incorporando nuevos escenarios y actores.

Para sustentar tan osada afirmación haré el esfuerzo de salvar el debate sobre la crisis de la oposición del rol eminentemente electoral, al que tradicionalmente ha sido restringido el desarrollo y alcance de esta categoría fundamental, para tratar de reconciliarlo con su acepción doctrinal. Planteo rescatar el debate de la oposición del ámbito del marketing y la economía electoral, para la sociología política.

Más aun, para percibir en toda su magnitud la crisis de la oposición habrá que renunciar de momento a los lugares más comunes acerca de la política; a esas categorías irreflexivas y mecánicas que el odioso “sentido común” de la intelectualidad funcional – eso que Bourdieu denomina “la opinión formal” – nos ha impuesto. Para analizar la crisis de la oposición, con rigor científico, habrá que rebasar esos presupuestos y formulismos de mercadeo político que buscan restringir el ejercicio de la política y la democracia al escenario de los procesos electorales y refutar esas verdades inefables acerca de una vocación unívocamente electoral de la democracia.

Y dado que la disputa por el poder es la lucha simbólica por hacer prevalecer la verdad dominante o por hacer prevalecer una verdad alterna, el debate se suscita no sólo en el terreno político sino – y sobre todo – en el académico. De ahí la necesidad de caracterizar la crisis de la oposición a partir de dos conceptos: el de campo político y el de doxa[ii].

En síntesis, metodológicamente hablando, habrá que romper con el reduccionismo fetichista que busca analogizar democracia con elecciones, para entrar en la cocina de la política y deconstruir el concepto de oposición caracterizando los principales elementos de su crisis fuera de la visión tradicional de alternabilidad como sucesión electoral en la toma del Estado y lejos del falso presupuesto de que democracia son elecciones y sólo eso.

La oposición no existe: el fin del Estado-cosa

Una apreciación del sentido común prevalente para retratar la situación de quiebre de la oposición política en Bolivia suele ser “en Bolivia hay crisis de liderazgo” y otra muy común es que “la oposición está dispersa y fragmentada”. A partir de la prolija disquisición conceptual del documento base sobre qué es el liderazgo y qué no lo es, me parece que tales consideraciones apenas tienen fundamento.

Una lógica lineal y simplista busca atribuir a la ausencia de una figura política de consenso general una crisis que en realidad responde a un proceso largo de debilitamiento moral e institucional de la representación política que ha culminado con la ausencia de condiciones básicas para la organización de una oposición seria. Luego de una crisis compleja y prolongada de socavamiento de la institucionalidad política por caudillismos parricidas no existe más una oposición, al menos no una en términos de estructura institucional, con capacidad de plantear horizontes políticos alternativos y con credibilidad suficiente para interpelar a la sociedad civil (cf. PULSO N° 483: 8-9).

Y no nos referimos a la ausencia de un contexto de pluralismo que la posibilite. La definición clásica plantearía que “la oposición, como elemento integrante y conformado de la vida política, sólo aparece con la praxis histórica del Estado democrático liberal” (cfr. DE VEGA 1970: 91). Más bien decimos que, más allá de existir condiciones formales para el ejercicio de una oposición congresal y de existir actores no oficialistas en uso de la representación política, hay ausencia absoluta de una institucionalidad partidaria, una visión de país y un programa político alternativo al oficialismo y su discurso hegemónico.

Porque la oposición no es sólo escaños en la cámara de representantes o aparato de acción proselitista, no es sólo alternativa electoral sino alternativa estructural para la recomposición de la sociedad. No es esencialmente “plataforma” o “frente” dentro esa visión cosificada tradicional de toma del gobierno cual toma del poder[iii]; es – ante todo – ideología, estructura y estrategia de largo aliento para construir contrapoder y contrahegemonía.

Sánchez Agesta diría que la oposición se manifiesta “…en el Estado contemporáneo como una fuerza alternativa que, dentro de cierta unidad de convicciones constitucionales, aspira a ejercer el Poder como gobierno o influye en el ejercicio del Poder, cuando no lo ejerce, mediante un control. Cuando esta situación se define de una manera que en cierta forma podríamos llamar institucional, se denomina oposición” (Cfr. Derecho constitucional comparado, Madrid 1958, 53 ss.).

De esto debemos inferir que, siendo el marco constitucional vigente de una naturaleza distinta al de la coyuntura que empoderó al actual Congreso, estando la representación no- oficialista ausente de estructura e ideología y habiendo abdicado de su rol de fiscalización efectiva del gobierno, la actual “oposición” congresal representa una entidad desfasada de la ética y de la historia; un resabio de esa concepción del poder como Estado-cosa que enajenó la representación política, desvinculándola del mandato y la agenda de la sociedad civil.

La doxa de las ánforas y el caudillismo electorero

El caudillismo es un parásito que enajenó los mecanismos de representación de la democracia formal y que tomó de rehenes a los partidos políticos hace décadas. De hecho, al no haber existido capitalismo, es decir elites económicas con un proyecto de poder propio, tampoco existió jamás una derecha política organizada, sólo incidentales irrupciones electorales de grupos de interés económico – García Linera dixit – encomenderos, desorganizados, circunstanciales y subsidiarios.

En términos formales, Bolivia aparenta ser una sociedad democrática, amalgama interminable de expresiones políticas en constante dinámica de evolución y reproducción. En términos absolutos, en Bolivia no hay liderazgos nacionales ni partidos políticos, sino caudillismos territorializados y fórmulas electorales incidentales que han generado una subcultura política de enclave y de corto plazo.

Durante la pasada década el activismo cívico se ha desarrollado sobre la falsa percepción de que los procesos políticos empiezan y terminan en las urnas. Un conjunto de clichés y aforismos neoliberales han construido el falso presupuesto de que los procesos políticos son procesos eminentemente electorales; que la construcción de mecanismos de alternancia política se circunscribe a ese corto plazo que precede al acto eleccionario.

Esta concepción sobrevaluada del proceso electoral, como “culto” a la consulta política, está cuestionada, en la medida en que ha forjado una comprensión inmediatista, cortoplacista y sin proyección histórica del rol de la política y de sus actores [iv].

Esta manera de entender la política, más propia del marketing político que de la politología, ha dejado un legado de silogismos y fórmulas acabadas que han forjado un sentido común pobre y limitado sobre el quehacer político; un rosario de lugares comunes que en pocas décadas ha devaluado la institucionalidad partidaria hasta reducir la actividad política al proselitismo electoral para lograr la representación formal y a un ejercicio clientelar de la representación de corte burocrático palaciego.

No es un problema nuevo. En 1990 el antropólogo Néstor García Canclini planteaba ya que la variante neoliberal latinoamericana estaba despolitizando la política[v]. Casi dos décadas después, buena parte de lo popular se ha convertido hoy en espectáculo televisivo y en cifras estadísticas de acción neutralizante que buscan reducir la participación política al ritual electoral llevándonos – García Canclini dixit – “de la representación política a la teatral”.

Democracias regionales. Efímero atisbo de una nueva oposición

Pero la política ni empieza ni termina en las urnas y esta crisis de representación contemporánea empujó en 2005 a la sociedad civil a potenciar expresiones de disidencia cívica y a buscar su institucionalización y territorialización. Es así como nacen los cabildos y movilizaciones cívicas del periodo 2005-2008, que construirían una institucionalidad regionalizada como alternativa de oposición: las democracias prefecturales.

Después de 2005, las posibilidades de una oposición política efectiva pasaban por el reconocimiento institucional y la articulación política de las democracias regionales al Estado, en la medida en que “…el reconocimiento de la inevitabilidad de la disidencia política está detrás de esta aceptación de una oposición institucionalizada, de acuerdo con las características de todo régimen democrático” (Cfr. Gran Enciclopedia Rialp 1970: 457, oposición política).

Sin embargo, a mediados de 2006, la administración Morales habría de suprimir, después de un fallido primer ensayo, el CONADES (Consejo Nacional de Descentralización) y habría de negarse hasta el final a reconocer el CONAPRE (Consejo Nacional de Prefectos) un cuerpo colegiado que agregaba a las democracias regionales en función a la demanda de políticas de desarrollo descentralizadas, el control de la ejecución de recursos del Estado central hacia los gobiernos departamentales y la defensa del orden constitucional.

Al consolidarse en 2007 como contrapoder efectivo, es decir, ejercer el rol de oposición a pesar del no reconocimiento institucional de sus prerrogativas políticas, el Consejo Nacional Democrático CONALDE (una versión posterior del CONAPRE con competencias y reivindicaciones ampliadas) fue la última referencia efectiva de oposición política en Bolivia.

Pero tras el revés del Revocatorio de agosto 2008 y la crisis de septiembre en la “media luna”, el CONALDE perdió su perspectiva nacional y reasumió la reivindicación regional de recursos y competencias, resignando liderato/presencia nacional y sumiéndose sus líderes en la misma crisis de representatividad de la oposición partidaria (cf. PULSO, N°483: 8-9).

Los componentes de la crisis y perspectivas de solución

Ni de lejos pretenderemos aquí dar una fórmula acabada para la recomposición de la oposición. Se busca más bien plantear temas para una agenda de reflexión que deberá ser asumida por los intelectuales de la alternancia y establecer las tareas de fondo que deberán asumir la resistencia cívica y los líderes territoriales en la perspectiva de convertirse en una verdadera oposición política.

En ese sentido, hay tres componentes de la crisis de la oposición, que deben ser desarrollados y superados como parte de esa agenda de reflexión/deconstrucción de los sentidos comunes y las verdades oficiales sobre democracia de la era populista post-neoliberal:

La crisis moral de los lideratos y caudillismos
La crisis de la institucionalidad electoral
Una cultura sufragista irreflexiva de las clases medias

I. Caudillos sin escrúpulos, oposición sin credibilidad.

Cuando en noviembre de 2008 planteábamos hacer un balance del Revocatorio y sus consecuencias políticas para la oposición regional, decíamos que el tema de fondo era que el Revocatorio le había planteado al movimiento regional la cuestión del poder. Advertíamos entonces – y reafirmamos hoy – que el cálculo político y la “tentación electoralista” habían llevado a la oposición cívico-prefectural a optar por ir a las urnas, antes de asumir su “opción de poder real” (Cf. PULSO, N°469: 6-7).

No lo hizo mejor la representación no–oficialista en el Congreso. La aprobación de los referéndums Dirimidor y Constitucional, en circunstancias terriblemente contradictorias con su propio discurso de impugnación a los métodos del oficialismo en Sucre y Oruro, consolidó la percepción ciudadana de una oposición funcional al gobierno y liquidó cualquier perspectiva que todavía hubieran tenido los partidos con representación congresal, después de las inexplicables coyunturas de la ampliación de la Asamblea Constituyente y aprobación del Referéndum Revocatorio.

Y es que se demanda dejar de plantear la política en función de cálculo electoral y empezar a hacer política. Ser oposición es construir una institucionalidad y una visión alterna; una organicidad, un programa y estrategias no para la toma del poder sino para construir poder, no para ganar elecciones sino para construir estado. El acto electoral es apenas el correlato, el último eslabón de la cadena de construcción del poder.

No hay una pretensión de “renuncismo” en esta proposición, no se está planteando la abstención electoral, se está dejando establecido que en tanto la restitución de la institucionalidad partidaria esté pendiente, la concurrencia a elecciones seguirá siendo lo que hasta hoy: alianzas circunstanciales, discursos improvisados, ausencia de un programa político alternativo y una imagen de vacío opositor que refuerza la incertidumbre.

El riesgo del cortoplacismo electoral no se limita sólo a la posibilidad de ser derrotado; eventualmente, aun la improvisación lleva al poder. El verdadero riesgo es que las elecciones sigan siendo mecanismos de empoderamiento de candidatos y no de representantes; de caudillos pequeños y grandes que representen su propia ilusión de “hacer primavera” y no de líderes que encaucen una solución nacional incluyente e integral.

Las perspectivas de la alternancia, la distancia entre hacer resistencia y ser oposición son proporcionales al tiempo que se siga empleando en persistir en la toma del Estado y postergar la tarea de construir poder. En tanto no se postergue la lucha por ser candidatos y se emprenda la lucha por la hegemonía – que involucra la construcción de un proyecto de poder alternativo al poder constituido –, la fragmentación de la oposición seguirá condenando a la postergación la alternabilidad democrática.

La tarea de la producción ideológico-doctrinal y la reproducción partidaria son mecanismos de sostenibilidad ineludibles y aun pendientes de construir, si ha de garantizarse la emergencia de una oposición y la alternancia.

II. Restaurar la institucionalidad electoral antes de llevar al país a votar

Cuando los mecanismos electorales están intervenidos no son garantía de solución sino un síntoma más del problema. Existe una actitud perniciosa, irresponsable y funcional de parte de la clase política nacional y de cierta intelectualidad mediática empeñadas en arrastrar a las urnas a un país cuya institucionalidad electoral ha sido intervenida.

El sociólogo Fernando Mayorga, entre otros académicos de las concepciones dominantes de la política, se ha constituido en el promotor de un irreflexivo culto a las urnas que no aporta mayor sustento que la presunción demiurgica de que “todo está bien en tanto la gente vote”. (cf. LA RAZÓN, enero 09 de 2009, A4). Pero la institucionalidad electoral no es una entidad extraterrenal y sus actuales administradores han comprometido como nunca toda presunción de equidad en el manejo de los últimos procesos electorales.

Tras el referéndum sobre la reelección presidencial permanente en Venezuela, el ideólogo de la oposición venezolana, Alejandro Peña Esclusa, hizo público su balance de los resultados planteando dos elementos: a) su autocrítica a una oposición decadente que empuja al simplismo de plantear la alternabilidad cual eventual resultado de una concurrencia electoral mecánica, sin reparar en la ausencia de condiciones mínimas para administrar procesos electorales y b) la necesidad de afrontar que, cuando los mecanismos electorales pierden su independencia, cuando las urnas son instrumento de validación del orden político y no garantía de alternabilidad, las elecciones ya no son una alternativa de salida a la crisis [vi].

En Bolivia la situación es algo peor. La progresiva desinstitucionalización de los instrumentos electorales y su funcionalización al poder constituido han consolidado un andamiaje de manipulación de la opinión política, que será tarea prioritaria de una oposición emergente desinstalar.

Existe un dispositivo electoral complejo que incluye a) una Corte Electoral incondicional del poder político, b) un Padrón Electoral distorsionado por procesos de identificación fraudulentos, c) un mecanismo de presión sindical que puede garantizar que la participación histórica de electores del área rural (69%), suba a 97% en dos años[vii]. A este debemos integrar ahora el decretado empadronamiento en el exterior y una Ley Electoral Transitoria que le dará a Evo Morales garantías absolutas para permanecer en el poder a pesar de los resultados (cf. OPINIÓN, febrero 18: 8A).

Lo advirtió en julio de 2008 el Prefecto de Cochabamba, a tiempo de renunciar a someterse al Revocatorio: la verdadera amenaza de concurrir a consultas electorales bajo condiciones de administración tan poco transparentes y equitativas, no es perder un escaño o un cargo, sino permitir que se suplante a las mayorías; que se monte y se valide en el acto electoral un dispositivo de reafirmación de presupuestos funcionales al poder como el de la “mayoría indígena”, el voto “comunitario”, la legitimidad del proceso de cambio, la validez del capitalismo andino, etc., etc.; presupuestos que una vez validados por resultados electorales inconstatables mantendrán la existencia de una oposición alegórica, reducida a voluntarismos egocéntricos, con un porcentaje de escaños insignificantes y sin capacidad real de ser oposición[viii].

Dejar el “culto al voto” y construir nueva cultura democrática

Pero si los partidos debe abandonar el personalismo exacerbado del “culto al caudillo”, la tarea ciudadana está en abandonar el culto a las urnas; deconstruir nuestra cultura de concurrencia irreflexiva y mecánica a procesos electorales que no están sometidos a ningún mecanismo independiente de control de constitucionalidad y que administran órganos políticamente intervenidos.

Empecé este comentario con una paráfrasis de Pierre Bourdieu, que denunciaba el sentimiento ingenuamente democrático construido sobre la verdad aparente de que todos ejercemos el mismo derecho a la opinión, cuando en los hechos, los mecanismos de consulta política no garantizan el peso específico y equitativo de la opinión de todos (piense en el “voto comunitario”, frente al postulado de “un ciudadano, un voto”). Se trata de mostrar la opinión como posiciones acabadas sobre preocupaciones comunes, cuando apenas reflejan el interés por preguntar de quienes hacen las preguntas (cf. BOURDIEU, 2000: 220-221).

Hay que abandonar esos presupuestos preindustriales de democracia que yacen en nuestro inconsciente colectivo; presupuestos que reproducen las condiciones de la dominación, apoyados en silogismos de marketing y falsas premisas acerca de la virtud per se de concurrir a las urnas.

Hay que denunciar a la sociolocracia funcional que intenta inducirnos al sopor de la resignación dóxica ante las cifras. El aforismo futbolero ese de “cállese y juegue” no se aplica a la política, en circunstancias en que los mecanismos electorales son parte de la enajenación del poder y se han convertido en parte del capital hegemónico en disputa.

Hay que abandonar ese “culto al voto” como demiurgo[ix] que todo lo resuelve; que todo lo subsana. Hay crisis económica, vamos a las urnas; hay violencia y confrontación, vamos a votar. Van ocho procesos electorales en tres años y ni de lejos la demanda autonómica o la reconfiguración constitucional del Estado se han zanjado, mucho menos la situación de subdesarrollo, pobreza, marginalidad y exclusión se han resuelto.

En términos de metodología el efecto es aún peor ¿Son los datos de la CNE una fuente de información primaria válida para construir sobre ella escenarios de correlación de fuerzas? ¿Cuál es la validez y verificabilidad de los datos aportados si la base de datos está contaminada? ¿Si el proceso de recolección de información está dirigido y la selección de preguntas está sesgada?

En tanto no podamos determinar la incidencia de estos cinco fenómenos de distorsión citados en la verificabilidad del voto, los resultados electorales, como datos, no son información confiable para hacer prospecciones o establecer conclusiones serias sobre la coyuntura política.

Esta es la última y la más importante tarea: pelear contra el sentido común que nos oprime, desinstalar esas pseudoverdades ya sin fundamento objetivo que nos llevan una y otra vez al cadalso electoral para asumir que la tarea principal es la reinstitucionalización de los instrumentos electorales, pero además una cultura de la participación política crítica y activa.

Hay que abandonar esos lugares comunes que usan el poder constituido y una derecha funcional, sumida en una mediocridad cómplice, para empujarnos a reafirmar la hegemonía populista totalitaria y para empoderar oposiciones castradas de vocación poder que no representan sino el interés de quienes llevan a votar a un país para adormecerlo de sus males en medio del espejismo de una alternancia que jamás se produce y de una opinión distorsionada por la intervención política de los instrumentos electorales.

BIBLIOGRAFÍA

BOURDIEU, Pierre

2000 Cuestiones de sociología (Trad. Enrique Martín Criado). Istmo, España.

2001 El campo político. Plural. Bolivia

GARCÍA CANCLINI, Néstor

1990 Culturas híbridas. Estrategias para entrar y salir de la modernidad. Grijalbo, México.

CIORAN, Émile Michel

1979 El aciago demiurgo. (Trad. Fernando Savater). Taurus, España.

DE VEGA, Pedro

1970 “Para una teoría política de la oposición”. En Boletín informativo de Ciencia política, Alianza, 5 diciembre, 91.

FOUCAULT, Michel

2000 Un diálogo sobre el poder (Trad. Miguel Morey). Alianza, España

FAJARDO, Erick

2009 “Bajo el signo de Caín. Consideraciones sobre la crisis moral de la institucionalidad política en Bolivia”. En Pulso. Editora Pulso S.A., Año 9, N° 483, La Paz.

2008 “Las regiones y la cuestión del poder”. En Pulso. Editora Pulso S.A., Año 9, N° 469, La Paz.

NOTAS

[1] Erick Fajardo es egresado de la carrera de Ciencias de la Comunicación de la Universidad Mayor de San Simón. Dirigente universitario, periodista e investigador. Fue asesor político y portavoz del prefecto Manfred Reyes Villa y es columnista de los diarios nacionales La Razón, El Deber, Los Tiempos y Opinión.

[i] BOURDIEU, Pierre: “La opinión pública no existe”. En Cuestiones de sociología. Madrid, Istmo, 2000.

[ii] Entendidos ambos conceptos desde la perspectiva teórica de Pierre Bourdieu, que se resiste a entender la política como institucionalidad estatal sin más, como cosa a tomar, y la define como espacio en permanente disputa y por otro lado denuncia el “fatalismo” y la resignación ante la “visión política dominante” construidos a partir de esas verdades que el sentido común suele instalar dentro nosotros como “irrefutables” y que en buena parte sostienen la racionalidad del poder dominante. BOURDIEU, 2001.

[iii] Michel Foucault, en sus “diálogos” con Gilles Deleuze, criticaba ásperamente ese reduccionismo del concepto de poder que nos llevaba a la percepción equivocada de pensar en las instituciones absolutas como receptáculos del poder; al error de pensar que la toma de Estado es la toma del poder. N. de R.

[iv] cf. BOURDIEU 2000: 220.

[v] Cf. GARCÍA CANCLINI, Néstor. “Pueblo, popular, popularidad: de la representación política a la teatral”. En Culturas Híbridas. Estrategias para entrar y salir de la modernidad”. Grijalbo, México, 1990.

[vi] Peña Esclusa denuncia la “miopía” de una derecha venezolana acabada, que será superada y plantea que la lucha debe asumir otros escenarios “más realista y efectivos”, ya no electorales (cf. http://www.lahistoriaparalela.com.ar/2009/02/17/venezolano-%C2%A1alegrate%C2%A1lo-ocurrido-el-15-f-es-bueno/).

[vii] El experto en economía electoral Luis Pedraza plantea que el llamado “voto comunitario” encubre un sistema de alienación democrática que durante el revocatorio permitieron el absurdo de 300 mesas con el 100% de electores y que en enero de 2009 elevaron esas cifra a 800 mesas (cf. VACAFLOR, Humberto. “Una salva de cohetes”. En La Razón. 15/02/2009).

[viii] Cf. LOS TIEMPOS, domingo 20 de julio de 2008. A2.

[ix] Según Platón y Ciorán en la cima de los seres existe un ser perfecto e inmanente cuya propia perfección hace que no tenga relación alguna con el resto de seres imperfectos. Se usa para explicar sin explicar alguna cosa; siempre que algo sucede sin que podamos explicarlo, se le atribuye al demiurgo N.de R.

Los prefectos y el "pacto de La Habana"

2009-03-07T15:47:00.000-08:00

Negar a esta altura que la crisis de la oposición tiene origen en la inmoral impostura de la partidocracia congresal, sería un absurdo. Peor aún, apostar cualquier acción jurídica seria contra el gobierno de Evo Morales al respaldo de la "oposición" en el Congreso, resulta de una ingenuidad que raya peligrosamente en la estupidez.

A escasas horas de que el Conalde pretendiera retomar liderazgo nacional querellándose contra el presidente Morales por emitir disposiciones que viabilizaron contratos lesivos al Estado en YPFB y la ABC, la Comisión del Senado que investiga el escándalo en la estatal petrolera evacuó la Resolución 13/09, que absuelve a Evo de cualquier responsabilidad en el millonario desfalco que empezó con su firma en dos polémicos decretos.

El "entendimiento de La Habana", ese viejo pacto de "herir pero jamás a matar" suscrito en la isla por las cabezas del oficialismo y la oposición ni bien iniciada la legislatura 2006, demostró su plena vigencia e hizo morder el polvo de la frustración a los caudillos de la resistencia regional, de nuevo.

Esto, por supuesto, provocó que se oficialice la dimisión de un bloque de legisladores podemistas, liderados por el presidente del Senado Oscar Ortiz, dejando sentada la incompatibilidad moral entre quienes se van y quienes se quedan en la agrupación de Quiroga Ramírez. Sirve como señal, pero no como perspectiva para recomponer la oposición y es - como reconoce Ortiz - una apuesta incierta al largo plazo.

Por otro lado, lograda la absolutoria complicidad senatorial, era previsible que viniera un feroz contraataque del gobierno a los prefectos. El MAS y Podemos entienden perfectamente que para Mario Cossío y los otros caudillos regionales enjuiciar al presidente Morales representa no sólo la posibilidad de retomar el liderazgo de la oposición, sino -y sobre todo- la opción de librarse del estigma de la capitulación de septiembre de 2008 que devaluó al movimiento cívico-prefectural.

Los prefectos, por su parte, apostaron todo a una sola mano; en esta osada maniobra se jugaron la absolución de sus errores políticos y perdieron, de nuevo.

Su error es recurrente: una ingenuidad que raya en la idiotez y la falta de lectura política nacional. Tan absurdo simplismo de pensar que era posible hacer prosperar semejante ofensiva contra el oficialismo apoyándose en Podemos, es creer en la posibilidad de una oposición como simple agregación de todos los resabios neoliberales. Pero lo gatos viejos no aprenden trucos nuevos y el senador Walter Guiteras ha notificado oficialmente a los prefectos que de Podemos no pueden esperar nada.

Y es que después de haberlos inducido al Revocatorio de agosto de 2008 y a la vergonzosa capitulación de la autonomía en septiembre, pisar de nuevo el palito y confiar nuevamente tan osada táctica al respaldo de la partidocracia senatorial, fue malograr una gran oportunidad y reincidir en un error político de lesa inmadurez; un error que esta vez cobrará una cara factura al Conalde.

Manfred se lo advirtió al Prefecto de Tarija en julio de 2008: La verdadera contradicción política en este país está dada entre quienes pregonan la descentralización del poder y quienes se aferran al viejo modelo de concentración del poder. Hay mayor identidad de intereses entre la partidocracia de derecha y el MAS que lealtad hacia las regiones.

El Conalde tiene la dura tarea de asumir que oponerse al centralismo es también ponerse al frente de los intereses de la partidocracia; romper con el absurdo presupuesto de "estamos todos en el mismo bando". Para Mario Cossío, que claramente aspira a presidir el Conalde, la disyuntiva es aun más drástica: Hay que decidir entre asumir vocación de poder real o seguir siendo el tonto útil de esa derecha residual que lo empujó a ser el eslabón débil del proceso autonómico.

Perpetuarse por las malas o por las mañas

2009-02-18T10:13:00.000-08:00

El Poder Ejecutivo ha conminado al Congreso a aprobar su Régimen Electoral Transitorio y ha decretado que el registro electoral de bolivianos en el exterior se hará en sus agencias consulares. Ambos elementos, unidos al Padrón Electoral, el “voto comunitario” y una Corte Nacional Electoral incondicional, componen un dispositivo que dará a Evo el control de todo proceso electoral. La perpetuación del régimen Morales es cuestión de tiempo.
El parcialismo de la Corte Electoral y la contaminación del padrón son problemas de larga data y es un hecho que las “carnetizaciones” pre-electorales fueron un recurso de uso común por anteriores gobiernos. Pero, nunca antes hubo un órgano electoral tan funcional que operara procesos inconstitucionales y que encubriera el desarrollo irregular de los mismos.
Tampoco se vio antes que la cedulación de ciudadanos adquiriera dimensiones tan fraudulentas, o que el sindicalismo rural usurpara de modo tan sistemático el derecho a elegir individualmente.
La carnetización múltiple y masiva de militantes masistas, perpetrada bajo la cubierta del programa de identificación “Existo yo, existe Bolivia”, y el condicionamiento sindical del voto, disfrazado con el concepto lírico de “voto comunitario”, son fenómenos incorporados por el régimen Morales. Imposible obviar que en 2008 se repartieron carnets de identidad en casas de campaña del MAS y que en áreas rurales bajo control sindical el sufragio en los últimos referendos fue de todo, excepto libre y secreto.
Estos fenómenos, minimizados por la CNE como “atipicidades subsanables” y “sin incidencia” en el cómputo global, tienen un efecto de conjunto sobre los procesos electorales que se está soslayando deliberadamente:
1. La disposición de la CNE a administrar consultas sin control de constitucionalidad, permitió al Gobierno ir en ventaja a verificativos inequitativos. El Artículo 9, numeral II de la Ley N° 3850 – ley del referéndum revocatorio – estipula que, de ser revocados, el Presidente y Vicepresidente aún disponían de seis meses de gracia para permanecer en el cargo, antes de convocar a Elecciones Generales.
2. La carnetización irregular y masiva permitió al Gobierno proveer a sus afines de más de una identidad o suplantar a otro ciudadano ausente o fallecido, contaminando el Padrón Electoral en una medida indeterminada. Nadie hace fraude para perder, así que la tesis de Exeni de “fraude mínimo”, es un insulto al sentido común.
3. El control sindical en circunscripciones rurales permitió al Gobierno garantizar resultados absolutos que sustentaran la ficción del “primer Presidente indio” y de un país de mayorías indígena-rurales en una Bolivia de predominante composición mestizo-urbana.
A ello debemos sumar ahora la amenaza de que el registro electoral en el exterior sea una mala réplica de la cedulación gratuita que agrave la contaminación del Padrón Electoral y el riesgo de que el Congreso apruebe una Ley de Régimen Electoral Transitorio, cuya “disposición transitoria primera” habilita a Evo Morales – escuche bien – a prorrogarse ocho meses en el poder, hasta agosto de 2010, aun si pierde los comicios generales.
Con una Corte Nacional Electoral enajenada, un Padrón Electoral contaminado y un electorado rural rehén de la dictadura sindical, lo único que no necesitaba la democracia boliviana era la injerencia del Gobierno en el proceso de habilitación para el voto de los residentes en el exterior y la imposición de una Ley Electoral a medida de la intención de Evo Morales de perpetuarse en el poder – Manfred dixit – “por las malas o por las mañas”.

La Jauja del "capitalismo andino"

2009-02-05T08:44:00.000-08:00

Tras el mermado resultado del referéndum constitucional a favor de la aprobación del proyecto constitucional del MAS, Evo Morales parece haberse hecho consciente del significativo costo político que tuvo socapar las pillerías de sus oprobiosos capitanes y no parece dispuesto a sostener de nuevo a otro de sus hombres de confianza envuelto en corrupción a tan poco de nuevos comicios generales.

Cayó Santos Ramírez de la gracia del Palacio Quemado, pero no por la vocación incorruptible de Evo, sino porque llegó ese inevitable momento en que hay que elegir entre la autopreservación y las lealtades; ese momento donde todos se vuelven prescindibles en función de hacer prevalecer el “bien mayor”.

Y es que la caída sostenida del apoyo a su gestión en todo el país (la última encuesta Ipsos-Apoyo le da el porcentaje más bajo desde enero del 2007), entraña una lección particular que Pando le ha enseñado al Presidente: las lealtades partidarias y el respaldo orgánico pueden garantizar cohesión interna, pero cobran elevada factura electoral.

Encubrir contra toda lógica y evidencia al ministro de la Presidencia, Juan Ramón Quintana, principal implicado en el escándalo de contrabando millonario de 33 camiones, le significó a Evo perder el referéndum en una región que había sido intervenida con el único propósito de consolidarla electoralmente. En los hechos, una de las razones de la caída de popularidad de Evo entre agosto del 2008 y enero del 2009 es factura de las operaciones de Quintana en Pando.

Evo aprendió la lección. Preservar en la Presidencia de YPFB a Santos Ramírez, sobreseyendo el volteo y asesinato del empresario tarijeño O’Connor D’arlach, anticipaba que el gobierno de Morales debería volver a la desgastada estrategia de la “negación total” e impondría tender una cortina de humo sin precedentes, sin garantía de pasar el mal rato. Otra factura elevada que esta vez Morales no pagaría.

No es moco de pavo —Llobet dixit—; dejar marchar a Santos no es tan fácil como quemar un fusible. Más allá de que Ramírez es uno de los “históricos” del MAS, dirigente emblemático en el partido de Morales y hombre de confianza del presidente, su destitución implica aceptar implícitamente que la nacionalización, uno de los pilares que sostienen esta gestión, es apenas un dispositivo semántico para encubrir la burda estrategia de enriquecimiento de la nueva élite política que propugna el “proceso de cambio”.

Álvaro García Linera nos dijo en el 2006 que “la Jauja de los oprobiosos se había terminado”. Nos mintió. Porque el verdadero alcance del término oprobio sólo podemos decir que lo conocimos después de tres presidencias del MAS en la estatal petrolera y dos “generales patriotas” —Evo dixit— en la Aduana Nacional; porque sólo después del paso por YPFB de Jorge Alvarado, Manuel Morales y Santos Ramírez, tres clanes masistas de la mayor confianza del presidente Morales, sabemos qué es la corrupción.

No Vicepresidente, si la Jauja de los oprobiosos recién empezó con la “nacionalización”, instrumento de potenciamiento económico de las nuevas élites aymaras que se gestan en el vientre de su “capitalismo andino”.

Ser opositores o ser oportunistas

2009-01-23T14:49:00.000-08:00

Erick Fajardo Pozo

Garantizar la supervivencia de la democracia y su sistema de gobierno, la república, depende de saldar una deuda pendiente que los bolivianos contrajimos en agosto de 2008 y asumir una postura de impugnación a la desinstitucionalización que trascienda las poses electoralistas de corto plazo de cierto caudillismo en reciclaje.

No basta pronunciarse por el No a la aprobación de la Constitución del MAS, se impone asumir un principio de oposición a la funcionalización del sufragio y de rechazo a someter a consulta cualquier decisión política fundamental, en tanto los instrumentos electorales permanezcan capturados y administrados por el poder de turno.

Nos oponemos a la aprobación de la Constitución del MAS, no por los argumentos panfletarios que de manera oportunista esgrimen hoy esos mismos caudillos del centralismo que avalaron esta consulta, sino porque entendemos que la verdadera amenaza que entraña este proyecto es la constitucionalización de una inédita prerrogativa presidencial (inscrita en el art. 411) que le daría al sátrapa el poder de modificar periódicamente la Constitución.

Por eso, nuestra opción por el No es apenas un matiz de una oposición todavía más de fondo a esa funcionalización de los instrumentos de la democracia que en agosto de 2008 permitió al oficialismo fraguar el fraude del 67% y que el 25 de enero amenaza darle a Evo Morales un poder nunca antes visto: el de reescribir a capricho el orden constitucional, en tanto disponga de simple mayoría en el Congreso.

Nuestro No es el No a cualquier proceso administrado por una Corte Electoral parcializada hasta la incondicionalidad; a un Padrón Electoral contaminado por la carnetización fraudulenta; y a un “control” electoral sindical en las provincias que propicia el fraude comunitario. En resumen, estar por el No a la consulta del 25 de enero es apenas una consecuencia de la resistencia legal de Manfred al revocatorio; de nuestra oposición de principio a que se electoralice la definición del destino del país en tanto Evo tenga intervenido el mecanismo electoral y amordazado al guardián constitucional.

La Alianza de Unidad le viene reprochando a la partidocracia nacional y a la devaluada “oposición regional” el haber rendido la democracia el 10 de agosto de 2008, cuando accedieron a someter el destino de la autonomía al revocatorio en condiciones de inconstitucionalidad y ventaja fraudulenta para el gobierno, sentando el nefasto precedente para éste y cualquier futuro atropello a la democracia.

Y es que se ha enquistado en nuestra cultura democrática un peligroso dogmatismo electorero, disfrazado por el simplismo absurdo de que ir a las urnas dirime y resuelve la conflictividad. Bueno, en este momento de la historia, las urnas – intervenidas y controladas por el poder político – son el origen del problema y no la garantía de solución.

Experimentamos una especie de “síndrome de lemming” que nos empuja a un despeñadero electoralista. Nuestra tendencia a votar – esa que algunos sociólogos interpretan como síntoma de “vocación democrática” y a la que rinden culto cual si fuese indicador per se de una democracia saludable – nos hace buscar la solución a la crisis de Estado en las ánforas, cual si la actual institucionalidad electoral se encontrara administrada en independencia del poder político o fuese capaz de garantizar un resultado transparente.

La realidad es que las urnas son hoy un apéndice del totalitarismo y difícilmente podemos esperar de ellas un correlato de la voluntad popular, pues hoy por hoy los mecanismos electorales son parte de la “maquinaria del fraude” de Evo Morales.

Venir a darnos por enterados hasta ahora de que el Padrón Electoral se infló para el Revocatorio, que votaron “clones”, muertos y ausentes, sólo refuerza la conciencia de que los organismos electorales operaron la consulta de agosto respondiendo a presiones, tanto del oficialismo que la impuso contra el principio de constitucionalidad, como de una miope oposición a la que no le importó el costo histórico de empujar al país a las urnas del fraude en tanto el revocatorio disolviera la amenaza de la regionalización del poder.

Hay un cortoplacismo pernicioso del caudillismo centralista en atacar el síntoma pero no la enfermedad; hay una complicidad torpe en reducir la lucha contra este régimen a convocar al voto contra el proyecto constitucional sin advertir que, en tanto no logremos sanear los mecanismos electorales, el sentir de las mayorías será escamoteado una y otra vez por los “resultados oficiales” de procesos manipulados.

Empujar a Bolivia una vez más a buscar el reflejo de su voluntad en urnas cautivas y administradas por un órgano electoral sometido, es ayudar a Evo a sofocar y diluir el rechazo de las mayorías en la resignación dóxica ante los resultados amañados del andamiaje electorero oficialista.

Clausewitz ha muerto

2008-11-20T19:16:00.000-08:00

Erick Fajardo Pozo

En un arranque de cinismo intelectual, similar al que el 2006 le impelió a confesarse “el último jacobino”, García Linera hizo público que obsequió a Evo Morales la obra del filósofo chino Sun Tzu “El arte de la guerra”, destacando dos de sus principios: 1. El arte de la guerra es el arte del engaño y 2. El supremo arte de la guerra es someter al enemigo sin luchar.

Así entiende el poder el régimen Morales: como la inversión de premisas del aforismo de Clausewitz, ese que definía la política como “la continuación de la guerra con otros medios”, paradigma de una modernidad fracasada que quiso sustituir la brutalidad de la guerra por las sutilezas de una política “civilizada”, entendida como lucha por el poder racionalizada y normada.

La adscripción de García Linera a la doctrina bélica de Sun Tzu, sumada a su reconocida afiliación a Robespierre, es la antítesis final de ese aforismo, reafirma su actuar en conciencia del extremismo de sus métodos y confirma los peores temores sobre el régimen que vendrá tras la inminente aprobación de su Constitución.

Pero, el destino no sólo es trágico sino también irónico. A nuestra pragmática y poco instruida partidocracia congresal, descifrar los acertijos conceptuales del Vicepresidente le habrá resultado tan tedioso como estéril y habrá renunciado al esfuerzo ignorando que en él se juega su destino; que García Linera ha elegido mofarse de esa dirigencia residual marcando distancia intelectual con acertijos que ocultan/revelan sus planes.

Porque tras la referencia a Sun Tzu hay más que ego intelectual; están inscritas las reglas de juego a que habrán de atenerse quienes ayudaron a Evo Morales a destruir la alternativa de Estado emergente de la descentralización. Quienes ingenuamente creyeron que al truncar la descentralización democrática del poder despejaban el escenario político para un idilio bipartidista con el MAS, ignoran que se acabó el tiempo de los girondinos; que la quimera liberal de “hacer la política en lugar de la guerra”, ha fenecido.

De haberse tomado el trabajo de leer entre líneas a García Linera, quienes patrocinaron la “concertación”/capitulación, entenderían que cuando Sun Tzu decía “el secreto de la guerra es el engaño; el arte de someter sin luchar”, se refería a que siempre es posible y deseable ganar sin pelear; envilecer o sobornar al enemigo antes de enfrentarlo. Que esa concepción de la política como “juego de poder” donde vale especular y blefear, herir sin matar, ha sido cancelada; que la disputa por el poder enmarcada en la racionalidad transaccional del liberalismo, no va más.

La política, según otro jacobino llamado Foucault, es en última instancia el prolegómeno de la vuelta a la guerra. Es la guerra el escenario final de la lucha por el poder, “…una prueba de fuerza en la que, por fin, las armas serán los jueces”.

Ni tregua ni cuartel, ni perdón ni olvido. Por muy funcionales que estos resulten, para la doctrina jacobina no existen opositores, sólo enemigos de la revolución. No existe la necesidad de alternabilidad democrática y por tanto no se justifica la existencia de “otros” partidos.

Dura manera de notificar a una oposición moralmente devaluada de que conspiró contra sí misma; que si Börth y Vásquez Villamor aún no se han enterado, los colaboracionistas, aquellos que Sun Tzu llamaría “agentes internos”, jamás son aliados permanentes del orden emergente; que Karl Von Clausewitz ha muerto y la complicidad de ambos fue cándidamente decisiva para reinaugurar la era de Sun Tzu y Robespierre.

Las réplicas de un tsunami llamado Revocatorio

2008-11-02T17:07:00.000-08:00

Erick Fajardo Pozo*

La partidocracia congresal capituló la vigencia de las libertades fundamentales en el país a cambio de extender otro año su residencia en Plaza Murillo, el compromiso gubernamental de diferir el nuevo régimen de tierras y la garantía de que la representación plurinominal le permitirá a los eternos mercenarios de la política nacional retornar la próxima legislatura a reeditar su rol funcional al poder.

Indigna pero para nada sorprende que, en esa misma lógica de cálculo político que desacreditó al sistema de partidos en 2003, el Congreso haya transado el Estado de Derecho y liquidado su propia viabilidad a cambio del derecho a interpretar el papel del villano eunuco en la parodia de democracia que el régimen Morales pondrá en escena en 2009, tras entrar en vigencia su Constitución.

El desenlace era, en suma, previsible. A nadie le quedaban dudas de lo que iba a suceder en el hemiciclo, tras que dos años de resistencia civil al proyecto de Constitución de La Glorieta fuesen traicionados por esa partidocracia congresal que en agosto impuso a las regiones el revocatorio, para en septiembre inducir al movimiento cívico a una radicalización suicida y finalmente empujar a un diezmado CONALDE a claudicar en la “negociación” de octubre en Cochabamba.

Porque lo que definió el destino de la democracia boliviana no fue el accionar prebendal pero previsible de la partidocracia centralista. Lo que arrasó con la institucionalidad democrática boliviana fue un tsunami con epicentro en el polémico referéndum del 10 de agosto; un siniestro político que generó crecientes círculos concéntricos de devastación institucional y los acontecimientos de la última semana de octubre en el Congreso Nacional fueron apenas su última réplica.

“El infierno de las regiones empieza el 10 de agosto” había advertido Juan Ramón Quintana en su tristemente célebre réquiem por Leopoldo y en días pasados algún analista con meridiana “racionalidad jurídica” tuvo la claridad de enunciarlo: El caballo de batalla del gobierno es el resultado del revocatorio; esa ficción dóxica del 67%, que usa como licencia para matar; como blindaje legal-legítimo para su brutal ejercicio de violencia de Estado.

Y si bien es innegable que el CONALDE rindió la resistencia regional en septiembre en Cochabamba y que los partidos resignaron la alternabilidad democrática en octubre en La Paz, la contienda decisiva por la democracia – la madre de las batallas – la perdimos en julio en Tarija, el día que Mario Cossío cedió al ego y a la presión de la partidocracia; el día que el proceso de regionalización de la política se quebró por su eslabón más débil.

Hoy el gobierno y su oposición funcional, quieren inducirnos al debate estéril sobre la paternidad del proyecto de Constitución masista; sobre su aparente transfiguración de una amenaza para la democracia en un dechado de virtudes, merced al divino toque de la partidocracia. Quieren dirigir y agotar el descontento social en discutir la trascendencia de un acto político que es apenas la última consecuencia de una estrategia caudillista que funcionalizó a todos los actores residuales de la partidocracia centralista para descabezar al contrapoder emergente en las regiones.

En los hechos – vale la pena incidir en ello – la capitulación de la democracia fue una tragedia en tres actos y la partidocracia sólo entró en escena en el último de ellos, para recitar una línea: “Por el Sí, Señor Presidente”. La caída del orden constitucional es resultado de un fenómeno telúrico con réplicas de distinta intensidad y cuya última manifestación fue la promulgación del acta de capitulación de la institucionalidad democrática, el proceso de descentralización y los derechos humanos en el Congreso.

En esa lógica, sería mucho adjudicarle a Börth, Vásquez Villamor, Guiteras o Richter el crédito por el desenlace de una estrategia oficialista concretada ante todo en base a los desaciertos de las regiones. Abandonar a Leopoldo y subalternizar las demandas de Sucre fue deslealtad; inducir a la radicalidad al movimiento regional y luego no negociar amnistía para los perseguidos políticos fue traición. Someterse a la imposición de interventores en regiones autonomistas fue cobardía y resignar sin lucha las libertades políticas, dando por bien obrado con el atropello del Gobierno, fue complicidad.

Pero esa seguidilla de torpezas fue también consecuencia de una fatal decisión anterior; el resultado de la defección canalla de unos cuantos caudillos regionales grandilocuentes y egocéntricos que en julio le permitieron a Evo Morales escapar de la celada de su propia incapacidad para después secundarlo en ese juego de egolatría misógina del 10 de agosto, al que se apostaron las conquistas democráticas y el capital político acumulado en dos años de luchas regionales.

Así, la batalla de la democracia la perdimos cuando el CONALDE renunció a su vocación de poder y a respaldar el criterio del Tribunal Constitucional sobre el revocatorio; cuando se le dio la espalda a la batalla solitaria de una diputada contra el fraude electoral. La democracia cayó el día que abandonaron a Manfred sobre la línea de contención del revocatorio; el día que dejaron sola a Cochabamba defendiendo la trinchera de la legalidad. Todo lo demás – incluido el derrocamiento de Pando, la aprobación de la Ley de Convocatoria al Referéndum Constitucional y la cancelación indefinida del proceso democrático en La Paz y Cochabamba – son meras réplicas del 10 de agosto.

*Publicado en el semanario Pulso, edición del 2 de noviembre de 2008

Tras la semántica de la concertación

2008-10-29T19:35:00.000-07:00

Erick Fajardo Pozo*

No hay negociación si no se logra al menos un mínimo de las demandas planteadas; no hay concertación si queda insatisfecha una de las partes y no hay victoria política al costo de renegar de los principios que decimos representar. En esa lógica, lo de septiembre en Cochabamba no fue una negociación, mucho menos una victoria política para las regiones, sino la velada capitulación del último proyecto de país alternativo al estatismo totalitario: la descentralización democrática del poder.

En agosto de 2008 las regiones "perdieron en mesa lo que habían ganado en cancha"; el capital político acumulado en casi tres años de luchas autonomistas fue derrochado con la sumisión prefectural al revocatorio. Un mes después, las regiones se volcaron instintivamente a las calles, a tratar de recuperar las posiciones cedidas en el tablero de la diplomacia con el centralismo. A los errores de su dirección política le sucedieron la defección, la mentira y sobrevino una radicalización suicida.

Miles de autonomistas convictivos se creyeron las peroratas grandilocuentes y la retórica radicalizada de sus líderes; apostaron a que la derrota política de agosto aun podía transformarse en una victoria militar y salieron a tratar de poner en vigencia los estatutos autonómicos. Pero esa actitud consecuente y apasionada de las calles de septiembre fue desconocida en la vergonzosa capitulación de octubre.

Cabe preguntar a quienes abjuraron de defender la Constitución para apostar todo al Revocatorio, y después apostar el saldo de su mermado capital político a una "negociación" sin perspectivas, ¿Qué se negoció en Cochabamba si el derecho conquistado por el pueblo a elegir prefectos; la vigencia de los estatutos autonómicos, la amnistía para los bravos chaqueños y la demanda sucrense de Capitalidad fueron excluidas de la negociación?

¿Qué principios fuimos a defender, si olvidamos la lealtad y la consecuencia con Leopoldo; si abandonamos al compañero tras líneas enemigas para negociar con el verdugo los términos de nuestra propia salvación? La libertad para los secuestrados y confinados; las garantías para quienes salieron a luchar por el IDH y a oponerse a la Constitución oficialista jamás fueron parte de esa negociación.

De hecho, jamás hubo negociación. Se negocia cuando se tiene el respaldo de una base movilizada; la alternativa de la acción directa. El Conalde ya había abandonado al Chaco a su suerte; ya habían renegado de la rebeldía callejera que sus propias arengas desataron y habían descalificado el desborde del movimiento cívico; Una vez desactivada la base social y el mecanismo de presión de las regiones ¿Qué iban a negociarle al Gobierno?

Después de agosto la dirección regional nunca estuvo a la altura de la coyuntura; no tuvo la claridad para dar línea, ni las agallas para respaldar sus peroratas con decisiones.

Cuando se ha empujado a un pueblo a las calles con la promesa de democracia y libertad, resulta una iniquidad que sus incitadores sean los primeros en capitular; que negocien su propia redención y luego hagan de la derrota una cuestión de semántica, convirtiendo en una "hazaña" el haber rendido el último movimiento capaz de contener la regresión hacia la autocracia estatista. Bajo estas circunstancias, hablar de un frente amplio resulta una pretensión inaceptable.

*Publicado en El Deber en fecha 30 de octubre y en Los Tiempos en fecha 31 de octubre de 2008.

Manfred: La asignatura pendiente de Evo

2008-10-22T03:57:00.000-07:00

Erick Fajardo Pozo*

La constatación viva del fracaso político de Evo Morales y su mayor dolor de cabeza se llama Manfred Reyes Villa. Y con razón. Desde 1993 Reyes Villa ha consolidado la institucionalidad descentralizada cochabambina en la antítesis práctica de una izquierda agorera del desastre estatal; encarnando en 2005 una dolorosa derrota en el bastión del MAS que deslució la victoria nacional del “proceso de cambio”; y consolidándose en 2006-2007, desde una estratégica gobernación, en dirección política de la resistencia emergente al régimen del MAS.

Por eso, el proceso administrativo interno iniciado días atrás contra Manfred desde el Ministerio de la Presidencia – después de haber intentado por más de dos años “lincharlo” judicializando la política y presionando sin resultados a jueces, fiscales y auditores para encausarlo – no es sino la constatación última del fracaso político del MAS en su obsesivo afán de liquidar a su Némesis.

Ni el Ministerio Público ni el Poder Judicial se prestaron hasta hoy a las presiones oficialistas para enjuiciar e “inhabilitar” a Manfred y la Contraloría General de la República no cedió a los intentos de influenciar cambios en su fallo sobre la auditoría a su gestión prefectural. Así, no le quedaba a Evo Morales sino consumar él mismo la ejecución política de Manfred, forzando la más insostenible de las acusaciones que el Gobierno ha lanzado contra el ex prefecto.

Durante los dos últimos años Evo planteó ante la Fiscalía General de la República varias proposiciones acusatorias contra Manfred: Lo acusó de haber perpetrado su propio intento de derrocamiento el 11-E; lo acusó de sedición por no someterse a su fraudulento referéndum y finalmente acusó de incumplimiento de deberes, al único prefecto que ejecutó el 100% de su presupuesto en la historia de Cochabamba. Fracasó. No hubo fiscal, juez o auditor que se prestara y ninguna de esas acusaciones prosperó.

Lo cierto es que, después de sindicarlo de sedición, conspiración y genocidio, resulta bochornoso terminar ajusticiando a Manfred en el Ministerio de la Presidencia, usando de verdugo al mismísimo Quintana y por un proceso de adquisición de vehículos que, además de probadamente transparente, no pasó por decisión o firma de Manfred en ninguno de sus pasos administrativos.

Resulta patético que, a falta de un Ministerio Público o un Poder Judicial que se preste a liquidar a su enemigo político, la causa contra Manfred se haya abierto por resolución del CONALCAM. Lo burdo es que el mismo Quintana deba hacer de fiscal y de juez sumariante; lo grosero es que el interventor Puente presione y haga uso indebido de influencias sobre la Contraloría, para que altere su fallo sobre la compra de vehículos.

Y es que la negativa de Reyes Villa a someterse al revocatorio no estaba en los planes del Gobierno y sus coaligados. Ahora, con Evo jugando contrarreloj y con los plazos electorales corriendo, el miedo al capital político acumulado por Manfred en su resistencia principista al 10 de agosto se incrementa en Palacio Quemado.

Conforme la falta de vocación de poder de los caudillos regionales y el entreguismo de la derecha han decantado el escenario político de falsas expectativas, las opciones se reducen y la intranquilidad de Morales crece. Los errores se multiplican, los ataques se tornan más torpes y su derrota cualitativa frente a Manfred se hace más evidente.