Emplazan al gobierno a oficializar y probar sus acusaciones

De “terrorismo verbal” califican nuevas denuncias contra Manfred y colaboradores

Dos nuevas denuncias oficialistas sin sustento contra Manfred y sus colaboradores intentan inhabilitarlo de cara a diciembre y frenar el lanzamiento de su proyecto político, según el portavoz de la ex autoridad Erick Fajardo.
“Esta enfermiza y sañuda persecución contra Manfred, ahora extendida a sus colaboradores, es un intento desesperado del MAS de detener el lanzamiento de su proyecto político nacional”, advirtió.
Según Fajardo, la detención preventiva que pretende el gobierno contra la ex autoridad departamental tiene el único fin de frenar los periódicos viajes de campaña de Manfred al interior del país, mientras el ataque a algunos de sus colaboradores busca retrasar el avance de la campaña manfredista en La Paz.
“No es un secreto que llevamos la voz de Manfred a la sede de gobierno y que formamos parte del equipo que hace semanas está ajustando en La Paz el programa de gobierno de Manfred”, explicó.
Según el ex funcionario, usar el privilegio de estar en el gobierno para privar a Manfred de su fuero de ex autoridad y del derecho a una defensa justa, es un abuso de poder cuyo único fin es la inhabilitación del único candidato con posibilidades reales de enfrentar al MAS.
“La Prefectura se ha vuelto un mecanismo de presión política sin ninguna otra función que hostigar y descalificar a Manfred y su equipo. Las nuevas acusacionesn son un absurdo que los interventores de Evo Morales están ahora en la obligación de formalizar y demostrar”, concluyó.
CAM/fgr

Misicuni: la verdad y los mitos sindicales

Erick Fajardo Pozo

Misicuni es una conquista del movimiento cívico cochabambino; quizá la mayor victoria de la institucionalidad regional autónoma y descentralizada sobre el centralismo de ayer y hoy. Debido a la impostura que en días pasados se prestó a protagonizar el presidente Morales, reclamando el crédito por un proyecto que su gobierno quiso cercenar y se desentendió de financiar, estamos obligados a reivindicarlo.
La impostura de este régimen no es novedad. Lo sorprendente es que Evo pretenda iniciar su campaña electoral en Cochabamba, arrogándose la autoría de Misicuni, cual si fuese una concesión graciosa de su gobierno o resultado de ese fracaso llamado “gestión social del agua”, cuando en realidad es criatura de su antítesis política: la gestión descentralizada del desarrollo.
Sin duda se busca alterar la memoria corta de Cochabamba y reordenar los eventos suplantando el hecho histórico – la gestión cívico/institucional de Misicuni a contrapelo de los últimos cinco gobiernos nacionales – por el mito sindical de abril de 2000, detrás del cual la gente de García Linera medró de la cooperación internacional y sepultó a SEMAPA.
Misicuni, una demanda que existió en estado natural por más de medio siglo, cobró su jerarquía de objetivo estratégico regional con la consolidación del municipalismo y del movimiento cívico cochabambino a principios de 1990. La participación popular y la descentralización administrativa, políticas planteadas electoralmente y sin convicción por el gonismo, empoderaron a las regiones consolidando su identidad, sus mecanismos de gestión y su capacidad de presión sobre el Estado central.
Fue el Gobierno Municipal, entre 1993 y 1997, que logró organizar al movimiento cívico y garantizar la construcción de Misicuni, que pretendía sustituirse por Corani durante la primera presidencia de Sánchez de Lozada. Manfred alcalde financió los cinco y medio millones de dólares que permitieron arrancar el proyecto y su actuación en el directorio de Misicuni garantizó la construcción del túnel de trasvase de 21 kilómetros.
En 2000, el sindicalismo cocalero y el “tutismo” hallaron un interés común en la desestabilización de Banzer y concretaron su primera alianza tácita en la “guerra del agua”, proceso que no llegó a derrocar al ex dictador ni representó avance alguno en la concreción de Misicuni pero si le redituó al sindicalismo la captura como botín de guerra de SEMAPA, institución que la ineficiencia de la “gestión social” y la avidez de insignes masistas llevaron entre 2001 y 2006 al descalabro actual.
Reencauzar en la vía institucional la gestión del proyecto múltiple tuvo que esperar hasta la democratización de los gobiernos prefecturales en 2006; un segundo momento de impulso para Misicuni. Manfred prefecto despertó una vez más al movimiento cívico para evitar que el centralismo redujera el tamaño de la represa hasta 85 metros, lo que habría cercenado el carácter múltiple del sueño cochabambino, al reducir la capacidad de embalse de la presa, liquidando los componentes riego agrícola y generación de electricidad.
Un año después, en 2007, mientras el presidente Morales dictaba dos decretos desentendiéndose de financiar el proyecto y transfiriendo sus obligaciones a Cochabamba, el Gobierno Prefectural entregó a Misicuni 16 millones de dólares de recursos propios para asegurar la construcción de la presa de 120 metros.
Ver concretarse Misicuni alegra a quienes sostenidamente apuntalaron el proyecto desde la institucionalidad cívica. Pero corresponde reivindicar que Misicuni no es concesión graciosa del gobierno nacional, ni resultado del violento proceso sindical de abril de 2000, sino fruto del aporte de la institucionalidad cochabambina que por dos décadas aportó con recursos, gestiones y movilizaciones ciudadanas a la concreción del proyecto.
Salvar la memoria colectiva cochabambina de este último intento de suplantación perpetrado por el régimen Morales, es tarea ineludible. Restituir los hechos y exponer los mitos sindicales en torno a Misicuni es reponer la historia de Cochabamba.

Tiempo de lobos con piel de oveja

Erick Fajardo Pozo

Que organizaciones no gubernamentales, que declaran defender los derechos humanos, hayan encubierto el terrorismo o acciones de desestabilización de una democracia legalmente constituida, propiciando afanes subversivos por la vía de la violencia e incluso el magnicidio, es una felonía que debe ser castigada sin contemplación.

Socapar expresiones separatistas, en especial aquellas que pregonan “autodeterminación”, para convertir territorios en señoríos administrados al margen de las leyes bolivianas y principios internacionales del derecho, es ser cómplice de actividades sediciosas que no deben ser toleradas. El viceministro de Coordinación con los Movimientos Sociales, Sacha Llorenti, ha sido taxativo al respecto y acompañamos su contundencia.

Hay evidencia en Bolivia de la existencia de ONGs que, pretextando defender los derechos humanos, se han dedicado a hacer apología sostenida de la violencia política, la desestabilización de la autoridad electa y atentados terroristas; encubriendo a grupos irregulares de corte separatista cuya autoría en ataques al patrimonio público fue establecida fehacientemente.

Hay – en conclusión – necesidad de una firme respuesta de Estado a la sociedad perversa entre ONGs de derechos humanos y grupos irregulares armados.

El viceministro Llorenti puede hablar con autoridad, pues conoce del tema. Él ha presidido la Asamblea Permanente de Derechos Humanos, una ONG que por largo tiempo detentó el monopolio de la defensa de las libertades civiles y políticas, pero que en los hechos fue el escudo de expresiones de fundamentalismo racial, revanchismo étnico e intentos de fracturar la integridad nacional a partir de proyectos separatistas que exigían la autodeterminación de la “nación aymara” por la vía del terrorismo y el alzamiento armado.

Durante la última década esta organización se opuso a la extradición de extranjeros de nacionalidad peruana, paraguaya y colombiana, requeridos en sus países para comparecer o purgar sentencias por terrorismo; tildó de “político” el juzgamiento de los cabecillas de grupos armados como el EGTK y los “ayllus rojos”; criminalizó la intervención del Estado en zonas donde hoy rigen organizaciones criminales disfrazadas de sindicatos en torno a la producción ilícita de coca excedentaria.

En el contrapunto, los últimos tres años la APDHB calló de manera cómplice mientras la violencia de Estado degeneraba en terrorismo de Estado en Yacuiba, Chuquisaca y Pando. Ignoró los asesinatos de más de 50 compatriotas, caídos por el uso de fuerza letal del Ejército y/o la Policía, los “aparatos de represión del Estado”. Miró contemplativa el desplazamiento por el país de grupos paramilitares con la logística del gobierno. Vio paciente a las milicias alteñas ocupar las plazas de La Paz, para reprimir el derecho a la protesta y a la libre expresión.

En suma, la APDHB jamás se pronunció o intervino con la misma vehemencia con que asedió a anteriores gobiernos. Jamás increpó a Morales a resarcir a sus víctimas con el mismo celo que defendió a las víctimas de la violencia política neoliberal. Las ONGs de derechos humanos no son una garantía de ecuanimidad cuando su definición de la persona está ideologizada y tiene matiz racial.

Difícil esperar que una ONG, de la cual dos ex presidentes – Sacha Llorenti y Tamer Medina – son viceministros, demande el esclarecimiento del asesinato de cocaleros no oficialistas en la zona de cultivo legal de Pocona por la Fuerza de Tarea Conjunta (2006); o solicite juicio de responsabilidades para el Capitán General de las FFAA por ordenar la militarización inconstitucional y el uso de fuerza letal que acabaría con la vida de Osmar Flores en Arani (2007); o se constituya en parte civil para esclarecer la muerte del joven Cristian Urresti, cuyo proceso está por extinguirse por presión del gobierno sobre el Ministerio Público.

Estos son días de paradoja, donde los lobos se cubren con vellón de oveja y acusan a las palomas de disparar contra las escopetas; donde los defensores de los derechos humanos de ayer resultan ser nuestros verdugos de hoy. A nadie sorprenda entonces que los presuntos “terroristas” de hoy sean mañana los mártires de la defensa de la democracia.