“El estado no es el lugar privilegiado del poder; su poder es un efecto de conjunto. Hay que atender a la microfísica del poder: a sus hogares moleculares. Este espejismo de Estado vehicula al menos dos grandes errores políticos: a) plantear la toma del Estado como toma del poder; b) plantear un contra-Estado (el partido, el sindicato) como forma óptima del ejercicio del poder…”. (Michel Foucault) .
1.- El contexto de la re-emergencia del movimiento social
El movimiento social en Bolivia re-emerge en el año 2000, más de una década después de la desarticulación del sindicalismo minero-fabril, a consecuencia de las reformas estructurales que introdujo el MNR de Víctor Paz Estenssoro en el modelo económico, entre ellas la dictación del Decreto Supremo 21060, que autorizaba la racionalización de personal en el sector privado y estatal bajo el concepto de “relocalización”, suprimiendo toda responsabilidad social respecto a los trabajadores. En términos de régimen social, el cierre del ciclo de la economía estatizada, que el mismo MNR había implantado en 1952, representó el quiebre del corporativismo sindical y el fin de una forma de organización social sustentada en la condición de asalariado estatal de la gran mayoría de fuerzas productivas del país.
La llamada “relocalización”, que se plasmó en el despido masivo de 35 mil trabajadores de la estatal COMIBOL (Corporación Minera de Bolivia), desmovilizó definitivamente a la vanguardia de lucha de la Central Obrera Boliviana: el proletariado minero. Sin embargo la relocalización fue también el punto de arranque del proceso de reorganización de lo popular y si bien se interpretó en el corto plazo como el fin del mecanismo de presión sindical que había condicionado al poder político durante cuatro décadas, también tuvo un efecto político de largo plazo: la recomposición del movimiento popular en términos de difusión de la cultura sindical, hasta entonces concentrada en la marginalidad de los sindicatos mineros.
A principios de 1990 el Estado boliviano abrazó el modelo neoliberal confiando en que sería la panacea que salvaría al país de la crisis. Una emergente clase política se solazaba convencida de que la abolición de las grandes masas de asalariados del Estado había sepultado para siempre al temido sindicalismo, cediéndole centralidad política a la partidocracia. El 21060 condenó a la COB, pero también rompió la burbuja que contenía al sindicalismo; la cultura y experiencia de lucha de la belicosa Confederación Sindical de Trabajadores Mineros de Bolivia se esparcía ahora por los cinturones de subalternidad de toda Bolivia constituyendo focos de organización sindical urbana, en torno a criaturas de la Participación Popular como las Organizaciones Territoriales de Base, que serían el embrión de la Coordinadora del Agua y la FEJUVE alteña.
El año 2000 marca apenas el estallido de ese proceso de una década de re acumulación y reordenamiento societal. Es el momento de la re-emergencia de un movimiento social que, alimentado por la doctrina marxista y la cultura sindical, se había asentado en el suburbio de las ciudades del Eje y en las colonias sindicalizadas del Chapare y Yapacaní. Era un movimiento emergente con sabor a proletariado re-campesinizado y a asalariado social en las ciudades, que crecía en el vientre de los fracasos del proceso neoliberal, alimentándose del desempleo y la informalidad y articulando un nuevo discurso en función de las nuevas dialécticas y la nueva naturaleza de sus actores. Emergía el bloque popular del cadáver del sindicalismo clasista.
2.- Del partido al movimiento: El problema de la representación.
Una década y media tuvo – y derrochó – la partidocracia, la clase política tradicional, para fortalecer el sentimiento de participación de las grandes masas del país y para consolidar el sistema democrático representativo (1985-2000). Pero agonizando la última década del siglo XX, era evidente que Bolivia abría el milenio con una profunda sensación de desencanto por la ineficiencia del sistema político de partidos y sin que las condiciones de bienestar que había prometido el neoliberalismo se hubiesen concretado, salvo en beneficio de los pocos que por la vía de la instrumentalización del juego democrático habían accedido a la función pública.
La partidocracia había pervertido el sentido de la representación y había olvidado el origen de su mandato: el pueblo y sus expectativas. Las brigadas parlamentarias regionales habían perdido gravitación, las bancadas partidarias acapararon centralidad y la agenda de la necesidad social fue suplantada por los acuerdos partidarios para un cuoteo del poder cada vez más mezquino y cuestionado. Tocaba fondo la era de la democracia pactada y el pueblo habría de cobrarle la factura al sistema político.
Cuando re-emerge el movimiento popular, en abril de 2000 en Cochabamba, estaba claro de que la sociedad tenía nuevos interlocutores. La clase política había sido cómplice activo de una década de enajenación del patrimonio nacional a favor de intereses privados transnacionales. El entreguismo exacerbado que pretendía concesionar a una transnacional la administración de las fuentes de agua en Cochabamba fue el detonante del descontento social y le permitió a la Coordinadora de Defensa del Agua llenar el vacío de representación que los mismos partidos habían generado y asumir la agenda relegada de las demandas sociales básicas.
No había más vanguardia proletaria sindical y el llamado “bloque popular” asumía la conducción de nuevas formas de agregación en torno a nuevas demandas que trascendían el reformismo pedigüeño y la doctrina excluyente de la COB, articulando al movimiento campesino hasta entonces marginal a las luchas nacionales y planteando cambios estructurales en el mediano y largo plazo. El bloque popular apuntaba mucho más lejos que el sindicalismo obrero; se planteaba la opción de poder real.
La subversión policial y las protestas contra el impuestazo en “febrero negro”; la debacle de la hegemonía estatal en Sorata-Huarisata en septiembre y el colapso final del sistema en octubre de 2003 serían apenas réplicas del tsunami político que significaron las llamadas “Jornadas de Abril”, pues fue en 2000 que empezó el resquebrajamiento de la partidocracia, la transferencia de la representatividad hacia los lideratos emergentes y el desplazamiento de la política a las calles.
Sin embargo han transcurrido ocho años desde las jornadas de abril, han pasado seis presidentes y ha concluido una Asamblea Constituyente, pero la crisis de la representación es un debate que, de lejos, aun no se ha agotado. Nuevamente el movimiento social asoma, prueba indiscutible de que aun la Bolivia diversa no siente concretadas sus demandas. A desdén de los gobernantes de turno, la partidocracia, el sistema político, no han logrado remozarse de sus viejas lógicas; romper el hilo de continuidad con la historia e incorporar la agenda de los bolivianos.
Hay una agenda social aun pendiente de incorporación en el marco constitucional, que ni el actual Gobierno Nacional, ni la Asamblea Constituyente han logrado encausar. El mandato de ampliación democrática que recibiera Evo Morales de las urnas y del referéndum autonómico, marcha a su propio paso, consolidando una institucionalidad independiente del Estado a partir de la acción de nuevos movimientos sociales.
La demanda histórica es la misma: la consigna de ampliación democrática que parió la Participación Popular y el proceso de Descentralización Administrativa, como reformas desde el Estado, hoy día empuja el carro de la autonomía, el carro de la historia, a contrapelo de un Estado conservador que ha absorbido en su lógica de centralizar el poder a las vanguardias sociales de octubre. Mientras, un movimiento vigoroso re-emerge, tras la ruptura de la alianza campo-ciudad forjada en 2000, para recoger la bandera de la agenda nacional.
3.- Los movimientos sociales en Bolivia. Evolución y alcances
¿Cómo se define al movimiento social? No existe etimología, pero si una variada y diversa historicidad del término. La experiencia sociológica boliviana ha permitido desarrollar un concepto propio, definiéndolo como el proceso de agregación de demandas y acumulación de experiencia para la acción colectiva, en función de ejercer presión sobre la institucionalidad formal para garantizar la incorporación de demandas en la agenda del Estado o reestructurar la agenda política estatal.
El movimiento social busca la readecuación total o parcial de las reglas instituidas para que se reconozca e incorpore en la estructura normativa una nueva correlación de fuerzas, para que se amplíe la visión de país. En esa medida, el movimiento social se fortalece y asume conciencia de su rol, de manera paulatina y creciente.
Es una falsa premisa creer que el movimiento social es de existencia fugaz y que tiene límites reivindicativos al interior del Estado. El movimiento social busca su sostenibilidad en el tiempo, construye cultura política y es capaz de forjar identidad política.
Antes de plantear el reconocimiento legal de sus demandas por parte del Estado, el movimiento social ya ha construido legitimidad y consenso en torno a esas demandas; es decir que es capaz de producir horizontes políticos complejos y reproducirlos en el tiempo a través de la simbolización discursiva o la acción directa. A esto denominan algunos autores como construcción de imaginario . De hecho toda comunidad política es, en esencia, una comunidad imaginada y, en esa misma lógica, los movimientos sociales son capaces de construir imaginarios e identidades y son capaces de generar autogestión e incluso autogobierno.
García Linera planteaba en 2005 que una de las tareas pendientes del movimiento popular gestado en 2000 era la capacidad de ser autogestionario e incluso consolidar su control del territorio en función de autogobierno . De hecho, el llamado “movimiento autonómico” ha consolidado una visión sostenible (la descentralización del poder estatal), detenta control territorial, ha establecido soberanía y ha asentado una racionalidad jurídica propia, es decir que ha asumido como Estado.
García Linera planteaba las perspectivas del movimiento social cuestionando: “¿Los movimientos sociales dejarán de ser simples movimientos de contención y regulación para convertirse en movimientos de poder?”. En sus términos, el movimiento cívico ha consolidado las tareas pendientes del movimiento popular, le ha dado continuidad a la demanda permanente de ampliación de la democracia por la vía de la descentralización del poder y ha reconstituido una nueva vanguardia ante el vacío de representación que dejaron el sindicalismo y las organizaciones sociales que hoy se han funcionalizado al poder constituido.
4.- Movimiento cívico y movimiento social: ¿Ruptura o continuidad?
La disquisición ociosa y gratuita entre “movimiento social” y “movimiento cívico” no es producto de una controversia académica, sino de un debate político. En los hechos el movimiento cívico es la expresión última de la evolución del movimiento social en Bolivia.
Hubo una desintegración de la unidad monolítica de los sectores populares, aquello que se llamaba Movimiento Popular no lo es más. Pero no sólo se ha agotado el concepto, que evocaba la articulación cerrada de lo popular en torno a una única agenda y una vanguardia política, sino que esta debacle ha incluido la disolución de la “alianza urbano-rural”, esa incorporación de las clases medias, tan difícilmente lograda en abril de 2000, hecho que numerosos autores de la izquierda reprochan a García Linera y el liberalismo reformista de su Capitalismo Andino .
La cultura de movilización y resistencia organizada que asimiló la clase media de su participación activa en las jornadas de abril de 2000, constituye a los movimientos cívicos regionales en los herederos de un capital político-sindical que hoy día es el soporte del desplazamiento de la política a las regiones y de la consolidación de la agenda de la descentralización frente al estado centralista.
Existe incluso un factor de avance cualitativo en el movimiento cívico, respecto a formas anteriores del movimiento popular puesto que ha logrado una institucionalidad permeable a los caudillismos autoritarios, el rasgo más denostable del sindicalismo tradicional.
Esta disquisición entre lo cívico y lo social es un instrumento discursivo del poder constituido que busca consolidar la ruptura entre lo urbano (cívico: civitas-ciudad) y lo rural, una dicotomía en la que se sustenta el discurso etnicista de las dos Bolivias, la Bolivia de blancos y la Bolivia de indios, dicotomía sin la cual la tesis del “primer gobierno indígena en lucha contra la oligarquía blancoide” se quedaría sin legitimidad.
La verdadera dicotomía que se impone visibilizar, es la que existe entre el movimiento social y las minorías eficaces. Un movimiento social está definido hermenéuticamente por ser una manifestación colectiva que reivindica demandas estructurales y no intereses sectoriales; es un fenómeno transversal a la identidad étnica o incluso al origen de clase de sus actores.
Las minorías eficaces son en cambio sectores corporativos funcionalizados al poder político con fines de reacción, que busca suplantar al movimiento social. Tiene gran sostenibilidad económica y mecanismos coercitivos de movilización, pero sin capacidad de interpelación masiva ni amplia legitimidad social. Al consolidarse los objetivos de lucha del movimiento social, las vanguardias o grupos operativos se resisten a disolverse o, como en el caso de varias organizaciones alteñas, funcionalizan su experiencia de lucha para sustentar el poder emergente .
Lo que definía a cocaleros, regantes y otras organizaciones sociales emergentes como “movimiento social”, era sin duda su capacidad de articular demandas de otros sectores a sus propias reivindicaciones y transversalizar la lucha contra el poder. Hoy, esas mismas expresiones sindicales que llegaron a vanguardizar la representación de las demandas nacionales, han quedado reducidas a su mínima capacidad de generar violencia social eficaz. El llamado Estado Mayor del Pueblo se ha devaluado hasta convertirse en la línea de comando de grupos de reacción cuyas acciones de represión a activistas de los derechos de los animales, ataque a protestas no violentas o persecución a periodistas no son sino expresión de su ilegitimidad social .
En esa lógica, si en su génesis los movimientos cívicos parecían desplazados por la legitimidad del discurso y la fuerza de masa de cocaleros, fabriles y regantes, hoy – de manera inversamente proporcional a la funcionalización de esos sectores al poder constituido – lo cívico ha cobrado no sólo representatividad sino además autoridad moral y capacidad de interpelación. En Cochabamba el movimiento cívico es una reserva de moral política, que ha organizado reivindicación de las demandas regionales y nacionales en el llamado “Pliego de los 13 puntos”, demostrando plena capacidad de movilización.
Más allá del rol que juega el Comité Cívico, durante los dos últimos años el movimiento cívico en Cochabamba ha convocado a ocho paros cívicos, nueve marchas institucionales y doce cabildos de la cochabambinidad, incluido el histórico Cabildo de la Plaza de las Banderas de diciembre de 2006 y la auto convocatoria a la recuperación de ese escenario cívico el 11 de enero de 2007.
5.- Integrar agendas, el desafío pendiente
Tras la funcionalización al poder estatal de las tradicionales “vanguardias sociales”, las demandas básicas y la agenda de cambios estructurales en el país ha quedado huérfana y pendiente. La falta de capacidad técnica de la administración Morales sólo ha logrado agudizar la crisis política, económica y social del país, al apostar por la re-estatización de la economía y el sector productivo nacional, mientras que el alza de precios, la escasez, el desempleo, la corrupción estatal y la pobreza siguen siendo demandas de la sociedad civil que hoy todavía marcha, protesta y se moviliza contra el gobierno de turno, pero ya sin la COB o la Coordinadora del Agua al frente.
Esto ha marcado el distanciamiento del gobierno de importantes intelectuales e ideólogos que respaldan las demandas históricas del movimiento campesino o popular, pero que están conscientes de que esos sectores que vanguardizaban las demandas de regantes y obreros se han servido de la fuerza social para empoderarse y se han convertido en carceleros de su propia clase.
Hoy la dialéctica política en el país es aun entre el Estado y la sociedad civil; entre las grandes masas campesinas con una agenda pendiente de representación y las minorías eficaces funcionalizadas al poder. El MAS ha usado el Estado para empoderar a sus sectores afines y generar una nueva elite política y económica, postergando dar solución a las demandas estructurales del país.
Prueba de ello es la emergencia de agudas contradicciones que han perforado la unidad aun de los sectores duros del Gobierno. Luchas entre colonos migrantes asentados en el trópico de Cochabamba y pueblos indígenas originarios desplazados de sus Tierras Comunitarias de Origen por la expansión de los cocales; o la lucha por la preservación de cultivos entre cocaleros originarios de zonas tradicionales como los yungas de Cochabamba y La Paz, frente a colonos migrantes del altiplano asentados en Chapare y cuyas federaciones controlan el gobierno; o está también la contradicción entre mineros organizados en torno al modo de producción pequeño-propietario concesional (cooperativistas) y sindicalizados de la minería estatal, aliados al gobierno.
El problema es estructural: al asumir el gobierno Evo Morales tenía dos mandatos: la Agenda de Octubre y la Agenda de Junio, que en buenos términos representaban la demanda de incorporar al ordenamiento jurídico dos procesos complementarios que permitirían terminar con el viejo Estado excluyente y centralista, pero además fusionar las dos visiones de país en una sola agenda: a) la Inclusión democrática de los sectores subalternos históricamente excluidos por el Estado castizo señorial y b) la Ampliación democrática, que permitiría descentralizar el poder, acercar las decisiones a la gente y devolverle a las regiones la capacidad de planificar la inversión pública.
Pero ell síndrome de Luis XVI fue más fuerte y el MAS abandonó la construcción del poder para seguir el espejismo de detentar el control del Estado.
Más allá de sustentar el privilegio teórico que le da el marxismo al Estado como aparato de poder y en la que se fundamenta su concepción práctica del partido director, centralizador, que procede a la conquista del poder de Estado, se omite que el partido es también una organización total, otra institución absoluta (escuela, fábrica, hospital, partido), diría Foucault que tiene a su cargo la producción técnica de individuos normalizados.
De hecho, la domesticación de aquellos movimientos sociales que han plasmado su estrategia de poder en la construcción de partidos políticos como en el caso del MAS y el MIP, tiene directa relación con la pérdida de identidad entre los objetivos estructurales de su base social y la acción política de su vanguardia.
Según García Linera, ese fue el gran error del MAS. “El MAS tiene una virtud y un defecto. Su virtud fue lograr construir alternativas electorales subordinadas a los movimientos sociales, pero su gran limitación fue pretender subordinar la estrategia autónoma de poder de los movimientos a su estrategia electoral. El defecto del MAS no fue entrar al ámbito electoral, sino considerar que lo electoral es lo fundamental y posponer la estrategia de poder autónoma de los movimientos, que está más allá de lo electoral”.
6.- Conclusiones y tareas pendientes
- La mejor manera de desvirtuar la complejidad de un fenómeno social es su simplificación hasta el absurdo. Por eso el gobierno del MAS y su intelectualidad funcional se han dado a la tarea de instalar el cliché sociológico del “racismo” cual si esa fuera la razón detrás del creciente movimiento de impugnación al gobierno y de cada escenario de insurgencia política en Bolivia. Por eso, corresponde desenmascarar el simplismo que pretende que la crisis de representación política se reduce a la lucha del indio por revertir medio milenio de opresión y el conservadurismo del k’ara, insuflado de ingénito odio al indio.
- La ruptura entre lo indígena y lo regional son artefactos políticos. Las luchas regionales y el racismo son simbolismos exacerbados, antagonismos instrumentales a la estrategia del poder de “dividir para gobernar”. Las identidades se construyen, no nos preexisten y en esa medida lo regional o lo nacional son procesos en construcción y no realidades acabadas, reivindican agendas complementarias y no excluyentes.
- Para el régimen etnofundamentalista que gobierna Bolivia es prioridad mantener al margen de la agenda de la reflexión intelectual todo esfuerzo por estudiar y entender el proceso de re-acumulación y reordenamiento societal que atraviesa el país en el contexto de la resistencia civil al vuelco totalitario de la administración Morales y su propósito de suprimir la cultura mestiza y su expresión más objetiva: la institucionalidad republicana. Hay que generar una agenda de reflexión alternativa al paradigma del poder y su agenda de legitimación del orden político y social.
- Las protestas sociales contra el régimen de Evo Morales han recrudecido y se han multiplicado a lo largo y ancho de Bolivia, pero el manejo del aparato mediático permite mostrar siempre el descontento social como actitudes aisladas e inconexas. Huanuni, Yungas de Vandiola, Cochabamba, San Julián, Gran Chaco, Viru Viru, Chuquisaca, Arani y Yacuiba no son – como pretende el Gobierno – satélites con órbitas separadas, eventos aislados entre sí; sino que forman parte de una cadena de desgobierno y desinstitucionalización que el MAS pretende marginar de la agenda informativa y de la agenda de la investigación social.
- Lo primero – la marginación de las protestas de la agenda informativa – le ha resultado relativamente sencillo. La percepción ciudadana ha sido domesticada y la saturación informativa deviene en la paradoja de la desinformación; vemos árboles pero hemos perdido la perspectiva del bosque. El éxito de esta estrategia, similar a la desarrollada por Hugo Chávez en Venezuela para “invisibilizar” seis años de multitudinarias protestas y brutal represión, ha logrado evitar que se perciba la vigorosa emergencia de un movimiento social de nuevo cuño, independiente del gobierno y con una agenda cívica, por oposición a las reivindicación étnica y demandas sectoriales de las elites sindicales hoy en el poder.
- De forma paralela, al menos una docena de ONGs comprometidas con el gobierno promueven investigaciones dirigidas sobre los trágicos hechos de “enero negro”, un violento choque entre las milicias cocaleras del gobierno y un contingente civil auto convocado en Cochabamba. La intención es ganar en la reseña histórica lo que el MAS perdió en las calles; someter la conciencia colectiva sobre la ocupación y agresión de las milicias cocaleras, tejiendo una versión literaria que reinstale la ficción épica de “sublimes indios” frente a blancos racistas; en última instancia, fragmentar y deconstruir la percepción cívica sobre “enero negro” y cada capítulo de esta nueva insurgencia social, para empujarnos a la autocensura, el repudio y el olvido.
- Los movimientos cívicos articulan lo que no alcanzó a hacer el bloque popular; encarnan el sueño de García Linera de un movimiento social con capacidad de autogestión y autogobierno, al margen del Estado central. García Linera entendía y pregonaba que la autonomía era el horizonte natural de los movimientos sociales, en la medida en que entendía al Estado como enemigo de las reivindicaciones del bloque popular y a la autonomía como estrategia de poder. Quiso la historia que la causa autonómica sobreviviera a la defección intelectual de García Linera y a la funcionalización al poder del bloque popular.
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BIBLIOGRAFÍA
I) FOUCAULT, Michel. “Un diálogo sobre el poder y otras conversaciones”. Buenos Aires: Alianza, 1992.
II) ANDERSON. Benedict. “Comunidades Imaginadas”. México: Fondo de Cultura Económica, 1993.
III) “Las tareas pendientes del movimiento social en Bolivia” (Entrevista con Álvaro García Linera). EN MEMORIA. México: CEMOS, N° 182. http://64.233.167.104/search?q=cache:wbbMiEJrA4UJ:memoria.com.mx/node/641+las+tareas+pendientes+del+movimiento+social+en+Bolivia&hl=es&ct=clnk&cd=4&gl=bo
IV)REGALSKI, Pablo. ENTREVISTA EN INDYMEDIA BOLIVIA. “Se ha impuesto una concepción contraria a los movimientos sociales: el capitalismo andino”. Por Harold G. Cruz G. y Zulema Paniagua O. (http://www.prensadefrente.org/pdfb2/index.php/a/2006/10/23/p2210).
V)El indianismo katarista sostiene la tesis de que a lo largo de la historia nacional han coexistido los imaginarios de una república de indios y una república de blancos. RIVERA CUSICANQUI, Silvia. “Oprimidos pero no vencidos”. La Paz. Hisbol-Csutcb. 1984.
VI) Hay organizaciones de activistas funcionales al MAS como los denominados “Ponchos Rojos”, “Satucos” o el “Comité Cívico Popular” de El Alto, que tras las luchas de octubre de 2003 y la asunción de Evo Morales han consolidado cuotas en el aparato estatal y actúan en función del clientelismo político. (v.) EN LA PRENSA. Sábado 8 de marzo de 2008. (http://www.laprensa.com.bo/noticias/08-03-08/08_03_08_poli1.php) y EL DIARIO. 28 de junio de 2007 ( http://www.eldiario.net/noticias/nt070628/2_02plt.php)
VII) El caso más sintomático es sin duda el de la facción denominada Comité Cívico Popular, detrás de la cual operan activistas ultra-radicalizados como Adolfo Cerrudo, buscado por el Ministerio Público por recurrentes acciones de agresión física, amedrentamiento y hostigamiento a políticos y periodistas. EN LA RAZÓN: Junio 06 de 2008. (http://www.la-razon.com/versiones/20080606_006295/nota_250_609494.htm)
VIII) CRESPO, Carlos. “Los regantes: de la resistencia a la cooptación”. EN LOS TIEMPOS: julio 26 de 2007. (http://www.bolpress.com/art.php?Cod=2007071906).
IX) FAJARDO, Erick. “The Road Ahead for Bolivia’s Social Movement. From a strategy of resistance towards a strategy of power” (Las tareas pendientes del movimiento popular en Bolivia. De la estrategia de resistencia a la construcción de una estrategia de poder). EN BRIARPATCH MAGAZINE. N° 5, Agosto de 2005.
