ANF.- De mantenerse el comportamiento tendencial de las encuestas durante los próximos 60 días, no es irreal pensar que el candidato de la Convergencia Nacional Manfred Reyes Villa pueda ganar en los comicios generales del 6 de diciembre, según el portavoz de esa tienda política Erick Fajardo.
Según la encuesta realizada por la empresa Ipsos-Opinión, Apoyo y Mercado, la tendencia de crecimiento del ex prefecto de Cochabamba es exponencial. En el mes de agosto, esta misma encuesta daba a Reyes Villa apenas un 11% de intención de voto a nivel nacional.
El vocero de Reyes Villa evaluó la encuesta como “un buen augurio” previo al inicio de su campaña y reiteró su confianza en lograr una victoria clara en diciembre.
La analista cochabambina María Teresa Zegada calificó de “poco creíble” el discurso de Reyes Villa de pretender ganar las elecciones con la distancia entre él y Morales que dejan las cifras de esta consulta.
Fajardo replicó afirmando que “un análisis serio considera no la foto del momento, sino la evolución de los porcentajes en el tiempo”.
“Es forzado ver los datos de esta encuesta aisladamente. Si uno confronta de manera mecánica 54 contra 20, da la impresión de que hay una gran distancia, pero si uno estudia el comportamiento tendencial, se verá que Reyes Villa tiene dos veces más apoyo que un mes atrás y que Evo prácticamente no ha crecido”, agregó.
“Si Reyes Villa mantiene el rango de crecimiento que ha registrado en los últimos cuatro meses, y sigue creciendo al ritmo que ha crecido el último mes, su apoyo podría bordear el 30% en los próximos 15 días y el 40% para fines del mes de octubre”, dijo.
Según la fuente, esta consulta también constata que hay una tendencia a caer de los candidatos de oposición de Unidad Nacional y Alianza Social.
Doria Medina no ha logrado subir del 11% en relación a consultas anteriores y René Joaquino se ha derrumbado hasta un imperceptible 3%.
Con la decisión del Gobierno de Brasil de brindar asilo político a la cívica pandina Ana Melena y un centenar de ciudadanos bolivianos, huidos tras los hechos de violencia que terminaron con una decena de muertos y el confinamiento político del Prefecto de Pando en septiembre de 2008, se consolida la percepción internacional de ausencia de garantías constitucionales y respeto a los derechos humanos en Bolivia.
La reacción del régimen Morales reincide en un autismo discursivo que ya no impresiona a la comunidad internacional. Repetir el credo de “revolución en democracia” contra la constatación empírica de estar bajo un régimen carcelario y represivo, puede funcionar con la base dura del MAS (cautiva del cerco de propaganda del canal estatal y la red radial “comunitaria”) pero ya no convence a la vecindad continental.
El desaforado Gustavo Torrico, diputado oficialista y cancerbero del grupo de choque y propaganda más violento de El Alto, asume defensa de la posición gubernamental. Dice que la decisión de Brasil – que él equipara a la de EEUU, España y Perú, de otorgar refugio a ex dignatarios de Estado – “viola las reglas de asilo político de la ACNUR” y asegura que “se da refugio a quienes escapan de la justicia boliviana”.
Esto suscita una interrogante en quienes vivimos en Bolivia: ¿a qué justicia se refiere el oficialismo, cuando mantiene en acefalía al Tribunal Constitucional y dilata la suspensión política del presidente de la Corte Suprema de Justicia; cuando tiene intervenida la Contraloría General de la República y mantiene bajo amenaza de enjuiciamiento al Fiscal General de la Nación?
Es de un cinismo sin precedentes acusar a alguien de “huir de la justicia” en un país donde se induce a renunciar a magistrados, deliberadamente se mantiene el vacío de control de constitucionalidad y se tiene intervenidas las entidades autárquicas de regulación, mientras grupos irregulares - como el de Gustavo Torrico - reprimen la disidencia y se corrompe a jueces y fiscales locales para buscar la inhabilitación de los candidatos opositores.
El caso del ex prefecto Reyes Villa es emblemático: 14 requerimientos de enjuiciamiento en lo que va del año (cuatro ya desestimados por el Ministerio Público) desde que hizo pública su intención de ser candidato a la Presidencia de Bolivia.
Hábilmente el gobierno de Morales trata de meter en la misma bolsa la decisión de Washington y la de Planalto. Siempre se puede cuestionar e ideologizar la decisión de EEUU de conceder asilo a Sánchez de Lozada, que enfrenta un juicio por genocidio, o disfrazar de “solidaridad” con los sectores movilizados en el Perú el desasosiego de Evo, plasmado en incitación a la subversión.
Pero el gobierno socialista del Partido de los Trabajadores de Brasil se convierte en el segundo del continente (antes fue el gobierno de Alan García) y el segundo régimen socialista (el gobierno de Rodríguez Zapatero de España fue el primero), que concede estatus de refugiados políticos a compatriotas huidos del país tras hechos de violencia política generados por el gobernante MAS.
Esta es una contundente primera señal objetiva de que el tan especulado “cambio de percepción” sobre la salud de la democracia en Bolivia se ha concretado.
Que en Bolivia ya no hay garantías fundamentales ni condiciones para una administración de justicia imparcial no es más un “argumento de opositores”, sino el criterio de gobiernos vecinos y amigos que han empezado a ver la realidad de Bolivia por encima de la cortina de propaganda de la “integración bolivariana”.
En la actual coyuntura hay dos condicionantes que, de manera ineludible, todo actor político debe considerar al momento de asumir la decisión de entrar en carrera electoral: a) No hay tribunal del que se pueda esperar justicia en tiempo de elecciones y b) no hay encuesta que se haga pública si no es en interés de quién la paga.
El retorno al país del ex prefecto Reyes Villa no le fue grato ni al oficialismo ni a su deteriorada oposición. Lo tenía claro Manfred antes de decidir postular a la Presidencia de la República y por eso no lo sorprendió el bombardeo de acusaciones judiciales buscando su inhabilitación, ni la batería de encuestas que intentaron disuadirlo de su candidatura.
Jugar con jueces adversos y con el apuntador del score en contra; asumir que la judicialización de la política y la disuasión estadística serían condiciones permanentes de esta campaña fue una decisión de fondo.
La primera de esas condiciones, el capítulo de la judicialización, entró en su fase crítica con la salida frenética de la ministra Nardi Suxo, a insistir en sus fallidas acusaciones contra Manfred y a ratificar esa falta de manejo técnico-jurídico que la llevó al absurdo de amenazar con juicio por prevaricato a la cabeza del Ministerio Público.
Tras rechazar la Fiscalía General – por tercera vez – un requerimiento oficialista de Juicio de Responsabilidades contra Manfred, ahora se apuesta a despojarlo de su fuero de ex autoridad y encausarlo en jurisdicción distrital, donde resulte más fácil presionar a los fiscales locales que el MAS cree más vulnerables debido a su públicamente denunciada improbidad(Cf. Opinión, 24/05/2009: Pág. 14A).
Primera conclusión: No hay juicio a un candidato en tiempo de elecciones que no guarde intención de inhabilitación política y/o de deslegitimación.
La segunda condición, el capítulo de la disuasión estadística, está pendiente. Hay en ciernes una batería de consultas de opinión política dirigidas a instalar en los medios una lectura de las perspectivas de los actores, conveniente a la sociedad entre el régimen leninista-sindical del MAS y la funcional partidocracia de derecha.
Su objetivo: consolidar la percepción de que, si bien los bolivianos se oponen a la reelección de Evo, este descontento aun no tiene candidato; y que ese candidato sólo podría ser uno de los agentes funcionales al stablishment favorecido por ese mecanismo de consagración de las verdades oficiales llamado estadística.
El posmarxista gascón Pierre Bourdieu, a quién García Linera citaba con frecuencia en su época de intelectual anti-hegemónico, aportó al análisis político un par de nociones drásticas sobre las encuestas: “las problemáticas que fabrican los institutos de opinión están subordinadas a una demanda de un tipo particular”; “la encuesta de opinión, en el estado actual, es un instrumento de acción política”; y, finalmente, “la opinión pública es un simple y puro artefacto cuya función es disimular que el estado de la opinión en un momento dado es un sistema de fuerzas, de tensiones, y que no hay nada más inadecuado para representar el estado de la opinión que un porcentaje” (Cf. Bourdieu: Istmo, 2000. Pág. 220-223).
Segunda conclusión: No hay encuesta que establezca una correlación de fuerzas distinta a la que conviene al stablishment.
Que la judicialización y las encuestas son mecanismos de legitimación de la impostura que escenifican Evo Morales y su oposición funcional es un hecho. Pero que en Bolivia todavía hay mediaciones que prevalecen sobre los medios y los mecanismos dóxicos, es una realidad aun mayor.
Por eso, cuando dude de los fallos de los jueces y de las cifras de las encuestas, vuelque su mirada a las calles. Este año la decisión electoral se construirá en la memoria corta de los perceptores, a partir de su experiencia en desarrollo y su percepción sobre la capacidad de los candidatos.
Más allá de eso, las sentencias judiciales y las encuestas de intención de voto tendrán cualquier efecto, excepto inhabilitar la opción de los bolivianos por un cambio positivo; por una vuelta al sentido original de la política como instrumento para construir el bien común.
En un estado históricamente híper presidencialista, las universidades públicas, las prefecturas, las municipalidades, fueron reductos naturales de la democracia. La autocracia sometió esos reductos, pero otros surgieron. La consistencia ideológica, el confinamiento, el exilio, son nuestros nuevos reductos. Desde ahí resistimos, urdimos, aguardamos, la hora de dar de nuevo batalla, el tiempo de recuperar la democracia.
