Tras el mermado resultado del referéndum constitucional a favor de la aprobación del proyecto constitucional del MAS, Evo Morales parece haberse hecho consciente del significativo costo político que tuvo socapar las pillerías de sus oprobiosos capitanes y no parece dispuesto a sostener de nuevo a otro de sus hombres de confianza envuelto en corrupción a tan poco de nuevos comicios generales.
Cayó Santos Ramírez de la gracia del Palacio Quemado, pero no por la vocación incorruptible de Evo, sino porque llegó ese inevitable momento en que hay que elegir entre la autopreservación y las lealtades; ese momento donde todos se vuelven prescindibles en función de hacer prevalecer el “bien mayor”.
Y es que la caída sostenida del apoyo a su gestión en todo el país (la última encuesta Ipsos-Apoyo le da el porcentaje más bajo desde enero del 2007), entraña una lección particular que Pando le ha enseñado al Presidente: las lealtades partidarias y el respaldo orgánico pueden garantizar cohesión interna, pero cobran elevada factura electoral.
Encubrir contra toda lógica y evidencia al ministro de la Presidencia, Juan Ramón Quintana, principal implicado en el escándalo de contrabando millonario de 33 camiones, le significó a Evo perder el referéndum en una región que había sido intervenida con el único propósito de consolidarla electoralmente. En los hechos, una de las razones de la caída de popularidad de Evo entre agosto del 2008 y enero del 2009 es factura de las operaciones de Quintana en Pando.
Evo aprendió la lección. Preservar en la Presidencia de YPFB a Santos Ramírez, sobreseyendo el volteo y asesinato del empresario tarijeño O’Connor D’arlach, anticipaba que el gobierno de Morales debería volver a la desgastada estrategia de la “negación total” e impondría tender una cortina de humo sin precedentes, sin garantía de pasar el mal rato. Otra factura elevada que esta vez Morales no pagaría.
No es moco de pavo —Llobet dixit—; dejar marchar a Santos no es tan fácil como quemar un fusible. Más allá de que Ramírez es uno de los “históricos” del MAS, dirigente emblemático en el partido de Morales y hombre de confianza del presidente, su destitución implica aceptar implícitamente que la nacionalización, uno de los pilares que sostienen esta gestión, es apenas un dispositivo semántico para encubrir la burda estrategia de enriquecimiento de la nueva élite política que propugna el “proceso de cambio”.
Álvaro García Linera nos dijo en el 2006 que “la Jauja de los oprobiosos se había terminado”. Nos mintió. Porque el verdadero alcance del término oprobio sólo podemos decir que lo conocimos después de tres presidencias del MAS en la estatal petrolera y dos “generales patriotas” —Evo dixit— en la Aduana Nacional; porque sólo después del paso por YPFB de Jorge Alvarado, Manuel Morales y Santos Ramírez, tres clanes masistas de la mayor confianza del presidente Morales, sabemos qué es la corrupción.
No Vicepresidente, si la Jauja de los oprobiosos recién empezó con la “nacionalización”, instrumento de potenciamiento económico de las nuevas élites aymaras que se gestan en el vientre de su “capitalismo andino”.
