Para una autocracia populista en control pleno de la economía, la política y lo social, los procesos electorales no son más ese “mecanismo periódico de evaluación cuantitativa de fuerzas políticas en pugna” (PRADA: 05/02/14), ya no son ese rito de recaptura del Estado de la democracia burguesa, sino un dispositivo de reordenamiento endógeno y de resolución de su crisis de legitimidad interna.Control institucional casi absoluto, sin separación de poderes o contrapesos; un Ejecutivo que controla aun gobiernos autónomos y autarquías reguladoras – incluido el órgano electoral; una oposición política proscrita – en última instancia exiliada o recluida – y, además, un impacto del boom de la coca en la microeconomía que genera estabilidad social en los sectores populares. Eso es hegemonía de Estado.
El problema de la hegemonía institucional es que su poder nulificador no opera sobre las leyes de la dialéctica y que la lucha por el poder, motor de la historia, va a suscitarse en el campo político a desdén de si la estructura dominante eliminó toda alternativa formal o de si incluso anuló toda condición objetiva de alternabilidad. Eso es crisis de legitimidad interna.
La hegemonía genera dialéctica, pugna por el poder al interior de la estructura dominante. Esa es la caracterización del proceso de dispersión de fuerzas que se suscita al interior del régimen cocalero, desde el ocaso del primer gobierno de Evo Morales, en 2009, y cuatro son los niveles visibles de desmarque que su administración sufrió en ese periodo.
La primera ruptura política fue la de las fuerzas políticas afines coaligadas a su primer gobierno. Es el caso del centroderechista Movimiento Sin Miedo, que viendo amenazada su identidad política y su reducto territorial de la ciudad Sede de Gobierno, abandonó la alianza, precipitando el fin del mito del MAS como articulador de la denominada “nueva izquierda” y perforando el espejismo del “control territorial total” del MAS en occidente.
La segunda ruptura fue con la intelectualidad “verde” ligada a las organizaciones indígenas originarias y ONG’s ambientalistas que financiaron la llegada al poder del MAS. La más dolorosa debió ser la deserción de La Comuna, colectivo del vicepresidente García Linera, que puso en evidencia la ruptura entre el gobierno, su intelectualidad elaboradora de historicidad y las organizaciones de base que sustentaban ante la comunidad internacional el discurso de “un gobierno indígena”.
La tercera escisión fue la de parlamentarios electos bajo la sigla del partido gobernante, denunciando que “Evo abandonó el proceso de cambio”. Esta ruptura al interior del MAS no sólo dañó la pretendida “disciplina partidaria draconiana” tras la voluntad del caudillo, sino además precipitó la percepción de “aislamiento” y pérdida de legitimidad del politburó cocalero dentro su partido.
El cuarto quiebre, el más nocivo de la crisis, surgió al interior del Ejecutivo, entre los grupos de poder en pugna por sustituir a la “línea dura” del gobierno. Este foco es el verdadero origen de la insubordinación de sectores como el cooperativismo minero o la COB y de las revelaciones sucias que hacen tambalear al Ejecutivo. Sus operadores son actores intermedios, viceministros, “zares” y fiscales, traicionados y entregados como cabezas de turco para preservar al gobierno del costo político por cinco anos de operaciones de terrorismo de estado en contra de la oposición.
Esa red de infidencias rompió el blindaje que por años impermeabilizó de los escándalos de corrupción la imagen y la percepción del binomio presidencial, dando fin a la marca publicitaria de “un régimen incorruptible y transparente”.
Esta acumulación de desgaste impide a Evo precipitar una crisis de gabinete y le obliga a sellar fisuras convocando a nuevos comicios. La hegemonía institucional le permite anticipar su reedición; le da oportunidad de patear el tablero del poder y reordenar sus fichas con la certeza de que su control de lo jurídico y lo electoral le permiten controlar el proceso y sus resultados.
Pero estos comicios no sólo darán a Morales oportunidad de rearmar el Ejecutivo, sino además de barrer con la disidencia dentro su partido y despojar de representación a sus “rebeldes” en el Legislativo, usando las candidaturas para re-nuclear a sus sindicatos disidentes y potenciar líderes afines dentro de sectores desmarcados de su gobierno a cambio de la vieja moneda de espacios en el Legislativo.
Semanas atrás el disidente del MAS Raúl Prada cuestionaba “¿Qué sentido tienen las elecciones cuando la revolución se ha institucionalizado y cuando la propia oposición ha aceptado su papel subsidiario y sin perspectiva de poder?” (BOLPRESS: 05/02/14). Me apresuro a responder: su sentido es redibujar el mapa del poder al interior de la estructura hegemónica en crisis interna; redistribuir cuotas de poder, castigar a los rebeldes despojándolos de representación y re-domesticar a la disidencia interna condicionando a sus organizaciones y sindicatos con curules.
En suma, asimilar y dispersar la “potencia social” que en los últimos años cultivaron sus errores politicos.
A una hegemonía que no necesita preocuparse por contrapesos o alternabilidad, no le queda ya poder por conquistar o disputar con oposición alguna. Los comicios se transforman entonces en velados ajustes de cuentas entre inquilinos del poder.
