Erick Fajardo Pozo
En la actual coyuntura hay dos condicionantes que, de manera ineludible, todo actor político debe considerar al momento de asumir la decisión de entrar en carrera electoral: a) No hay tribunal del que se pueda esperar justicia en tiempo de elecciones y b) no hay encuesta que se haga pública si no es en interés de quién la paga.
El retorno al país del ex prefecto Reyes Villa no le fue grato ni al oficialismo ni a su deteriorada oposición. Lo tenía claro Manfred antes de decidir postular a la Presidencia de la República y por eso no lo sorprendió el bombardeo de acusaciones judiciales buscando su inhabilitación, ni la batería de encuestas que intentaron disuadirlo de su candidatura.
Jugar con jueces adversos y con el apuntador del score en contra; asumir que la judicialización de la política y la disuasión estadística serían condiciones permanentes de esta campaña fue una decisión de fondo.
La primera de esas condiciones, el capítulo de la judicialización, entró en su fase crítica con la salida frenética de la ministra Nardi Suxo, a insistir en sus fallidas acusaciones contra Manfred y a ratificar esa falta de manejo técnico-jurídico que la llevó al absurdo de amenazar con juicio por prevaricato a la cabeza del Ministerio Público.
Tras rechazar la Fiscalía General – por tercera vez – un requerimiento oficialista de Juicio de Responsabilidades contra Manfred, ahora se apuesta a despojarlo de su fuero de ex autoridad y encausarlo en jurisdicción distrital, donde resulte más fácil presionar a los fiscales locales que el MAS cree más vulnerables debido a su públicamente denunciada improbidad (Cf. Opinión, 24/05/2009: Pág. 14A).
Primera conclusión: No hay juicio a un candidato en tiempo de elecciones que no guarde intención de inhabilitación política y/o de deslegitimación.
La segunda condición, el capítulo de la disuasión estadística, está pendiente. Hay en ciernes una batería de consultas de opinión política dirigidas a instalar en los medios una lectura de las perspectivas de los actores, conveniente a la sociedad entre el régimen leninista-sindical del MAS y la funcional partidocracia de derecha.
Su objetivo: consolidar la percepción de que, si bien los bolivianos se oponen a la reelección de Evo, este descontento aun no tiene candidato; y que ese candidato sólo podría ser uno de los agentes funcionales al stablishment favorecido por ese mecanismo de consagración de las verdades oficiales llamado estadística.
El posmarxista gascón Pierre Bourdieu, a quién García Linera citaba con frecuencia en su época de intelectual anti-hegemónico, aportó al análisis político un par de nociones drásticas sobre las encuestas: “las problemáticas que fabrican los institutos de opinión están subordinadas a una demanda de un tipo particular”; “la encuesta de opinión, en el estado actual, es un instrumento de acción política”; y, finalmente, “la opinión pública es un simple y puro artefacto cuya función es disimular que el estado de la opinión en un momento dado es un sistema de fuerzas, de tensiones, y que no hay nada más inadecuado para representar el estado de la opinión que un porcentaje” (Cf. Bourdieu: Istmo, 2000. Pág. 220-223).
Segunda conclusión: No hay encuesta que establezca una correlación de fuerzas distinta a la que conviene al stablishment.
Que la judicialización y las encuestas son mecanismos de legitimación de la impostura que escenifican Evo Morales y su oposición funcional es un hecho. Pero que en Bolivia todavía hay mediaciones que prevalecen sobre los medios y los mecanismos dóxicos, es una realidad aun mayor.
Por eso, cuando dude de los fallos de los jueces y de las cifras de las encuestas, vuelque su mirada a las calles. Este año la decisión electoral se construirá en la memoria corta de los perceptores, a partir de su experiencia en desarrollo y su percepción sobre la capacidad de los candidatos.
Más allá de eso, las sentencias judiciales y las encuestas de intención de voto tendrán cualquier efecto, excepto inhabilitar la opción de los bolivianos por un cambio positivo; por una vuelta al sentido original de la política como instrumento para construir el bien común.
