Erick Fajardo Pozo
Misicuni es una conquista del movimiento cívico cochabambino; quizá la mayor victoria de la institucionalidad regional autónoma y descentralizada sobre el centralismo de ayer y hoy. Debido a la impostura que en días pasados se prestó a protagonizar el presidente Morales, reclamando el crédito por un proyecto que su gobierno quiso cercenar y se desentendió de financiar, estamos obligados a reivindicarlo.
La impostura de este régimen no es novedad. Lo sorprendente es que Evo pretenda iniciar su campaña electoral en Cochabamba, arrogándose la autoría de Misicuni, cual si fuese una concesión graciosa de su gobierno o resultado de ese fracaso llamado “gestión social del agua”, cuando en realidad es criatura de su antítesis política: la gestión descentralizada del desarrollo.
Sin duda se busca alterar la memoria corta de Cochabamba y reordenar los eventos suplantando el hecho histórico – la gestión cívico/institucional de Misicuni a contrapelo de los últimos cinco gobiernos nacionales – por el mito sindical de abril de 2000, detrás del cual la gente de García Linera medró de la cooperación internacional y sepultó a SEMAPA.
Misicuni, una demanda que existió en estado natural por más de medio siglo, cobró su jerarquía de objetivo estratégico regional con la consolidación del municipalismo y del movimiento cívico cochabambino a principios de 1990. La participación popular y la descentralización administrativa, políticas planteadas electoralmente y sin convicción por el gonismo, empoderaron a las regiones consolidando su identidad, sus mecanismos de gestión y su capacidad de presión sobre el Estado central.
Fue el Gobierno Municipal, entre 1993 y 1997, que logró organizar al movimiento cívico y garantizar la construcción de Misicuni, que pretendía sustituirse por Corani durante la primera presidencia de Sánchez de Lozada. Manfred alcalde financió los cinco y medio millones de dólares que permitieron arrancar el proyecto y su actuación en el directorio de Misicuni garantizó la construcción del túnel de trasvase de 21 kilómetros.
En 2000, el sindicalismo cocalero y el “tutismo” hallaron un interés común en la desestabilización de Banzer y concretaron su primera alianza tácita en la “guerra del agua”, proceso que no llegó a derrocar al ex dictador ni representó avance alguno en la concreción de Misicuni pero si le redituó al sindicalismo la captura como botín de guerra de SEMAPA, institución que la ineficiencia de la “gestión social” y la avidez de insignes masistas llevaron entre 2001 y 2006 al descalabro actual.
Reencauzar en la vía institucional la gestión del proyecto múltiple tuvo que esperar hasta la democratización de los gobiernos prefecturales en 2006; un segundo momento de impulso para Misicuni. Manfred prefecto despertó una vez más al movimiento cívico para evitar que el centralismo redujera el tamaño de la represa hasta 85 metros, lo que habría cercenado el carácter múltiple del sueño cochabambino, al reducir la capacidad de embalse de la presa, liquidando los componentes riego agrícola y generación de electricidad.
Un año después, en 2007, mientras el presidente Morales dictaba dos decretos desentendiéndose de financiar el proyecto y transfiriendo sus obligaciones a Cochabamba, el Gobierno Prefectural entregó a Misicuni 16 millones de dólares de recursos propios para asegurar la construcción de la presa de 120 metros.
Ver concretarse Misicuni alegra a quienes sostenidamente apuntalaron el proyecto desde la institucionalidad cívica. Pero corresponde reivindicar que Misicuni no es concesión graciosa del gobierno nacional, ni resultado del violento proceso sindical de abril de 2000, sino fruto del aporte de la institucionalidad cochabambina que por dos décadas aportó con recursos, gestiones y movilizaciones ciudadanas a la concreción del proyecto.
Salvar la memoria colectiva cochabambina de este último intento de suplantación perpetrado por el régimen Morales, es tarea ineludible. Restituir los hechos y exponer los mitos sindicales en torno a Misicuni es reponer la historia de Cochabamba.
