El entorno del ex candidato presidencial Manfred Reyes Villa discrepa con el gobierno sobre la existencia de garantías jurídicas. Declaran “agotadas” las instancias de apelación de la justicia boliviana y sugieren llevar los juicios contra el ex Prefecto de Cochabamba y otros políticos de oposición acusados por el gobierno, al sistema de justicia interamericano.
Erick Fajardo, ex asesor de Reyes Villa, discrepó con la postura del viceministro de Coordinación Gubernamental Wilfredo Chávez sobre la existencia de garantías mínimas cuando el sistema de justicia ha sido “mutilado” por el poder político. Declaró “agotadas” las instancias de apelación en la justicia boliviana y aseguró que sólo queda trasladar las demandas del gobierno contra el líder de la oposición a la Corte Interamericana de Justicia.
Fajardo, que dijo desconocer el paradero del ex prefecto, reiteró que se él encuentra “a buen recaudo” y aseveró que es imposible encontrar justicia cuando se ha desmontado las estructuras del Poder Judicial desde el poder político.
El lunes el viceministro Chávez descartó la posibilidad de que Reyes Villa pudiera apelar a la justicia internacional para ser juzgado “sin presiones políticas”, como anunció en un comunicado público el líder de la fuerza opositora PPB-CN, y aseguró que antes de recurrir a tribunales internacionales, primero deberían agotarse las instancias de la justicia boliviana.
A esto Fajardo replicó que ya no existen más niveles de apelación o amparo en la justicia nacional, ya que el oficialismo se encargó de “defenestrar” al Tribunal Constitucional y la Corte Suprema de Justicia, además de haber anunciado que el oficialismo advirtió públicamente su intención de nombrar por decreto fiscales de distrito en enero de 2010.
“Ya no hay tribunales de garantías, ni una (Corte) Suprema donde apelar o ampararse; no existe un Tribunal Constitucional donde recurrir o incidentar inconstitucionalidades tales como que se encause a autoridades electas ante la justicia ordinaria, que el oficialismo anuncie estar de “cacería” contra el principal líder de la oposición o que sobrinos del ministro Quintana dicten órdenes de aprehensión en su contra”, dijo.
“Entonces, cuando no hay independencia de la justicia para garantizar el debido proceso y cuando las instancias de apelación la justicia boliviana están agotadas, corresponde recurrir a niveles supranacionales”, agregó.
"Además, el vicepresidente conminó a la Corte Suprema a no ejercer su atribución de suplir acefalías nombrando interinatos y el Ministerio de Transparencia ha anunciado que recomendó al presidente Morales nombrar a los nuevos fiscales de distrito desde el Poder Ejecutivo; esto – junto con la intervención de diputados oficialistas en entidades promotoras de procesos como la Contraloría General de la República – dicen que hay ausencia de condiciones para una justicia imparcial en el país”, denunció.
