Erick Fajardo Pozo
Garantizar la supervivencia de la democracia y su sistema de gobierno, la república, depende de saldar una deuda pendiente que los bolivianos contrajimos en agosto de 2008 y asumir una postura de impugnación a la desinstitucionalización que trascienda las poses electoralistas de corto plazo de cierto caudillismo en reciclaje.
No basta pronunciarse por el No a la aprobación de la Constitución del MAS, se impone asumir un principio de oposición a la funcionalización del sufragio y de rechazo a someter a consulta cualquier decisión política fundamental, en tanto los instrumentos electorales permanezcan capturados y administrados por el poder de turno.
Nos oponemos a la aprobación de la Constitución del MAS, no por los argumentos panfletarios que de manera oportunista esgrimen hoy esos mismos caudillos del centralismo que avalaron esta consulta, sino porque entendemos que la verdadera amenaza que entraña este proyecto es la constitucionalización de una inédita prerrogativa presidencial (inscrita en el art. 411) que le daría al sátrapa el poder de modificar periódicamente la Constitución.
Por eso, nuestra opción por el No es apenas un matiz de una oposición todavía más de fondo a esa funcionalización de los instrumentos de la democracia que en agosto de 2008 permitió al oficialismo fraguar el fraude del 67% y que el 25 de enero amenaza darle a Evo Morales un poder nunca antes visto: el de reescribir a capricho el orden constitucional, en tanto disponga de simple mayoría en el Congreso.
Nuestro No es el No a cualquier proceso administrado por una Corte Electoral parcializada hasta la incondicionalidad; a un Padrón Electoral contaminado por la carnetización fraudulenta; y a un “control” electoral sindical en las provincias que propicia el fraude comunitario. En resumen, estar por el No a la consulta del 25 de enero es apenas una consecuencia de la resistencia legal de Manfred al revocatorio; de nuestra oposición de principio a que se electoralice la definición del destino del país en tanto Evo tenga intervenido el mecanismo electoral y amordazado al guardián constitucional.
La Alianza de Unidad le viene reprochando a la partidocracia nacional y a la devaluada “oposición regional” el haber rendido la democracia el 10 de agosto de 2008, cuando accedieron a someter el destino de la autonomía al revocatorio en condiciones de inconstitucionalidad y ventaja fraudulenta para el gobierno, sentando el nefasto precedente para éste y cualquier futuro atropello a la democracia.
Y es que se ha enquistado en nuestra cultura democrática un peligroso dogmatismo electorero, disfrazado por el simplismo absurdo de que ir a las urnas dirime y resuelve la conflictividad. Bueno, en este momento de la historia, las urnas – intervenidas y controladas por el poder político – son el origen del problema y no la garantía de solución.
Experimentamos una especie de “síndrome de lemming” que nos empuja a un despeñadero electoralista. Nuestra tendencia a votar – esa que algunos sociólogos interpretan como síntoma de “vocación democrática” y a la que rinden culto cual si fuese indicador per se de una democracia saludable – nos hace buscar la solución a la crisis de Estado en las ánforas, cual si la actual institucionalidad electoral se encontrara administrada en independencia del poder político o fuese capaz de garantizar un resultado transparente.
La realidad es que las urnas son hoy un apéndice del totalitarismo y difícilmente podemos esperar de ellas un correlato de la voluntad popular, pues hoy por hoy los mecanismos electorales son parte de la “maquinaria del fraude” de Evo Morales.
Venir a darnos por enterados hasta ahora de que el Padrón Electoral se infló para el Revocatorio, que votaron “clones”, muertos y ausentes, sólo refuerza la conciencia de que los organismos electorales operaron la consulta de agosto respondiendo a presiones, tanto del oficialismo que la impuso contra el principio de constitucionalidad, como de una miope oposición a la que no le importó el costo histórico de empujar al país a las urnas del fraude en tanto el revocatorio disolviera la amenaza de la regionalización del poder.
Hay un cortoplacismo pernicioso del caudillismo centralista en atacar el síntoma pero no la enfermedad; hay una complicidad torpe en reducir la lucha contra este régimen a convocar al voto contra el proyecto constitucional sin advertir que, en tanto no logremos sanear los mecanismos electorales, el sentir de las mayorías será escamoteado una y otra vez por los “resultados oficiales” de procesos manipulados.
Empujar a Bolivia una vez más a buscar el reflejo de su voluntad en urnas cautivas y administradas por un órgano electoral sometido, es ayudar a Evo a sofocar y diluir el rechazo de las mayorías en la resignación dóxica ante los resultados amañados del andamiaje electorero oficialista.
