Erick Fajardo
Con la decisión del Gobierno de Brasil de brindar asilo político a la cívica pandina Ana Melena y un centenar de ciudadanos bolivianos, huidos tras los hechos de violencia que terminaron con una decena de muertos y el confinamiento político del Prefecto de Pando en septiembre de 2008, se consolida la percepción internacional de ausencia de garantías constitucionales y respeto a los derechos humanos en Bolivia.
La reacción del régimen Morales reincide en un autismo discursivo que ya no impresiona a la comunidad internacional. Repetir el credo de “revolución en democracia” contra la constatación empírica de estar bajo un régimen carcelario y represivo, puede funcionar con la base dura del MAS (cautiva del cerco de propaganda del canal estatal y la red radial “comunitaria”) pero ya no convence a la vecindad continental.
El desaforado Gustavo Torrico, diputado oficialista y cancerbero del grupo de choque y propaganda más violento de El Alto, asume defensa de la posición gubernamental. Dice que la decisión de Brasil – que él equipara a la de EEUU, España y Perú, de otorgar refugio a ex dignatarios de Estado – “viola las reglas de asilo político de la ACNUR” y asegura que “se da refugio a quienes escapan de la justicia boliviana”.
Esto suscita una interrogante en quienes vivimos en Bolivia: ¿a qué justicia se refiere el oficialismo, cuando mantiene en acefalía al Tribunal Constitucional y dilata la suspensión política del presidente de la Corte Suprema de Justicia; cuando tiene intervenida la Contraloría General de la República y mantiene bajo amenaza de enjuiciamiento al Fiscal General de la Nación?
Es de un cinismo sin precedentes acusar a alguien de “huir de la justicia” en un país donde se induce a renunciar a magistrados, deliberadamente se mantiene el vacío de control de constitucionalidad y se tiene intervenidas las entidades autárquicas de regulación, mientras grupos irregulares - como el de Gustavo Torrico - reprimen la disidencia y se corrompe a jueces y fiscales locales para buscar la inhabilitación de los candidatos opositores.
El caso del ex prefecto Reyes Villa es emblemático: 14 requerimientos de enjuiciamiento en lo que va del año (cuatro ya desestimados por el Ministerio Público) desde que hizo pública su intención de ser candidato a la Presidencia de Bolivia.
Hábilmente el gobierno de Morales trata de meter en la misma bolsa la decisión de Washington y la de Planalto. Siempre se puede cuestionar e ideologizar la decisión de EEUU de conceder asilo a Sánchez de Lozada, que enfrenta un juicio por genocidio, o disfrazar de “solidaridad” con los sectores movilizados en el Perú el desasosiego de Evo, plasmado en incitación a la subversión.
Pero el gobierno socialista del Partido de los Trabajadores de Brasil se convierte en el segundo del continente (antes fue el gobierno de Alan García) y el segundo régimen socialista (el gobierno de Rodríguez Zapatero de España fue el primero), que concede estatus de refugiados políticos a compatriotas huidos del país tras hechos de violencia política generados por el gobernante MAS.
Esta es una contundente primera señal objetiva de que el tan especulado “cambio de percepción” sobre la salud de la democracia en Bolivia se ha concretado.
Que en Bolivia ya no hay garantías fundamentales ni condiciones para una administración de justicia imparcial no es más un “argumento de opositores”, sino el criterio de gobiernos vecinos y amigos que han empezado a ver la realidad de Bolivia por encima de la cortina de propaganda de la “integración bolivariana”.
